Somos esenciales, cuidamos a quien lo necesita

Situación y reivindicaciones
de las y los trabajadores de cuidados

La situación de las trabajadoras de atención domiciliaria en Madrid (SAD), de las trabajadoras de hogar y las camareras de piso (Kellys) es un tema de gran relevancia social y laboral, por una parte, por su papel esencial socio-sanitario en el cuidado de personas en general, muchas de ellas dependientes y vulnerables en una sociedad cada vez más envejecida; por otra parte, por la invisibilidad y por unas condiciones laborales precarias, lo que redunda en problemas de salud de esas trabajadoras y en la calidad de la atención que brindan.

Su situación sociolaboral está marcada por contratos temporales, lo que genera inseguridad personal y laboral; salarios inferiores al salario mínimo interprofesional; jornadas laborales largas y fragmentadas exigidas por una demanda en aumento, con desplazamientos a diferentes domicilios; falta de reconocimiento social y profesional a pesar de la importancia de su trabajo, así como la escasa formación continua. A todo ello se suma la exposición a riesgos físicos, psicológicos y sociales en su trabajo y la multiplicidad de empleadores y subcontratas que dificulta la negociación colectiva y la defensa de sus derechos laborales. Situación que se agrava en las mujeres migrantes (en ocasiones por encima de la edad de jubilación, en situación administrativa irregular o que trabajan como internas).

Algunasconsecuencias de esta situación son una elevada rotación de personal y espacios, lo que redunda en el deterioro de una atención de calidad y personalizada y un impacto en la salud de las propias trabajadoras y trabajadores (enfermedades musculoesqueléticas, contagios de pacientes, ansiedad, depresión…): 83% declaran problemas de salud, 80% salud mental, 40% algún accidente laboral, 77% consume algún tipo de fármaco (véase).

Enfermedades que tienen muy baja aceptación por los sistemas sanitarios.

“Las mujeres no tenemos enfermedades laborales a no ser que se parezcan a las enfermedades laborales de un hombre”, afirma Mar Jiménez (Kellys Madrid; El Salto, 30 nov.).

No es admisible que las 17.000 personas que trabajan en Madrid, y más de 120.000 en España en atención domiciliaria, con derechos laborales precarios para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no revierten en el bien común en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener la precariedad laboral a estas trabajadoras, en especial dada la importancia de este trabajo, asumido principalmente por mujeres.

«Somos un sector muy precario económicamente, con jornadas muy precarias para poderte llevar 1.000 euros. Así que hemos dicho basta, no les vamos a pasar ni una, pero ni a las administraciones, ni a las empresas, ni a nadie», manifiesta Lola Juárez (responsable de Ayuda a Domicilio de UGT; Madridiario, 8 de enero).

En definitiva, al igual que en otros servicios sociales públicos como Educación y Sanidad, hay un proceso de desmantelamiento y de privatización en lugar de promover lo público y de favorecer a empresas buitre que sólo buscan el máximo beneficios para las que no les importa la calidad del servicio a los usuarios (entre esas empresas están Asispa, Atende, Domus Vi, Serveo y CLECE de Florentino Pérez). Hay que resaltar, además, que la dedicación presupuestaria a cuidados en España no supera el 1% del PIB, mientras otros países europeos destinan entre el 2 y 3% del PIB.

Las trabajadoras de atención domiciliaria están llevando a cabo diversas movilizaciones; tras varios días de huelga iniciaron el pasado 8 de enero una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales, entre ellas: aumento salarial, estabilización laboral, jornadas más cortas y menos fragmentadas, evaluación y prevención de riesgos laborales, reconocimiento de enfermedades profesionales y mejorar la formación. Exigen, en definitiva, un convenio colectivo que responda a sus reivindicaciones y una remunicipalización de los servicios que garantice una mayor calidad y control público. Demandan una jubilación a los 60 años por las condiciones de su trabajo.

En resumen, las condiciones sociolaborales en el sector de la atención domiciliaria tienen un impacto directo y negativo en la calidad de vida de las personas, tanto las cuidadas como las cuidadoras. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral, visibilizando su labor y garantizando unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y una atención de calidad para las personas dependientes.

 

Fernando Cerezal
Miembro de Acción en Red Madrid

Las elecciones europeas de junio importan

Gabriel Flores
Economista. Experto en temas europeos.
De Berrituz, 26 de diciembre de 2023.
Cámara secundaria del Parlamento Europeo

 

Las próximas elecciones europeas se celebrarán en los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) entre el 6 y el 9 de junio de 2024. Su resultado contribuirá a perfilar las prioridades y políticas comunitarias que impactarán en la vida de las grandes mayorías sociales.

  

      A partir de 2010, las políticas de austeridad impuestas por las instituciones de la UE causaron graves estragos económicos y sociales que se añadieron a los destructivos efectos de la crisis financiera global de 2008. En 2020, al desatarse la crisis multidimensional generada por la pandemia del Covid-19, las políticas comunitarias fueron decisivas para promover y financiar medidas de protección y recuperación que evitaron una catástrofe sanitaria, económica y social. Ante los retos actuales, ¿responderá la UE como en 2010 o como en 2020?.

 

      Las elecciones al Parlamento Europeo (PE), que se realizarán en España el domingo 9 de junio, importan. Sería una calamidad que los partidos políticos se desentendieran de los problemas de la UE y convirtieran esa cita electoral en una segunda vuelta de las generales del 23-J para intentar recuperar terreno perdido o ajustar cuentas pendientes.

 

      En una reciente visita a Berlín para intervenir en el congreso del Partido Socialdemócrata de Alemania, el presidente Sánchez señaló que estas elecciones europeas son una encrucijada: o una Europa abierta que inspire al mundo en defensa de la integración, el progreso y los derechos humanos o una Europa escondida tras las trincheras del odio y el miedo que sigue cavando una extrema derecha en ascenso. Un verdadero dilema existencial que refleja bien la trascendencia de estas elecciones, pero que contribuye poco a centrar la atención pública en las propuestas que determinarán si el proyecto de una Europa progresista podrá contar con el apoyo de la mayoría social y qué amplia alianza de fuerzas europeístas lo llevará a cabo.

 

      Convendría exigir a líderes y partidos políticos que no se vayan por las nubes de los relatos identitarios o diferenciadores y se esfuercen en explicar sus propuestas, aterrizando en los detalles de cómo pueden contribuir a fortalecer la integración europea y mejorar la vida de la ciudadanía. Exigencias de concreción que cobran mayor importancia ante la complejidad institucional de la UE, que hace tan difícil entender la viabilidad y el curso a seguir en la aplicación de las medidas.

  

      El próximo mes de junio, el futuro del modelo progresista de Europa tendrá su centro de gravedad en las urnas, pero la disputa no se agota en el terreno electoral ni en el espacio comunitario. Se extiende también a la tarea de mantener abierta la opción de un nuevo orden mundial democrático, inclusivo y multilateral. Para conseguirlo, la UE necesita ganar influencia internacional, lo que pasa necesariamente, tanto por razones geoestratégicas y de responsabilidad histórica como por los múltiples lazos culturales y de todo tipo que aún se mantienen, por ofrecer certidumbres y un futuro deseable a los países y la población de África y América Latina.

  

      Europa puede ser portadora de un proyecto de orden internacional alternativo a los que ofrecen China o EEUU y lo más alejado posible del desorden que crean potencias regionales que, como Rusia, se toman la justicia por su mano, imponen a países vecinos la razón de su fuerza y pretenden un mundo multipolar sustentado en el autoritarismo, la carrera armamentista y la amenaza militar creíble.

  

      De la importancia que la ciudadanía europea concede a las elecciones al PE da cuenta el Eurobarómetro de  otoño, EB 100.1, que acaba de publicarse en diciembre de 2023. Del total de 26.797 personas encuestadas, el 68% aseguraba que probablemente votaría en las elecciones europeas; porcentaje que en España era algo menor, un 64% que superaba al 60,7% que participó efectivamente en las elecciones europeas de 2019.

 

      A seis meses vista, esa notable inclinación a votar tiene como punto de patida una valoración muy positiva de los beneficios obtenidos con la pertenencia al club comunitario, que en el caso de España alcanzaba un porcentaje del 78%, frente a un 13% que no la consideraba beneficiosa. Niveles que en el conjunto de la UE eran, respectivamente, del 72 y el 22%.

 

      El carácter mayoritariamente progresista de la ciudadanía comunitaria se observa en las opciones que reciben más apoyos en la pregunta (admitía un máximo de 4 respuestas) sobre qué prioridades le gustaría que tuviera el PE: sanidad pública, 50% en España (34%en la UE); apoyo a la economía y creación de nuevos puestos de trabajo, 41% (29%); lucha contra la pobreza y la exclusión social, 40% (36%); acción contra el cambio climático, 25% (29%); democracia y Estado de derecho, 23% (28%); ayuda humanitaria y asistencia al desarrollo, 19% (16%). La ciudadanía europea no parece encastillada en un bienestar económico excluyente ni en las ensoñaciones reaccionarias de la extrema derecha. Fortalecer y concretar estas prioridades es una tarea fundamental de los partidos y las fuerzas progresistas y de izquierdas.

Cámara principal del Parlamento Europeo.

Cambios institucionales y de política económica a debate

      La integración europea puede estancarse en su estadio actual de un mercado único inacabado y fragmentado y de una unión monetaria que no cuenta con un Tesoro público ni con una unión fiscal que permitan avanzar hacia una UE más robusta que disponga de fórmulas claras de consentimiento y control democrático de la ciudadanía sobre la acción política comunitaria. Ese estancamiento acabaría deteriorando la integración y facilitaría la tarea de los populismos que contraponen eficacia económica a democracia, intereses nacionales a derechos humanos y soberanía nacional a soberanía compartida. Sin más y mejor integración europea el camino de la extrema derecha quedaría despejado.

      Es en esta delicada situación en la que Estados miembros y ciudadanía deben realizar el debate público y tomar las decisiones que orienten los cambios institucionales y de política económica que determinarán el futuro de la UE. Una tarea posible, pero nada fácil, en la que sobran consignas, juicios sumarios y calenturas ideológicas.

 

Entre los temas centrales de la conversación a propiciar entre la ciudadanía habría que señalar, al menos, los cinco siguientes:

 

      1º. Las transiciones energética, ecológica y digital en marcha apuntan a cambios profundos de estructuras y especializaciones productivas, pero aún no avanzan al ritmo deseable. ¿Cómo garantizar su financiación y el decisivo papel que deben tener las instituciones públicas en su desarrollo y en asegurar que no generen más factores de desigualdad ni nuevos sectores sociales vulnerables?. 

      2º. El envejecimiento de la población europea y el declive de la población en edad de trabajar crean nudos al desarrollo económico y social que no pueden desatarse sin el concurso de una política común de inmigración que respete los derechos humanos y considere las necesidades de desarrollo y estabilidad democrática de los países de origen de la migración. En sentido contrario, se acordó el pasado 20 de diciembre un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo que cuestiona el derecho de asilo y no garantiza los derechos humanos de las personas migrantes, a las que contribuye a criminalizar. En los próximos meses deberá ser aprobado formalmente por el Consejo Europeo y el PE, ¿qué supondría su ratificación definitiva sin cambiar nada?.


      3º. No existe una política comunitaria de seguridad y defensa. ¿Es necesaria? ¿Cuál debería ser su objetivo? ¿Convertir a la UE en una tercera potencia militar mundial? ¿Confirmar la actual situación de subordinación militar a EEUU? ¿Ganar autonomía estratégica para impulsar soluciones diplomáticas y avanzar en la coordinación de una fuerza disuasoria que responda a la demanda ciudadana de seguridad?.


      4º. La UE demostró en 2020 capacidad de responder a los muy graves problemas desencadenados por la crisis del Covid-19 con medidas audaces e innovadoras: suspensión de las reglas fiscales; fondos comunes de recuperación y transformación; fórmulas de mutualización de deuda pública y riesgos; inversiones comunitarias con fondos europeos… ¿Cómo aprovechar sus enseñanzas e impedir la vuelta hacia políticas ineficaces y contraproducentes como las impuestas en 2010?.


      5º ¿Puede el BCE seguir siendo estatutariamente ajeno a los requerimientos macroeconómicos asociados a su mandato de estabilidad de precios o reducirlo al objetivo arbitrario y de otra época de mantener la tasa de inflación alrededor del 2%?


      Aún se está a tiempo de avanzar en un modelo progresista de Europa con los pies bien asentados en la tierra firme de los derechos humanos y los intereses y aspiraciones de la mayoría social. Depende en parte del voto del 9 de junio.


Por la defensa de las pensiones y servicios públicos para personas mayores y dependientes

La Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina comenzó su andadura hace 5 años, se unió a otras en Madrid (COORPEN) y en toda España (COESPE) y ha venido luchando por una pensiones justas y dignas. Y eso fue una respuesta a la reforma del anterior Gobierno del PSOE de Zapatero que con la eterna excusa de su insostenibilidad amplió la jubilación a los 67 años, el cómputo para el cálculo de la pensión a los 25 años, la ridícula subida del 0,25 del Gobierno del PP de Rajoy que todos recordamos y la reducción de la pensión por el aumento de la longevidad, el llamado Factor de Sostenibilidad.

Frente a esa enorme reducción de los derechos de las y los pensionistas se reveló el movimiento pensionista. Se han alcanzado algunos éxitos ante el actual Gobierno, aunque siguen siendo insuficientes. Cientos de plataformas se manifiestan permanentemente, en Madrid y en todo el país todos los lunes, se hacen concentraciones ante el Congreso cada tercer miércoles de mes, y se han hecho concentraciones estales en Madrid en octubre de los años 2019, 2021 y 2022 que también tuvieron su reflejo en los diferentes territorios.

Hemos conseguido algo muy importante y es, dejar claro que las pensiones sí son sostenibles, a pesar de que las fuerzas conservadoras, bancos y otros muñidores de las finanzas que siguen diciendo que no son sostenibles. Hemos demostrado que los gobiernos anteriores, y especialmente el de Rajoy, acabó con los 66.000 millones de la caja o hucha de las pensiones que había acumulado el Gobierno de Zapatero. Se desviaron a otros gastos impropios, como formación en empresas, subvenciones por maternidad e incluso a salvar a los bancos, cuestiones que en todo caso deben sacarse de los presupuestos generales del Estado y no de la caja de las pensiones, que es patrimonio de las y los trabajadores. Es decir, se desviaron cada año más de 20.000 millones, que la entidad AIREF calcula en 103.000 millones, el propio ministro Escrivá en 140.000 millones[1], CCOO en 500.000 millones, y según Economistas contra la Crisis más de 700.000 millones que se han ido detrayendo de la caja de las pensiones en las últimas décadas.

Por eso el movimiento pensionista reivindicó una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social de esos gastos, y conseguimos que el Parlamento, a propuesta del actual Gobierno, aprobara por unanimidad la ley 21/2021 del 28/12/2021; sin embargo, acaba esta legislatura y no se ha realizado en los plazos contemplados en dicha ley. Continuaremos exigiéndola al nuevo Gobierno y Parlamento.

Nuestras demandas y nuestras movilizaciones han conseguido ciertos avances: la subida de las pensiones de acuerdo al IPC (el 8,5 % este año), aunque creemos que es insuficiente porque el coste de la vida realmente ha subido bastante más; se ha conseguido que se considere subir las pensiones mínimas porque dejan a muchos pensionistas, sobre todo a las mujeres y viudas, en una situación bastante vulnerable, pero sigue siendo muy insuficiente y demandamos que esas pensiones deben ser igual que el salario mínimo, 1.080 €. Hemos conseguido también que las pensiones no se reduzcan por el factor de sostenibilidad que legisló el Gobierno de Rajoy  en La Ley 23/2013 de 23 de diciembre.

No hemos conseguido, sin embargo, que se devuelva la edad de jubilación a los 65 años, aunque se puedan jubilar antes de los 67 los que han trabajado 40 años o más sin reducción, ni que se reduzcan los años para el cómputo (volver a los 15 y no a los 25 que aumentó el PSOE de Zapatero).

Otra cuestión que nos preocupa es la demanda de bancos y financieras que han presionado para que se desarrollen planes de pensiones de empresa, a través de la negociación de los convenios, lo que significa una reducción de entradas en la caja de la Seguridad Social, que además lleva aparejada una reducción fiscal por esas aportaciones, que deberemos pagar todos y, sobre todo, un enriquecimiento de los bancos y financieras que recibirían comisiones y cientos de miles de millones de fondos que manejarán a su antojo. Pero tengamos en cuenta que esas financieras pueden quebrar –como ya ha ocurrido en varios países, incluida la bancarrota de los planes que tienen algunos europarlamentarios– y entonces ¿quién garantiza a futuro esos fondos de pensiones? El gobierno ya ha dicho que no.

Nuestra preocupación principal son las pensiones, pero también queremos defender las necesidades y los derechos de las personas mayores.

Partimos, en primer lugar, de que es un gran logro social que las personas mayores vivan más años, aunque para algunos políticos conservadores parece ser que es un grave problema y lo miran como un gasto que hay que reducir lo más posible. Las necesidades de las personas mayores son derechos inalienables y están contemplados como una parte inseparable del Estado de bienestar, además de la Educación, la Sanidad y la Dependencia Públicas, y especialmente deben servir para ofrecer protección, salud y cuidados acordes con las necesidades, así como promover la integración social y las relaciones comunitarias. Estas necesidades no pueden ser el hermano pobre del Estado del bienestar.

El Distrito de Latina es uno de los más poblados de Madrid (240.155 personas) y con un alto nivel de envejecimiento, muy por encima de la media nacional y de Madrid (200,5% sobre 133% en España, proporción de mayores de 64 años respecto a menores de 16), con un crecimiento vegetativo de la población negativo de 6,78% y con una alta tasa de dependencia del 56,71%. Nos encontramos, por tanto, con mucha población mayor y aumentando, pero con escasos servicios sanitarios y sociales, y los actuales con graves deficiencias en su calidad.

Esta situación en el Distrito, exige aumentar los servicios sociales públicos que dependen del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Por ello desde la Plataforma de Pensionistas proponemos: 1) el equipamiento de dos centros de día en cada barrio (sólo hay 4 en el Distrito y ninguno en Aluche y Águilas); 2) la creación de 2 centros de mayores en cada barrio, con servicios de calidad (sólo 5 en el Distrito, con serias deficiencias de calidad, ninguno municipal en Aluche y el autonómico desbordado con ¡18.000! socios); 3) la creación de residencias de mayores de proximidad (ninguna pública en el Distrito); 4) la ampliación y la mejora de la calidad de la atención domiciliaria, y 5) la resolución rápida de la dependencia.

El modelo de cuidados actual es claramente insatisfactorio. Por un lado un modelo familiar en el que predominan las propias mujeres de la familia (más de 10 horas al día el 46%  y el 51,8% más de 8 años), trabajo precarizado, mal pagado y sumergido en el que hay un alto porcentaje de población inmigrante. Se sigue considerando la atención a la dependencia como un asunto privado y no como una parte del Estado de bienestar, una obligación de la sociedad hacia las personas mayores.

A esta situación, por otra parte, se añade un sistema de ayuda a la dependencia muy insatisfactorio, en el que la valoración se retrasa meses y algunas personas fallecen antes de recibir algún tipo de prestación. Sobre todo, al ver que las personas dependientes reconocidas tienen más de 80 años.

Es decir, nos encontramos con unos cuidados muy deficientes y con un presupuesto de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, controlados por la derecha neoliberal, insuficiente para estos servicios públicos, a pesar del dinero asignado por el Gobierno central.

En la Comunidad de Madrid hay 475 residencias, de las que sólo 65 son públicas (tanto de gestión pública como privada); es decir, se promueve la privatización que antepone el negocio a las personas[2]. Madrid, junto con Galicia y Canarias, son las comunidades con más plazas privadas que públicas (29.606 –57%- privadas sobre un total de 52.156, en 2021; 4,32 plazas por 100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de las 5 plazas que sugiere la OMS; Madrid supera con mucho en 110 plazas privadas la media estatal de 70 plazas [3]). A pesar de tanta privatización había más de 7.000 personas en la lista de espera en Madrid el año pasado[4].

Respecto al reconocimiento de la ayuda a la dependencia en la CM se retrasa una media de 285 días, muy superior a los 180 días establecidos por ley.

A esto se suma también el reducido número de personal (enfermería, gerocultores y auxiliares) con salarios muy bajos, mejora de la formación de los profesionales, una medicalización inadecuada (relacionada con el deterioro de la Atención Primaria), así como falta de investigación para el buen envejecer.

A todos estos factores se sumó el denominado “protocolo de la vergüenza”, decretado por el Gobierno de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y por el que murieron más de 7.291 mayores en residencias sin atención médica ni derivación a hospitales[5], casi 6.000 de ellos por COVID19. Este drama ha sido ampliamente denunciado por organizaciones como PLADIGMARE y por periodistas como Manuel Rico[6].

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsable de la Sanidad y de las residencias, nada más pasar las elecciones acaba de prorrogar los “és del hambre” para las residencias, después de la bazofia que se ha dado en diversas residencias a las y los mayores. Unas semanas antes de las elecciones lanzó una descarada campaña titulada “Mi residencia mi casa”, de casi un millón de euros de coste.

Queremos referirnos también a una cuestión que nos parece de vital importancia y que se relaciona con cada una de las necesidades anteriores. La soledad o el aislamiento no deseados afecta a un 12% de la población mayor de 75 años[7]. Creemos que hay que potenciar el envejecer bien y esto exige cambiar a un modelo de cuidados que ponga a las personas en primer lugar, por encima de los intereses mercantiles o financieros.

Las causas de esta soledad no deseada son principalmente la falta de convivencia y apoyo familiar (79%) y social (57,3%), a lo que se une la situación económica con pensiones insuficientes, viviendas inadecuadas, pobreza energética, falta de reconocimiento de la discapacidad y diversidad, insuficientes alicientes de participación y el edadismo, que es la discriminación y prejuicios hacia las personas basados en la edad. (improductivos, dependientes, enfermos, asexuados…).

Respecto a las consecuencias de la soledad, entre otras nos encontramos con un aumento de la depresión y ansiedad crónicas casi seis veces superior a la media de la población (39% frente a 7%), problemas de visión y movilidad (20,8%), más consumo sanitario, de urgencias y hospitalario, deterioro cognitivo e incluso, según un estudio, hasta un 20% más de personas fallecidas prematuramente por la soledad. Calculan, incluso, que todo esto tiene unos costes de 6.101 millones de euros al año. Esta situación se agrava por un alto número de hogares unifamiliares (un 27% en España), con relaciones familiares más difusas o amistades más alejadas.

Y ya no hablemos del abandono en listas de espera, cierre de centros de salud, falta de contratación de personal sanitario, mientras se pasan pacientes y servicios a la privada; es descarada la falta de atención a la salud mental, pues sólo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando debería haber al menos 18. Lo que significa el deterioro de la atención a pacientes, y vemos, además, como han aumentado los suicidios entre los adolescentes y jóvenes. Toda la Sanidad también depende de la Comunidad de Madrid.

Todo ello exige responder con unos servicios y un modelo en el que se priorice la convivencia familiar y social, la proximidad y el sentido de permanencia en una comunidad, así como la promoción de actividades y proyectos solidarios y colaborativos con vecinas y vecinos. En consecuencia, recursos institucionales y relaciones sociales que promuevan lo comunitario y reduzcan el individualismo. Queremos hacer una serie de propuestas, que las resumimos en:

  • visibilizar y favorecer el buen envejecimiento a través de un enfoque de cuidados basado en las personas;
  • promover oportunidades de vínculos sociales y de sentido de permanencia a una comunidad;
  • apoyar organizaciones solidarias e iniciativas colaborativas en cada comunidad o barrio;
  • promover centros y residencias públicos de proximidad que se apoyen en la economía social y se redistribuyan equitativamente por los barrios;
  • mejorar los servicios de atención domiciliaria, con personal especializado;
  • organizar las residencias con menor número de personas y en grupos reducidos;
  • fortalecer la atención primaria y la gerontológica;
  • mejorar la atención sanitaria pública en todos los niveles y especialmente en salud mental y gerontología;
  • denunciar todas las formas de edadismo o discriminación de las personas por su edad.

Si hablamos de educación, a las 48 horas de haber ganado el PP de Díaz Ayuso ya ha tomado tres medidas que afectan a nuestros hijos y nietos: subida del precio de las comidas (un 12,4%), aumento de la ratio a 30 estudiantes por aula en Secundaria y la falta de 15.000 plazas para estudiantes de Formación Profesional.

Mientras se produce esta tendencia a la privatización y menor calidad de los servicios, la Comunidad de Madrid plantea la reducción de impuestos bajo el mito de que el “dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos”. Eso significa que a un millón y medio de madrileños con salarios bajos (1.546.234, con menos de 17.707 €, para 2022) se le detraen unos 39 € al año y a quienes más ganan más de 500 € al año. ¿Esto qué significa? Pues muy sencillo, menos dinero en las arcas públicas de la Comunidad de Madrid, más deuda y menos dinero para los servicios que estamos necesitando.

Algunos partidos están planteando que van a derogar las leyes actuales. No dicen cuáles y por las que las van a cambiar. Nuestras preguntas son claras: ¿se va a derogar la subida de pensiones acorde con el IPC? ¿Se van a seguir aumentando los años para el cálculo de las pensiones, como hizo Zapatero y mantuvo Rajoy? No hay que olvidar, que Escrivá ya habló de 30, e incluso se está hablando de toda la vida laboral. ¿Se va a aplicar la reducción de las pensiones según la longevidad –factor de sostenibilidad- ? Y si nos referimos a residencias y asistencia a mayores ¿van a seguir privatizándolas y al servicio de los grandes grupos financieros?

En definitiva, algunos quieren que el Estado de bienestar sea para unos pocos, los pudientes, los que más reducciones fiscales tienen, mientras las y los trabajadores y pensionistas se tendrán que conformar con la beneficencia, al estilo norteamericano.

 

Las plataformas de pensionistas no nos vamos a encoger, vamos a continuar exigiendo los servicios públicos que responden no sólo a nuestras necesidades sino a lo que recoge nuestra Constitución, vamos a continuar denunciando las políticas privatizadoras, y vamos a enfrentar esas ideas de sálvese quien puedaque tanto afectan a las y los trabajadores y pensionistas.

Por todo ello animamos a votar en las próximas elecciones generales con conciencia y con conocimiento de qué ofrecen realmente unos y otros, sin dejarse llevar con ideas abstractas y vacías, sino por lo que realmente nos están ofreciendo o negando.

Finalmente, mantenemos nuestro ¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES PÚBLICAS SE DEFIENDEN!

Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina (Integrada en COORPEN Madrid y COESPE).

[1] Véase  Sánchez, R. María: “Escrivá cifra en 140.000 millones el dinero de las pensiones  que ha ido a otros gastos en los últimos 30 años”, en Público, 21 abril 2023.

[2] Grandes grupos financieros invierten en residencias y controlan el 85% de las residencias: Healthcare Activos, Lagune, Caboel, AdrianoCare, Primordial REIM, Threestones Capital controlan al menos 66 geriátricos. A estos nombres hay que añadir Thor Private Equity, fondos de inversión multinacionales en alianza con la empresa española, como BlacRock.

[3] La Vanguardia, 11 de enero de 2021

[4] Según el informe del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. María Santos Viñas, elDiario.es, 14 agosto 2022.

[5] Las residencias públicas de Madrid con gestión privada tuvieron una mortalidad dos y tres veces mayor que las residencias de titularidad y gestión pública. También las residencias privadas tuvieron una mortalidad casi el doble que las residencias de titularidad y gestión públicas.

[6] Manuel Rico, autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta 2021), y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias –PLADIGMARE– participaron en el acto del 6 de mayo “Servicios y residencias públicos para personas mayores”, organizado por la Plataforma de Pensionistas de Aluche–Latina y celebrado en el Centro Cultural Fernando de los Ríos.

[7] En la Comunidad de Madrid hay 276.400 personas que viven solas, un 25% de los mayores de 65 años).

Feliz año 2022

 

Fig.: Acción reivindicativa del grupo Boa Mistura con la Plataforma Luz para la Cañada y con la Asociación de Mujeres Tabadol para conseguir1#LuzParaCañada.
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.