Participa… que algo queda. La participación social en tiempos de pandemia

Al igual que otros términos de los que se ha apropiado la derecha para pervertirlos y trivializarlos en su interés, como “libertad”, la “participación ciudadana” también ha sido utilizada a su favor, sin dar importancia a lo que la gente necesita y aporta en favor del bien común. Más bien es un intento de demostrar a la opinión pública que lo tienen en cuenta, pero dejando el tema en “papel mojado” o en la pura abstracción.

La participación ciudadana es uno de los pilares en los que se asienta la democracia y un derecho reconocido en nuestra Constitución y en el propio Reglamento del Ayuntamiento de Madrid, que recoge: “La participación ciudadana es un requisito de buen gobierno democrático, y lo es en mayor medida en los gobiernos locales de las grandes ciudades, pues es en éstas donde existe un mayor riesgo de distanciamiento entre la ciudadanía y los gobernantes…”. Sin embargo, la participación social o comunitaria aún queda como un concepto propio de los colectivos más progresistas, sobre todo, en lo que se refiere a su praxis.

La siembra del 15M

Tenemos en Madrid ejemplos aún cercanos, como el 15 de mayo de 2011. El movimiento indignado de multitudes, que se concentró en la puerta del Sol, fue un despertar de distintas generaciones ante unos poderes económicos y políticos que dejaban a la gente sin presente ni futuro. A partir de ese día, surgieron movilizaciones en otras ciudades y países que pedían una sociedad mejor. En la organización del 15M el protagonismo era, sobre todo, de los jóvenes y no había jerarquías. Sí había unas “ideas fuerza” pidiendo más participación, menos corrupción y más democracia (o una mejor democracia). El movimiento se organizaba como una red (nodos de interconexión). De ahí partieron las asambleas en barrios y pueblos, las luchas antidesahucio, las mareas por la sanidad y la educación.

El 15M en la Puerta del Sol de Madrid.

Esta realidad tuvo, como en otros casos, su efecto “souflé” y fue desinflándose en su intensidad, aunque quedaron unos gérmenes de pensamiento colectivo más crítico y de una democracia más participativa y menos confiada en políticas representativas surgidas de una élite dirigente. No obstante, surgió la dificultad de poder cambiar las políticas desde fuera y se planteó la posibilidad de acercar la lucha a unas instituciones larvadas de inmovilismo, corrupción y alejadas de la gente de a pie.

De esos gérmenes surgieron Podemos y las confluencias municipalistas para las elecciones de 2015. Muchas personas tuvimos un despertar ilusionante del sueño de gobiernos de izquierda. Fue el éxito de los llamados “gobiernos del cambio”: Madrid, Barcelona, A Coruña, Valencia, Zaragoza, Cádiz… Se tenía la premisa de gobernar con la gente, bajarse a la calle y conversar con vecinas y vecinos, conocer qué quieren y qué pueden aportar.

En Madrid renació la ilusión del 15M y la esperanza de un cambio en las instituciones, con la idea un tanto inocente de acercar lo municipal, lo vecinal y lo social. Ahora Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza y con las contradicciones propias de una experiencia instrumental, hizo un gran trabajo en lo que a participación se refiere.

Ahora Madrid y la participación

“Decide Madrid” y “Presupuestos Participativos” fueron iniciativas importantes en cuanto a inclusividad y a recoger las inquietudes de personas que no conocían los procedimientos para participar y se les ofreció las herramientas adecuadas. Fueron experiencias con un reconocimiento internacional.

Sustituyendo a la “antigualla” de los Consejos Territoriales, a los que solo acudían un número escaso de representantes de asociaciones y los partidos políticos tenían capacidad de veto, los Foros Locales han supuesto una iniciativa importante en cuanto a participación vecinal. Una experiencia de cooperación y de compartir ideas y espacios de muchas personas alejadas de la política práctica. Han venido a recuperar la idea de la “demos” griega, de reunirse en el foro o plaza pública para decidir la política. Aún con algún hándicap, como el carácter no vinculante de las propuestas planteadas, la falta de competencias de las Juntas Municipales y un presupuesto escaso, han sido, y siguen siendo, una oportunidad de desarrollar la capacidad de trabajo colectivo para muchas vecinas y vecinos. Si bien es cierto que ha habido poco tiempo para consolidarlos y que habría que mejorar algunos aspectos.

Por el contrario, los Consejos de Proximidad que pretende introducir este gobierno municipal madrileño son, precisamente, lo más alejado de lo próximo, ya que las Mesas a crear están ya decididas de antemano según las áreas de gobierno del ayuntamiento y “controladas” políticamente por miembros de los grupos políticos del gobierno municipal. Además de no poder presentarse temas de carácter urgente y la frecuencia y número de participantes queda recortada.

Municipalismo

El municipalismo da valor al bienestar comunitario, pero también al personal. Es una política de lo cotidiano, de la cercanía con los problemas de la gente. En 2018, en Barcelona, tuvo lugar un encuentro de representantes de las llamadas “Ciudades del Bien Común” de nuestro país, con el respaldo de experiencias de otros países. En este encuentro se intentaron poner las bases de un municipalismo o “política de lo cercano”, lo que supone el derecho a modificar la ciudad para que sea más habitable.

Para muchos colectivos lo urbano se convierte en caballo de batalla contra políticas neoliberales, que conciben la ciudad como un trayecto entre zonas comerciales y con pocos espacios para paseantes. Es una lucha por desechar la mixofobia (Z. Baumann), ese miedo a lo diverso, a la mezcla de distintas gentes, un miedo que lleva a gobiernos conservadores a restringir derechos en pro de una mayor seguridad (Ley Mordaza) y a la protección contra amenazas de “radicales” y extranjeros no “legales”.

En las ciudades “del bien común” se gestiona la mixofilia (Z. Baumann), lo contrario al concepto mixofóbico, una generación de relaciones de proximidad con un carácter transformador. Se crean espacios de encuentro y acogida para gente diversa; más centros sociales y culturales autogestionados; espacios vecinales; red de huertos urbanos; opciones flexibles para proyectos de cooperativismo, autogestión o cogestión.

Ahora mismo hay un reto pendiente en este sentido, pues los “gobiernos del cambio” ya no están gobernando en casi ninguna de las ciudades citadas, pero el trabajo debemos seguir haciéndolo todas las personas que nos consideramos de izquierdas.

Pandemia y participación

El virus ha puesto la salud pública en el centro de atención de toda la ciudadanía y en la agenda política. Esto supone que los cuidados deben estar en primer plano: personas mayores alejadas de sus familias; la alimentación; los problemas de vivienda; la educación; la movilidad. Supone también, que los gobernantes locales deben volcarse en atender las necesidades de una población vulnerable y abatida; pero resulta que es el tejido social y vecinal, organizado antes de la pandemia, el que ha tenido que enfrentarse a estas vicisitudes.

Nuestro ejemplo cercano en Madrid, donde, a pesar de las dificultades, la ciudadanía se empezó a organizar para salir adelante y dar cobertura a las necesidades nuevas, que no se suplían por las instituciones. Así tuvimos, como ejemplos, mascarillas confeccionadas por distintos colectivos y personas, la iniciativa de impresoras 3D para fabricar EPI para centros hospitalarios, la recogida y reparto de alimentos por asociaciones vecinales y espacios autogestionados, el apoyo entre vecinas y vecinos…

Vecinos esperando su turno en las llamadas «colas del hambre» barrio de Aluche (Madrid)

Las llamadas “colas del hambre” han sido portada, por desgracia, de muchos medios de comunicación. De forma paradójica, este término se ha utilizado también por esos gobernantes que no solucionan los problemas reales y acuden a “hacerse la foto”, haciendo un paripé de entrega, que es mentira y que pretende ganar votos entre su gente. Han sido vecinas y vecinos quienes se han movilizado desde el comienzo del estado de alarma. La organización tanto para conseguir alimentos y productos de primera necesidad, como para el reparto, ha sido admirable. Entidades que se dedicaban a actividades culturales, educativas, deportivas, las cambian para convertirse en despensas solidarias. No podemos olvidar esas colas interminables en Aluche de personas procedentes, incluso, de otros barrios, abandonadas por la administración pública.

Zancadillas a la participación

El nuevo ejecutivo municipal en Madrid ha puesto todo tipo de trabas a la participación ciudadana desde su entrada en el ayuntamiento en 2019, aunque, en algunos casos, lo haya edulcorado. En otros, algunas iniciativas del gobierno de Ahora Madrid las han disfrazado para que parezcan propias (ejemplo de “Decide Madrid”, que al parecer no les molesta porque no hay participación directa) o las han desechado directamente.

Esas iniciativas, que han dado en llamar los “chiringuitos” o clientelismo de Manuela Carmena, PP, C´s y Vox se lanzaron a desmontarlos rápidamente. He ahí los casos de La Gasolinera (un centro cogestionado entre colectivos del barrio de Salamanca y la Junta Municipal de Distrito); la Casa de la Cultura de Chamberí (donde confluían distintos colectivos sociales del barrio); “El Palomar”, en las Tablas; “La Ingobernable” (espacio cedido a una Fundación privada); Eva ( un referente participativo en Arganzuela para muchas personas y donde se repartían alimentos últimamente)…Y todos los que están amenazados en estos momentos.

Otra zancadilla puesta por el equipo de gobierno madrileño a las organizaciones vecinales, con el fin de que se pudieran aprobar los presupuestos, es la exigencia de Vox de adelgazar las ayudas a estas entidades, entre ellas la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).

Y una medida llamativa, la eliminación de 232 proyectos de presupuestos participativos, aprobados por la ciudadanía entre 2016 y 2019. Esta acción supone un mazazo más para la participación y una falta de respeto para las personas que se involucraron en este proceso.

Después ha venido la reforma de la Ordenanza de Colaboración Público-Social y el anuncio de la sustitución de los Foros Locales (FFLL) por unos Consejos de Proximidad que, como se comenta más arriba, son un duro golpe a la participación, hecho de forma alevosa gracias a los impedimentos presenciales que supone una pandemia que dura ya un año.

Paradojas y sinsentidos

Desde el comienzo de la pandemia, en la mayoría de los barrios madrileños se han organizado redes solidarias para cubrir las necesidades y demandas de ayuda de personas afectadas. Mientras que el ayuntamiento no las reconoce oficialmente y, además, se jacta de dar solución a todos los casos. Para congraciarse con sus socios de gobierno tiene un doble rasero, por un lado son “chiringuitos” y por otro la realidad les estalla en forma de precariedad sin atender.

Además de las actividades suspendidas por el actual ejecutivo madrileño, llevadas a cabo por organizaciones vecinales ya asentadas desde hace años, de las expulsiones de locales con cesión legal, de las múltiples trabas para la colaboración ciudadana, se da la paradoja en estos últimos tiempos de la derivación de los Servicios Sociales municipales a familias vulnerables para que sean atendidas por entidades vecinales. Ha habido más casos, pero el último ha sido hace unos días. La Asociación Vecinal de Aluche hacía público un documento en el que se dejaba constancia de esta realidad por el escrito del Ayuntamiento de Madrid: “dada su situación de severa exclusión social (…) valoren positivamente la inclusión de esta unidad familiar en su programa de reparto de alimentación y productos de primera necesidad».

Es una clara dejación de funciones de un ayuntamiento que dispone de presupuesto suficiente para atender a estas necesidades, pero también es el reflejo de unos gobernantes que están más interesados en llegar a sus votantes que en solucionar los problemas de la gente más necesitada. Es también el claro ejemplo de que “solo el pueblo salva al pueblo” y de lo imprescindible que es gobernar para y con todas las personas.

Los retos que se nos presentan

Algunos colectivos de personas que nos consideramos activistas, tenemos frentes abiertos de luchas por la consecución de sumar participación, aún a pesar de las dificultades que suponen virus, estados de alarma, desconexión o falta de lo presencial. Son nuevos retos en situaciones nuevas y difíciles, pero que no debemos obviar.

Hay que consolidar la participación ciudadana para conseguir políticas de gobernanza más democráticas. Mejorar la convivencia, inventando nuevas fórmulas para reducir la angustia y la tensión que producen el distanciamiento social y que éstas no deriven en más autoritarismo y restricciones de derechos.

Son momentos muy difíciles, con situaciones dramáticas de efectos económicos y sociales incalculables a corto plazo, que van desgastando y agotando. Aún así hay que hacer un esfuerzo de aunar fuerzas, de involucrar al mayor número de personas en el debate y toma de decisiones, olvidando sectarismos y “cainismos” tan propios de alguna izquierda. Crear comunidad con debates y decisiones sobre las formas de vida; sobre los espacios donde queremos vivir; sobre la convivencia con personas de aquí y con quienes llegan huyendo del horror; sobre la sostenibilidad del consumo y el cuidado del medio ambiente.

Flor Cabrera.

Activista Social.

11 de abril de 2021.

La retirada de los tejados de amianto en Orcasitas. Un premio a seis años de lucha.

Durante la segunda mitad del siglo pasado miles de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha abandonaron su lugar de origen, como hacen hoy africanos, sudamericanos y asiáticos, buscando en los alrededores del sur de Madrid, concretamente entre la carretera de Toledo y la de Andalucía lindando con lo que hoy es la M40, un lugar mejor donde hacer su vida. Como los terrenos eran de la terrateniente María Orcasitas y en el centro del barrio hay una Meseta, así se denominó la barriada. Se construyeron las chabolas, de noche, para que la guardia civil no las derribara por esa extraña ley que no permitía derribar moradas una vez construidas, pero sí permitía hacerlo en su proceso de construcción. Más tarde, hace ya 50 años, se construyó un local para la Asociación Vecinal que continúa funcionando a día de hoy, siempre a la cabeza de las reivindicaciones del barrio.

Obras de retirada del amianto en los tejados del barrio madrileño de Meseta de Orcasitas

Después de muchos años e innumerables luchas, los vecinos y vecinas conseguimos que se construyesen viviendas dignas. Siguiendo a la Asociación Vecinal y a un puñado de urbanistas comprometidos, elegimos hasta el color de los ladrillos de nuestras futuras casas. El estado franquista intentó, sin éxito debido al coraje vecinal, asentarnos en otro lugar más alejado del centro de Madrid. Finalmente conseguimos por una sentencia judicial quedarnos donde estaban nuestras casas, sentencia que obligaba a los poderes públicos a que impulsaran la construcción de los pisos en el mismo lugar en el que estaban las chabolas. De aquella jurisprudencia, que se desprende de la sentencia judicial favorable a los deseos vecinales, se beneficiaron otras personas que buscaban viviendas donde asentarse, incluso personas que buscaban su vivienda digna fuera de Madrid.

El IVIMA, que dirigió la construcción de nuestras casas, buscaba los materiales de construcción más baratos, entre ellos el amianto, o fibrocemento, aunque ya por aquel entonces se conocía que su uso era perjudicial para la salud; pero ya se sabe que lo fundamental en este sistema económico es obtener el máximo beneficio.

Con el amianto se hizo el cerramiento de los tejados de 110 bloques del barrio. La uralita, como aseguran todos los expertos, lleva aparejados graves problemas de salud cuando de ella se desprenden partículas insalubres cancerígenas, con el paso del tiempo, al estar sometida a la intemperie. Lo mismo ocurre cuando la uralita es mecanizada o manipulada, cosa que pasa, por ejemplo, con la colocación de antenas en nuestros tejados: el pan nuestro de cada día. Nuestros tejados que eran negros a la entrega de las casas hoy se ven blanquecinos por que se ha desprendido la capa protectora de la uralita. La inhalación de las fibras desprendidas de la uralita causa diferentes tipos de cánceres, como ha quedado probado, desgraciadamente, en trabajadores del metro de Madrid. El amianto se colocó sobre nuestras cabezas a mediados de la década de los 80 casi hace 40 años.

La Asociación Vecinal Orcasitas (AVO) y todo el vecindario del barrio comenzamos a exigir su retirada hace más de 6 años, en cuanto fuimos conscientes de su peligro para la salud. Desde entonces hemos hecho al menos 5 asambleas con asistencia de más de 300 personas en cada una de ellas, entre otras movilizaciones y sensibilizaciones. A nuestras asambleas hemos invitado a diversos políticos en el poder o en la oposición: concejales, diputados autonómicos, incluso Manuela Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid fue invitada y asistió a una de ellas.

Recientemente, ya gobernados por el PP y C`s, con el apoyo de VOX, cosa que es mejor no olvidar, más de 200 vecinas y vecinos fuimos a la madrileña Plaza de la Villa para exigir a los actuales responsables de urbanismo que cumplan lo acordado con la Asociación Vecinal Orcasitas.

Durante la época de la anterior Corporación Municipal, con Ahora Madrid en la alcaldía, se ofreció a la AVO aplicar el plan MAD-RE de ayuda a la rehabilitación a todas las Comunidades de Vecinos que lo soliciten, y ayudarlas económicamente con un 75% del coste para sustituir las cubiertas de amianto por otras que no fuesen nocivas para la salud. La AVO planteó que eso fuera así para todas las viviendas, tanto para las torres de 32 viviendas como para bloques de entre 6 y 12 pisos. Hay que tener en cuenta que el coste por vecino es mayor cuantas menos viviendas haya en el edificio. Para las viviendas que por ley no podrían alcanzar el 75% de la subvención, acordamos que la ayuda se completase con el montante de un Proyecto Participativo para el que se obtuvieron 300.000 € para desmontar el amianto. De esta manera las ayudas llegarían a todos los vecinos que tengan amianto en sus edificios.

Llegamos al acuerdo de que una parte sustancial de la subvención se daba antes de empezar la obra, y el resto nada más acabarla, dado que muchos de los vecinos no podían adelantar el dinero necesario para realizar las obras. Estas medidas han sido claves para que los vecinos y vecinas del barrio optaran a las subvenciones.

Por otro lado la Corporación Municipal de Ahora Madrid instó a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que declarase la Meseta de Orcasitas como área de rehabilitación preferente (ARRUS), cosa que sucedió el año pasado. Esto supone que la gente de Orcasitas puede solicitar ayudas de la Comunidad que alcanzan hasta un 30% del coste de la obra. Estas ayudas podrían ser acumulables con la totalidad de las ayudas del plan MAD-RE. Así se consigue que la sustitución del amianto sea prácticamente gratis para las gentes de Orcasitas.

Todos estos acuerdos se alcanzaron en una negociación que se llevó a cabo directamente entre la AVO y el Área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de Ahora Madrid, que tuvo una excelente actitud para resolver el problema.

El consistorio de derechas que gobierna después de las Elecciones Municipales de 2019 se comprometió a cumplir estos acuerdos tras la manifestación que realizamos varios centenares de  vecinas y vecinos de Orcasitas en la plaza de  la Villa para transmitir nuestras exigencias al Concejal de Urbanismo. En esa concentración, el Concejal de Urbanismo y el Director de Vivienda nos “concedieron” una reunión en la que se comprometieron a ejecutar los trámites necesarios para que se ejecutasen las obras de retirada de la uralita. No hay nada como una visita multitudinaria para refrescar la memoria.

El año pasado se presentaron 72 proyectos de obra que hizo un gabinete de arquitectura, contratado por los propietarios de las viviendas, siguiendo las especificaciones exigidas por el Ayuntamiento, y en la actualidad se han empezado a recibir las prescriptivas y necesarias licencias de obra. Y, al fin, se han empezado a ejecutar las obras a finales de 2020 y en los primeros meses de 2021.

Es evidente que hasta que no se retiren la totalidad de los tejados de amianto, el peligro para la salud sigue estando presente para las gentes de Orcasitas, pues las emanaciones de su polvo y de partículas son peligrosas inclusive a 3 Km de distancia.

En un tiempo en el que puede parecer que las movilizaciones no obtienen resultados, el hecho de que unos años después de haber iniciado nuestra lucha colectiva por la retirada del veneno sobre nuestras cabezas, estemos viendo las grúas trabajar en nuestro barrio, demuestra que el esfuerzo y las movilizaciones es lo único que señala el camino.

23 de febrero de 2021

Juan Cordero

Presidente de la Asociación Vecinal Orcasitas

Miembro de Acción en Red

El futuro de las pensiones, el Pacto de Toledo y el modelo neoliberal

Fernando Cerezal.

1. Antecedentes y modelo neoliberal

La reforma de las pensiones se viene discutiendo desde hace décadas por parte de organismos internacionales y financieros (FMI, Banco Mundial, Deutsche Bank, BBVA…), por la UE en el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la UE (1997) y el Pacto de Lisboa (2007), en el que se plantea como objetivo “remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de los sistemas de pensiones”. La UE, incluso, aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) en 2019. Todos ellos buscando el recorte del gasto social, así como la recapitalización de las entidades financieras a través del acceso a unos 140.000 millones de euros en España y unos 2,1 billones anuales en la UE de los sistemas de pensiones. Las reformas del Sistema Público de Pensiones (SPP) de 2011 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) siguieron ese enfoque neoliberal. El Gobierno de Sánchez ya envió a Bruselas en 2019 una propuesta de “mochila austriaca” (posteriormente relegada). Los organismos internacionales y españoles han venido pronosticando la quiebra del SPP desde hace años. La OMC seguía afirmando en 2015, refiriéndose a nuestro país, que era necesario:  “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”i.

Las reformas laborales y de pensiones del PSOE y PP (2010–2013) se han enmarcado en esos enfoques neoliberales de reducir el gasto social y la recapitalización financiera. Esta valoración de la reforma de 2011 señala claramente ese enfoque liberal; reforma que el Pacto de Toledo (PT) no propone derogar y del que incluso se recogen algunas de las medidas:

“En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada económicamente, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%. La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación de la política socio–económica, laboral y fiscal. Persiste el alto paro y nuevas brechas sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento de las personas mayores. No disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno (…) El resultado, con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la sociedad (…) junto con el desarrollo de fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas acomodadas”.ii

Esos organismos internacionales y españoles temen una reacción popular, por lo que consideran que se debe “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social (…) es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento (…) Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social”iii. Por ello esbozan ideas de la inevitabilidad de los recortes e incluso generan ideas de enfrentamiento intergeneracional de que el movimiento pensionista (MP) sólo lucha por sus intereses, cuando la cuestión es la situación de las y los trabajadores, con menores aportaciones a la Seguridad Social (SS) y en definitiva peores pensiones futuras. Tal como ocurrió en 2011 y 2013, las reformas supusieron un alejamiento de las bases sindicales y de las y los pensionistas hacia el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Aspecto que deberían considerar actualmente la dirección de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de coalición ante la reforma que se avecina.

En ese contexto sociopolítico comenzó su andadura organizada el MP, alcanzando un enorme avance con las marchas de 2019, así como con las amplias manifestaciones de los “lunes al sol” en todo el país. El MP ha estado fundamentalmente organizado en torno a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Luchas que pusieron en cuestión las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y que, en la actualidad, han evidenciado la indefinición y las insuficiencias de las recomendaciones del PT que acaban de ser aprobadas en el Parlamento (19–11–2020), cuya mayoría las votó, después de haber rechazado enmiendas parciales, con la abstención de ERC, BILDU, BNG y la negativa de Vox y CUP por diversas razones.

2. Aspectos de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020

Hay que comenzar diciendo que el informe del PT tiene una cierta retórica y ampulosidad y se plantea una especie de sociedad corporativa y solidaria orgánica de clases: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España… Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad…”.iv O cuando afirma con tono moralista que “nos alejaremos de aquellos antiguos modelos de sociedad tacaños que como justo castigo a su avaricia padecían a la vez todas las mezquinas preocupaciones del rico y todas las miserias y penalidades del pobre”v.

Veamos en concreto los avances, ambigüedades e insuficiencias en algunas de las 22 recomendaciones del PT aprobadas por el Congreso y que deberán ser convertidas en medidas legislativas. El PT es, por tanto, un marco de orientaciones para esa futura legislación, por lo que no son baladíes y se merecen una valoración crítica, que fortalezca las acciones del MP durante el proceso legislativo próximo. Si bien es cierto que las recomendaciones no afectan en general a los actuales pensionistas por el momento, sí afectan al conjunto de las y los trabajadores, a las pensiones futuras y, por extensión, acabarán afectando también a las actuales.

A. Se reconoce la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Es importante que el PT reconozca la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones (SPP), después de haberse puesto en cuestión en muchos foros, incluido el PSOE y por supuesto la derecha. Las movilizaciones del MP y los análisis de expertos han dejado clara la sostenibilidad del SPP, aunque el PT no plantea la necesaria devolución del capital detraído de la Caja de las Pensiones (un saqueo de la “hucha de las pensiones”) que durante decenios se ha dedicado a diversos gastos impropios: bonificaciones a empresas por contratación, pensiones no contributivasvi, complementos a mínimos, préstamos no reembolsables a CC. Autónomas, al rescate bancario y actualmente al Ingreso Mínimo Vital. Por el contrario, el Gobierno de turno ha realizado préstamos a la Caja de Pensiones para cubrir el déficitvii, préstamos que la SS podría devolver –sugiere el PT, recomendación 5– con el patrimonio en las CC. Autónomas, obviando que ese es un patrimonio de las y los trabajadores.

De hecho, el propio Tribunal de Cuentas acaba de reconocer la deuda del Estado a la Caja de Pensiones de 103.000 millones de euros, aunque algunos autores calculan la deuda histórica en torno a 500.000 millones de euros detraídos a la Caja en los últimos decenios. Es decir, se reconoce la sostenibilidad, pero se sigue sin recuperar la Caja de las Pensiones e, incluso, se juega con el patrimonio de la SS al proponer donarlo a cambio de unos préstamos irregulares.

Este reconocimiento de la sostenibilidad del SPP se ha debido en gran parte a la movilización del movimiento pensionista y a los análisis de expertos. Por ello COESPE está reivindicando una auditoría de las cuentas de la Caja de Pensionesviii, la recuperación del fondo de la Caja de Pensiones y la negativa a ceder el patrimonio de la SS, propiedad histórica de las y los trabajadores, así como la aplicación de la Ley General de la SS y su artículo 109.2, que ha sido incumplida, al no haberse aplicado la obligación del Estado de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las cotizaciones en la financiación de las pensiones contributivas.

B. Acerca de los índices de revalorización (Recomendación 2). El Pacto recomienda la revalorización de las pensiones acorde al IPC. En la tercera versión de las recomendaciones, no obstante, introduce la posibilidad de posibles cambios con otros indicadores (de acuerdo con lo que ya se planteaba en la reforma de 2011): “resulta conveniente estudiar (…) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la SS, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”.ix El Gobierno, en consonancia, introduce un aumento a pensionistas y funcionarios de un 0,9% y las pensiones no contributivas en un mísero 1,8% en 2021x.

Las Recomendaciones 13 y 17 sugieren el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, no contributivas, de orfandad y por discapacidad, todas con muy bajas pensionesxi, así como atajar la brecha de género en las pensiones de viudedad. No hay, sin embargo, propuestas concretas para resolver esa grave situación. La AIREF y el Banco de España proponen, en lugar de una mayor revalorización, que las pensiones de viudedad salgan del SPP y pasen a la beneficencia, desconsiderando la relación de las y los viudos con el cónyuge trabajador (cuidados, hijos, maternidad…).

COESPE propone la revalorización automática por IPC y consolidada por ley, alcanzar el salario mínimo para todas las pensiones e ir hacia el 60% del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea (1.084 €)xii.

C. Edad de jubilación y factor de sostenibilidad (Recomendación 5). El Pacto de Toledo mantiene la edad de jubilación y la base reguladora de las pensiones de la reforma de 2011, que ya se vienen aplicando progresivamente y que el PT no recomienda derogar:

–la jubilación ordinaria a los 67 años, con el período de cotización aumentado de 35 a 37 años;

–la base reguladora de la pensión eleva el cálculo de 15 a 25 años cotizados (con posibilidad de escoger los mejores meses); el ministro Escrivá está defendiendo la extensión a los 35 años;

–recortes a las jubilaciones anticipadas, aunque ya tengan los 37 años cotizados y promoción del alargamiento de la edad de jubilación

La ampliación de la edad de jubilación y la base reguladora entra en contradicción con la situación laboral de precariedad y subempleo que reducen las cotizaciones, ante lo que el PT no entra a valorar ni proponer mejoras en las cuestiones laborales. Si bien el Gobierno de coalición considera una línea roja el factor de sostenibilidad, no parece que se haya considerado su eliminación. “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado”xiii. En base a la longevidad (un éxito social), los trabajadores van perdiendo su poder adquisitivo desde el primer día de la jubilación.

COESPE rechaza las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y defiende:

–la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% y 35 años cotizados;

–jubilación anticipada sin penalizar antes de los 65 años con 40 años cotizados;

–la abolición del factor de sostenibilidad.

COESPE, conocedores de las condiciones sociales y laborales, defiende los derechos de las y los trabajadores activos. En este sentido, no puede decirse que el movimiento sólo defienda sus intereses, sea victimista y no tenga carácter intergeneracional y solidario.

D. Recomendación 16 de planes privados de empresa o “mochila austriaca”

Esta cuestión es quizás la de mayor calado estratégico en las propuestas del PT, junto a la modificación de la ley de la SS, pues introduce cambios importantes orientados a debilitar la situación de los trabajadores respecto a las indemnizaciones por despido y a facilitar la privatización de las pensiones.xiv

La “mochila austriaca” se basa en la experiencia desarrollada en Austria (a partir de 2003) en la que a cada trabajador se le detrae del salario una cantidad mensual (en torno al 1,5%) que se acumula en su “mochila” para que en caso de despido sirva como parte de la indemnización, se la lleva si cesa en la empresa, decide utilizarla como subsidio de desempleo o mantenerla para su jubilación.

El Gobierno Zapatero, en la reforma laboral de 2010 ya planteaba “un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales [cursiva mía], se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar (…) Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo” (Real Decreto Ley 10/2010)xv. Es decir, “mochila austriaca” con los objetivos de reducir las indemnizaciones por despido, favorecer la movilidad de los trabajadores, reducir las pensiones futuras y recapitalizar los sistemas financieros.

Este modelo, con el eufemístico nombre de Fondo de Capitalización, ha sido defendido ampliamente –como no podía ser menos– por la patronal y las financieras, que ya lanzan propuestas concretas de esa “mochila”. Entre estas, la reducción de las aportaciones de la empresa a la SS y, por supuesto, las indemnizaciones por despido.

Las consecuencias para el SPP serían claramente negativas pues significarían una reducción de las cuotas a la SS y la segmentación entre trabajadores activos y de estos con los pensionistas. Para las y los trabajadores supone la reducción de las indemnizaciones por despido, una mayor facilidad de despido y un dudoso complemento para la futura jubilación. El MP y especialmente COESPE se oponen a esta “mochila austriaca que afecta muy especialmente a las y los trabajadores actuales en activo.

Algunas conclusiones

COESPE critica las recomendaciones del PT por su ambigüedad e insuficiencia, por no recomendar la derogación de la reforma de pensiones de 2011, lo que posibilita el recorte de las pensiones futuras sin garantizar de forma nítida las actuales, y defiende un programa reivindicativo en el que incorpora la derogación de la reformas laborales de 2010 y 2012 y las leyes de pensiones de la SS de 2011 y 2013, la revalorización según IPC por ley, la eliminación del factor de sostenibilidad, la denuncia de la brecha de género, la subida de la pensión mínima, y critica especialmente los fondos privados de pensiones y de empresa o “mochila austriaca”. Por ello son incomprensibles algunas opiniones de insolidaridad intergeneracional del MP y especialmente de COESPE.

COESPE y el MP continuarán exigiendo esas demandas y denunciando las eventuales agresiones a trabajadores y pensionistas a lo largo del desarrollo legislativo que se avecina, con la esperanza de que los sindicatos y la izquierda las defiendan y se frenen los intentos neoliberales.

Fernando Cerezal, Miembro de la Plataforma

por la Defensa de las Pensiones Aluche–Latina, Madrid

11 enero 2021

Agradecimientos por sus aportaciones a Antonio Antón (UAM), Damián Rodríguez (representante de COORPEN–Madrid en COESPE) y Raúl Garay (coord. Plataforma de por la Defensa de Pensiones Aluche–Latina, Madrid)

i Cit. Luque Guerrero, E. y Franquesa Artés, R. 2020. “El Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones en venta”. El Viejo Topo, 3 de diciembre. En https://www.elviejotopo.com/topoexpress/sistema-publico-de-pensiones-en-venta.

ii Antón, A. 2020. “Las reformas de las pensiones (2011 y 2013)”. Rebelión. https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/11/Las-reformas-de-las-pensiones-REB.pdf

iii Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

iv Ibid.

v Cit. Franquesa, R. 2020. “Pacto de Toledo. ¿Avance o más de lo mismo?”. COESPE, 30 octubre, en https://www.youtube.com/watch?v=eHVWSXeeeYo

vi Se viene recomendando la inclusión de las pensiones no contributivas en los Presupuestos Generales del Estado desde 1995, 2003 y 2011.

vii Préstamos que incumplen el Artº 109, p. 2 de la Ley de la Seguridad Social, por el que el Estado debe compensar el déficit del SPP (deuda ficticia)con cargo a los presupuestos generales.

viii Véase Fernández, J.M. 2000. “Los gastos impropios de la Seguridad Social: la necesidad de una auditoría”. Nueva Tribuna, 21 de diciembre.

ix Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

x Las pensiones no contributivas reciben en 2020 5.538,40 € al año, más un complemento de vivienda de 525 €.

xi En 2020 las pensiones de viudedad van desde los 7.249 € a menores de 60 años a 11.060 € con cargas familiares. En 2018 había 2.377.952 personas con complementos a mínimos de sus pensiones para compensar los bajos ingresos.

xii Por sexos, la pensión media de los hombres en noviembre de 2020 fue de 1.236,01 euros; en el caso de las mujeres, ascendió a la cifra de 814,82 euros, lo que muestra una significativa brecha de género. https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

xiii Cit. Luque y Franquesa.

xiv Véase para este aspecto Miren Etxezarreta y José Iglesias. 2020. La mochila austriaca. Qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea. Madrid: Icaria.

xv Cit. Etxezarreta, pág. 17.

Violencia de género, pandemia Sars-cov2 y la complejidad de su abordaje

Irmina Saldaña

La violencia de género (VG) está reconocida como una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública por su magnitud, su gravedad y sus repercusiones para la salud de las mujeres, su entorno familiar y social 1,2,3. Valorando el grado de afectación a la salud de las mujeres y convivientes, y la gravedad de estas consecuencias, sabemos que la VG deja una huella profunda produciendo secuelas a corto, medio y largo plazo.

Sabemos que la situación de las mujeres que viven situaciones de violencia en general, y en particular en sus relaciones de pareja o expareja, se agrava en situaciones de crisis como las que estamos viviendo actualmente por la pandemia de Sars-cov21,2,3. Las razones son múltiples. Entre ellas destacan la imposibilidad durante los meses de confinamiento, y ahora la dificultad, de acceder a sus redes sociales habituales y a otras fuentes de apoyo, así como la menor accesibilidad a los servicios de salud y recursos sociales. También influyen otros factores que se han desencadenado globalmente tales como la pérdida de trabajo e ingresos económicos que producen una mayor dependencia. Estos elementos obstaculizan la decisión de las mujeres para realizar cambios y/o abandonar estas relaciones abusivas, y también complica la detección de estos casos y por lo tanto la protección de las víctimas.

Toda la sociedad hemos tenido que adaptarnos. Muchas organizaciones públicas y privadas hemos adoptado nuevas formas de comunicarnos y actuar durante la pandemia. Algunas han hecho atención a través del teléfono, otras por videollamada o mensajes. Otras, como los servicios públicos de salud, hemos combinado estas herramientas con la atención presencial.

Campaña Anual 2020 ONU Mujeres “Actúa: 10 maneras para contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso durante una pandemia” Más información aquí.

Al comenzar el estado de alarma se adoptaron medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de VG. Se declararon esenciales todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Entre las medidas impulsadas, se puso en marcha la campaña institucional “La violencia machista la paramos unidas” para la prevención y apoyo contra la violencia machista.

 

Campaña “La violencia machista la paramos unidas”. Más información aquí.

La iniciativa Mascarilla-19 es una acción impulsada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias que posteriormente se fue extendiendo a otras Comunidades Autónomas, y finalmente saltó nuestras fronteras a distintos puntos del planeta. De este modo ofrecen acercarse a la farmacia y solicitar una “Mascarilla 19″ a las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica y/o sexual, tanto en su entorno familiar más cercano como en la calle.

Mascarilla-19: Farmacias al servicio de las víctimas de VG: Más información aquí.

Han surgido iniciativas globales como Signal For Help (Señal de Socorro) promovida por organizaciones como la canadiense Canadian Women’s Foundation y la estadounidense Womens Funding Network. Se trata de ocultar el pulgar en la palma de tu mano para alertar a quienes te están viendo de que necesitas ayuda por sufrir maltrato.

Signal For Help (Señal de Socorro), es una iniciativa global online para ayudar a las mujeres que sufren VG: Más información aquí.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que tenemos disponibles 4,5, ha habido un aumento de llamadas y de peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas que han sufrido VG, y sin embargo una reducción del número de denuncias y de solicitud de órdenes de protección. Esto indica que se han producido más casos de violencia hacia las mujeres, aunque en este panorama tan adverso, muchas de ellas no han denunciado a pesar de haber consultado o pedido ayuda. ¿Qué podemos ofrecerlas? ¿Cómo podemos avanzar como sociedad para erradicar esta lacra?

La atención a la VG exige un abordaje multidisciplinar como declara en su exposición de motivos la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula”. Esta ley supuso un hito en nuestro país, nació un marco legislativo común de rango estatal que trata de abordar este problema. Uno de sus logros más importantes es que sirvió para sensibilizar a la sociedad de que la VG no es un asunto privado sino de toda la sociedad. Numerosas expertas señalan problemas como el excesivo peso que pone en el sistema judicial y penal, la falta de recursos económicos para las medidas de protección, las casas de acogida, los pisos tutelados, los programas de inserción laboral y las ayudas económicas.

La prevención primaria es el futuro de una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas. Por lo tanto, se deben dedicar muchos esfuerzos e inversión multisectoriales. El pilar son las intervenciones educativas para la promoción del buen trato, educación emocional en la resolución de conflictos de manera no violenta, promoción de las relaciones igualitarias y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados en todas las edades y momentos vitales, visibilizar y educar en la importancia de los cuidados en la vida como fuente de riqueza de toda la sociedad. En materia educativa, las desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras son tremendas, existiendo en algunas una apuesta institucional enérgica, sin embargo, en otras es muy variable y dependiente de iniciativas individuales de los centros educativos, profesorado u organizaciones sociales.

No podemos olvidar que hay que seguir potenciando la formación adecuada con perspectiva de género tanto para profesionales implicados en las tareas de educación, como de todas las categorías profesionales involucradas en los procesos de detección e intervención con mujeres que sufren VG.

Sigue siendo necesario fortalecer las medidas institucionales que potencien la corresponsabilidad como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad igualitarios y flexibles, una normativa que favorezca la conciliación de la vida personal y laboral en un sentido más amplio, más recursos públicos en educación infantil y las tareas de cuidados de menores y personas dependientes, más medidas que eviten la precariedad laboral y estrechen cada vez más la brecha laboral entre mujeres y hombres (tanto para facilitar su acceso al mundo del empleo, como que éste sea de calidad y remunerado de manera igualitaria)…

Uno de los ejemplos es el Programa Por los Buenos Tratos de Acción en Red nacido en 2005 como un proyecto feminista de esta organización donde participo hace años. Se trata de un instrumento de aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Fue ideado como una herramienta de prevención de la violencia interpersonal, especialmente en la pareja; formulado en positivo desde los valores que deben sustentar estas relaciones: la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, la resolución no violenta de conflictos, la responsabilidad, el respeto…Este proyecto pretende abarcar intervenciones socioeducativas, de la acción colectiva y ciudadana.

Campaña 25N 2013 “Los Buenos Tratos dejan huella” del Programa Por los Buenos Tratos, Acción en Red. Más información aquí.

El ámbito sanitario es uno de los puntos de entrada y detección de los casos de VG. En Atención Primaria no hemos dejado de trabajar en ningún momento durante la pandemia. A pesar de la situación de sobrecarga asistencial de los centros de salud, seguimos atendiendo y detectando casos de maltrato. Desde la primera visita o la primera llamada, ante la sospecha procuraremos ser accesibles, tener una actitud de escucha empática y sin juicios6. La haremos saber que “la creemos”. Existe el riesgo de que “perdamos” a la mujer si no se siente comprendida o no respetamos sus tiempos. Se pueden necesitar varias visitas, a veces años, hasta que pueda expresar la VG o realice cambios. La VG llega a producir afectaciones muy severas por lo que la detección es el inicio de un proceso de acompañamiento a esta mujer. Abordaremos con ella distintas etapas individualizando en cada caso: el proceso de identificación de la situación y relacionar sus síntomas de salud con la violencia, asesoramiento y adopción de las medidas oportunas en cada momento de su evolución. Es muy importante tener en cuenta que la mujer debe de ser la protagonista en la toma de decisiones para permitir que vayan sanando las distintas facetas de su salud afectadas, favorecer la recuperación de su autoestima y que retome el control de su vida6. Por lo tanto, será necesario un proceso de apoyo y un abordaje en equipo con aspectos sanitarios, psicológicos, jurídicos y sociales.

Desde las instituciones públicas la denuncia al agresor sigue siendo una herramienta prioritaria para permitir la protección de las mujeres. Se anima a las mujeres a denunciar. En numerosos protocolos de actuación contra la VG se insta a sus profesionales sanitarios a la denuncia independientemente de la voluntad de la mujer. Pero ¿qué quieren estas mujeres?,¿hay que denunciar siempre?,¿qué recursos hay más allá de la vía jurídica?, ¿qué otras vías existen para acceder a las ayudas y salir de esta situación?

Campaña contra la VG del Instituto de la Mujer 2007.

Como profesionales de la salud nos encontramos con un conflicto ético cuando se contraponen principios y valores. En la VG siempre debemos velar por los intereses de la mujer, explorar qué desea la mujer y sus porqués, a la vez que asumir nuestras responsabilidades profesionales.

Revisando la normativa actual no existe obligación legal absoluta de denunciar siempre una situación de VG. Por un lado, según los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE 260, 17/09/1982 “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente…”

Por otro, es obvio que sí tenemos la obligación moral y legal de asistir a la víctima, prevenir el maltrato en cualquiera de sus formas, y respetar su voluntad velando por su interés. Es decir que tenemos que poner en danza una toma de decisiones compleja, prudente y sopesada que busque ante todo ayudar a la mujer. En todas las facetas de nuestra tarea es clave el respeto de los valores éticos fundamentales como el respeto a la voluntad, autonomía y confidencialidad. Estos están contemplados en variadas legislaciones nacionales e internacionales como por ejemplo la Convención sobre los DDHH y Bioética, Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa (1996) o la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Tenemos una responsabilidad profesional en el proceso de acompañamiento terapéutico como en cualquier otro problema de salud. Apostamos por un camino en el que la mujer sea la protagonista de sus propias decisiones, bastante tiempo lleva sometida y recibiendo el mensaje de que no puede escoger sobre su vida. No debemos revictimizar a la mujer infantilizándola ni negándole su capacidad de agencia. Es imprescindible que desde todos los dispositivos que la atendemos en este proceso de recuperación, potenciemos la recuperación de su autonomía y autoestima. A pesar de las apariencias la denuncia no protege en todos los casos. Puede colocar a la mujer en escenario de peligro, vulnerabilidad y riesgo. El momento de la denuncia o la separación son momentos de especial riesgo, donde en muchas ocasiones su pareja al perder el control, se puede volver más agresivo. Pondremos especial atención en realizar una valoración minuciosa e individualizada de cada caso, nos aseguraremos de que la mujer entiende qué puede suponer interponer la denuncia o no hacerlo, derivando a profesionales que le puedan informar pormenorizadamente sobre estos asuntos jurídicos. Por lo tanto, es importante garantizar siempre un acompañamiento, y garantizar su seguridad independientemente de que ésta inicie o no una vía judicial.

Un porcentaje elevado de las víctimas de VG asesinadas no había de denunciado previamente la situación de maltrato que estaban sufriendo y es sabido que muchas mujeres retiran la acusación cuando son llamadas a declarar. En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se creó el Título habilitante (TH)7,8. Éste es el documento que acredita la condición de víctima de VG y da lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la ley para estas situaciones. En 2017 se modificó el acceso a los derechos laborales y de la Seguridad Social, y a los recursos de asistencia ampliando los mecanismos de acreditación de ser víctimas de VG por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. La concesión de este TH antes de esta fecha se conseguía únicamente por la vía de la denuncia o por vía judicial. Actualmente existe la posibilidad de acceder al título habilitante en caso de que no se haya presentado denuncia por las siguientes tres vías: 1. Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón del sexo; 2. Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de VG elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración pública autonómica y local y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la VG; 3. Los informes técnicos motivados realizados por el personal de la Administración pública que desempeñe su trabajo como profesional sanitario, educativo, de salud mental, o cualquier otro reglamentario en los que se proponga que se conceda a la mujer la condición de víctima de VG. El objetivo es facilitar la accesibilidad a los diversos derechos y beneficios recogidos en la Ley Integral de VG para las víctimas.

También es necesario ampliar los recursos que se ofrecen, de nada sirve animar a la denuncia o la separación ofreciendo el título habilitante de víctima de VG si no existen suficientes medios socioeconómicos para que reinicie una nueva vida.

En conclusión, seguimos avanzando en el proceso de lucha contra este problema social y salud pública tan flagrante. Sin embargo, hay mejoras que urge implementar. Sigue siendo necesario aumentar todos los citados recursos de manera realmente integral, y fortalecer las vías de reconocimiento a las mujeres que han sido víctimas de VG más allá de la vía judicial y penal. Porque la vacuna contra la violencia machista hará que toda la sociedad salga ganando.

Campaña 25N 2010 “Ama con buenos tratos, ama sin controlarme” del Programa Por los Buenos Tratos, Acción en Red: Más información aquí.

 

Irmina Saldaña Alonso, médica de Atención Primaria, miembro de Acción en Red Madrid y del Gdt Atención a la Mujer de la Somamfyc.

Bibliografía

  1. Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic#notes
  2. The impact of COVID-19 on women: https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
  3. COVID-19 and ending violence against women and girls: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
  4. Las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma se elevan a 29.700, un 57,9% más que el año anterior: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/220620-viogen.aspx
  5. Las denuncias por violencia de género bajan un 17,8% en Madrid: https://www.europapress.es/madrid/noticia-denuncias-violencia-genero-bajan-178-madrid-20201002111230.html