Sobre las declaraciones de Juan Ignacio Zoido y el Plan de Acción sobre Migración de la Comisión Europea

El pasado día 4 de julio nos llegaba la noticia de la desaparición de 49 personas que trataban de llegar desde Marruecos a costas españolas, en una patera localizada a 50 kilómetros de la isla de Alborán.  Estas muertes se suman a las ya más de 2.500 que según la Organización Internacional para las Migraciones se han contabilizado en el Mediterráneo.

Ese mismo día, la Comisión Europea presentaba el Plan de Acción sobre Migración en el Mediterráneo Central, cuyas medidas están principalmente centradas en la externalización de las fronteras a través de la cooperación con países no seguros como Libia,  Níger o Mali, y en el proceso de retornos contemplando la aplicación de procedimientos de devolución urgentes desde Italia. Se proponía además, en el mismo documento, la adopción de un “código de conducta” por parte de las ONG que actúan en el Mediterráneo salvando vidas, criminalizando así a dichas organizaciones, vinculándolas en ocasiones y sin prueba alguna a mafias de tráfico de personas, y poniéndolas bajo control de las guardias costeras de Italia y Libia, que podrían restringir su capacidad de actuación y salvamento.

En el consejo informal de ministros del Interior de la Unión Europea en Tallin, que tuvo lugar el día 6 de julio, también el ministro Juan Ignacio Zoido acusó a las ONG que realizan labores de rescate de favorecer la inmigración irregular: “Hay que concienciar a las ONG de que se está para ayudar y no se está para favorecer o potenciar la inmigración irregular, cuando esa inmigración irregular está dando lugar a que corra peligro en el Mediterráneo, como está sucediendo con demasiada frecuencia”, declara el ministro después de darse a conocer la creación del mencionado “código de conducta” para las ONG, impulsado por los gobiernos de Italia y Libia que consideran que la movilización de barcos por parte de estas organizaciones  generan un “efecto llamada”.

Acción en Red se suma a la condena de estas declaraciones y reclamamos urgentemente el cese de unas políticas migratorias que han demostrado estos último años ser ineficaces, que provocan muertes y vulneran los DDHH. Denunciamos tajantemente esta criminalización de las organizaciones no gubernamentales que salvan vidas en el Mediterráneo, uno de los pocos actores con un papel activo a la hora de evitar más muertes y que están realizando el trabajo que tendrían que llevar a cabo los estados.

La política migratoria europea no puede centrarse en la utilización de países de origen y tránsito para la expulsión de personas a sus países de origen poniendo sus vidas en peligro, ni en sellar rutas para evitar que estos movimientos de población se sigan produciendo, porque no son medidas ni efectivas, ni humanitarias. Por ello insistimos en que es urgente y necesario la puesta en marcha de vías legales y seguras y un cambio de enfoque de las políticas migratorias que priorice la vida de las personas y no la defensa y seguridad de las fronteras.

 

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