Las tragedias en el Mediterráneo se siguen repitiendo y cobrando miles de víctimas. En los últimos diez años, se calculan más de 26.000 personas que han perdido la vida en esas aguas y que siguen perdiéndola día a día. Unas 11.522 personas han muerto intentando llegar a España (en los últimos cinco años, según Caminando Fronteras).
Estas muertes ponen en evidencia la política europea en torno a la inmigración y el asilo y respecto a los principios fundacionales humanitarios de la Unión, que ha pasado de un idealizado marco común a promover más murallas en las fronteras con fondos de la UE en los países con mayores flujos migratorios, lo que eufemísticamente denominan “infraestructuras”. Se han aumentado los controles fronterizos y quizás lo que es más grave se ha externalizado a otros países el control de migrantes (los casos de Turquía, Marruecos y Libia, entre otros, sin garantías democráticas) y se ha militarizado el control de fronteras con Frontex. Este enfoque responde a las políticas más xenófobas y ultranacionalistas en Europa. Y no sólo en aquellos países con gobiernos más derechistas (Hungría, Polonia o Italia), sino también en países como Dinamarca (una isla para desterrar inmigrantes) o Gran Bretaña (desterrarlos a Ruanda).
En definitiva, Europa está abandonando los derechos humanos, incumpliendo la legislación internacional e impidiendo que las ONG realicen trabajo humanitario con migrantes y refugiados, en el contexto actual de guerras, sequía y hambrunas en Siria, Sahel, Afganistán… Se incumple el principio de no devolución (artículo 33 de la Convención de Ginebra) de aquellas personas que puedan temer por su vida o su libertad, mientras los países ricos y sus empresas extraen los recursos de países empobrecidos generando más pobreza y destrucción medioambiental.
La discusión sobre la política migratoria obvia los derechos humanos e incluso las potencialidades de las migraciones en este mundo globalizado, en el que los países enriquecidos sufren un declive demográfico y los migrantes pueden ser motor de desarrollo de sus propios países. Por el contrario, los detractores del aborto y la defensa del cigoto son capaces de negar derechos a personas que huyen de las guerras y el hambre, bajo un falso esquema de pérdida de identidad de las poblaciones ricas. Estamos, en definitiva, ante una Europa Fortaleza frente a las y los pobres.
El Gobierno y el Parlamento de España, en concreto, deben responder consecuentemente a las más de 700.000 firmas por la Iniciativa Legislativa Popular y regularizar a 500.000 personas en situación irregular, muchos de ellas y ellos trabajando sin derechos, así como ofrecer vías legales para la migración y el asilo en la UE.
Lesther Alemán, estudiante de 24 años, ignoraba que sus guardianes de la cárcel de El Nuevo Chipote, en Nicaragua, lo conducían hasta una sala donde le esperaba la jueza Nadia Camila Tardencilla y una fiscal, para juzgarlo y condenarlo a 15 años de prisión. Sin asistencia previa de abogado, ni garantías procesales, iba a ser juzgado no en sede de tribunales como manda la ley del país, sino en la misma cárcel donde ya lleva más de 200 días.
Unas horas antes, la ex ministra de salud sandinista (1978-1990) y legendaria guerrillera, Dora María Téllez, de 66 años. había recorrido los mismos pasillos para llegar a la misma sala donde le esperaba el juez Ángel Jancarlos Fernández y 15 años de cárcel por “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”.
Cuando LestherAlemán quiso tomar la palabra que la ley le concede, la fiscal entre gritos ordenó a la jueza: “¡Cállelo, aunque sea su derecho, no le permita hablar!”, lo que la jueza acató, ordenando al joven guardar silencio. No obstante, en medio de un cierto caos, Lesther Alemán pudo gritar ¡Soy inocente!
Se espera que hasta el 24 de febrero se sucederán los juicios que la presidenta del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, de 83 años, ha calificado de farsa, en una declaración hecha por audio desde un lugar clandestino. Son 40 personas las que se sentaran en el banquillo, muchas de ellas con trayectorias impolutas como militantes del Frente Sandinista y que un día decidieron criticar la autocracia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero ya antes, más de 100 han sido procesadas con cargos absurdos como tenencia de drogas, lavado de dinero y acciones terroristas, en juicios sin garantías.
Las detenciones que aún no han terminado. Se iniciaron en las jornadas de abril de 2018, con las plazas y avenidas repletas de manifestantes exigiendo libertad. Se saldaron con más de 300 muertos e innumerables personas heridas, la inmensa mayoría víctimas de las balas de policías y milicianos reclutados por el régimen. Pocas semanas después tuvo lugar el llamado Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno. En esa reunión, Lesther Alemán se hizo célebre. Tenía entonces 21 años.
Tomó la palabra y se dirigió a Daniel Ortega, reprendiéndole. Le acusó de ser responsable de la matanza y le conminó a rendirse. El presidente soportó con el rictus contenido, perplejo, al igual que su esposa vicepresidenta con cada demudada. Pero la venganza se sirve en plato frío y en julio de 2021 el líder estudiantil y vocero de Alianza Ciudadana, era por fin detenido. Ahora ha sido juzgado tras sobrevivir 200 días en condiciones insalubres, sin apenas contacto familiar y sin asistencia letrada.
Dora María Téllez, es una celebridad. García Márquez recreó su figura en un libro que cuenta cómo se hizo el asalto sandinista al Palacio Nacional en agosto de 1978, logrando la libertad de las y los presos políticos encarcelados por el dictador Somoza. Dejó su partido, el FSLN, en 1995, cuando el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez creó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Hoy este partido se llama UNAMOS. Se presentó en precario en las primeras elecciones que pudo hacerlo en 1995 y obtuvo tan sólo el 1% de los votos. En 2006, una alianza encabezada por el MRS logró el 8%, un resultado todavía modesto, pero suficiente para preocupar a Daniel Ortega que ilegalizó al partido para salir de dudas e impedir su crecimiento.
Fue detenida en junio de 2001, junto a la activista de derechos humanos Ana Vijil, también condenada en estos días y que permanece a la espera de la sentencia que fije la cuantía de años de cárcel que le esperan. Dora María Téllez es una de las figuras políticas más destacadas de entre quienes se sentarán en el banquillo de acusados. Sin garantías procesales, la veterana dirigente sandinista es mal tratada sistemáticamente, tal vez como castigo al haber sido la primera en rebelarse a la autoridad de Daniel Ortega. Sus familiares aseguran que ha sido torturada desde que está presa y su régimen carcelario es especialmente duro, sin respeto a las garantías constitucionales.
Otros nombres conocidos son Víctor Hugo Tinoco, ex embajador en Naciones Unidas, el general en retiro Hugo Torres, Cristiana Chamorro, Suyén Barahona y hasta 16 candidatos a los que se les impidió presentarse a las elecciones del pasado 7 de noviembre. Por cierto, el general Hugo Torres dirigió el asalto sandinista a la casa del ministro de Somoza, Chema Castillo, en diciembre de 1974, con lo que se logró la liberación de Daniel Ortega que estaba preso.
Este es un macro juicio político en el que abundan militantes de la izquierda y en menor medida de la derecha opositora, si bien también hay tres dirigentes empresariales presos, de la directiva del COSEP. Pero quienes detienen y encarcelan se llaman a sí mismos de izquierda y hasta revolucionarios. ¿Cuáles son las claves para saber quién es quién? Las claves están en los hechos, no en las palabras.
Aunque la pluralidad sea un valor que ya existe en la izquierda de cualquier parte del mundo, es evidente que cuando hay carceleros y encarcelados, esa pluralidad no es cierta. No es posible la convivencia entre quienes matan y quienes son asesinados; entre quienes sufren la ilegalización de decenas de organizaciones sociales y de ONG dedicadas a la solidaridad y a la cooperación para el desarrollo (OXFAM internacional, Diakonía, Intermón, entre las extranjeras, y otras 70 nacionales, varias de ellas de Mujeres). No puede haber pluralidad entre quienes ilegalizan partidos y alianzas para que no puedan presentarse a las elecciones y quienes son víctimas de semejante medida.
Por eso, la izquierda de cualquier lugar del mundo, y más todavía de América Latina, debe definirse, con la mayor energía por el fin de la represión. La izquierda debe saber también de las políticas neoliberales del régimen Ortega-Murillo. Basta con estudiar sus políticas fiscales, económicas, medioambientales, de recursos naturales… a lo que se une políticas de género netamente patriarcales. El neoliberalismo del régimen ha recibido felicitaciones del FMI por su obediencia a la institución.
Hoy no hay en Nicaragua ningún periódico en letra impresa. La Prensa y Nuevo Diario tuvieron que cerrar al cortar el Gobierno el suministro de papel y tintas. Con los canales de televisión en manos de la familia Ortega-Murillo, los diarios digitales 100% Noticias y El Confidencial, resisten. Todo el cuadro represivo se justifica como respuesta a una agresión imperialista, pero independientemente de que Estados Unidos conspire siempre para mantener el control de su “patio trasero” que es como califica a Centroamérica, la actual crisis deriva de un poder autocrático que está sitiando Nicaragua. Un sitio que asfixia tanto que está provocando oleadas de migración, de salidas del país, rumbo a países vecinos, a Europa y a los Estados Unidos.
El drama es que sectores de la izquierda son incapaces de entender que se puede estar en contra de la injerencia externa y de la represión interna, y creen que hay que elegir entre los dos males. Es un error que habrá que explicar ante la historia que antes o después exigirá cuentas. Quienes sufren la represión en otros países debieran ser más sensibles ante lo que viven sectores críticos perseguidos en Nicaragua. La izquierda debe ser sinónimo de libertad no de oscurantismo. La izquierda no debe aceptar que un bulo, por lo demás insostenible, se instale en sus discursos. Me refiero a la calificación de las jornadas de abril de 2018 como golpe de Estado. Todo el poder concentrado en manos de Ortega ¿fue víctima de un intento de golpe protagonizado por una ciudadanía sin ningún poder? ¿Quién puede creer semejante mentira?
A los presos políticos se les imputa “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”. ¿Cuáles son las pruebas? Es una acusación difusa que sirve para manosear los procesos judiciales.
Ya para embarrar más el tablero de juego se les añade la imputación de blanqueo de dinero que es algo que molesta mucho, con razón, a la ciudadanía. No hay pruebas, pero no hace falta. Cuando no hay garantismo procesal y el escenario de los juicios es un espacio de arbitrariedad donde no se contrastan y se prueban los hechos, sino que se cumple la decisión del régimen Ortega-Murillo, ¿para qué hace falta demostrar nada? La venganza se viste con toga negra.
Llamo la atención recordando que hay dos izquierdas en este asunto. La representada por Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha afirmado que lo que ocurre en Nicaragua es vergonzoso, siguiendo el camino de José Pepe Mújica, y la de los que todavía siguen atados a claves geopolíticas obsoletas. Pero incluso, quienes forman parte de esta última izquierda ni deben ni pueden moralmente dar la espalda al sufrimiento de quienes sufren la ira de dos personajes que pasaran a la historia como lo hizo el matrimonio Ceaușescu.
PD. de Acción en Red Madrid: el 12 de febrero murió asesinado por la tortura y la desatención en la cárcel de la dictadura de los Ortega–Murillo el general retirado Hugo Torres, verdadero sandinista que se enfrentó a la dictadura de Somoza y ahora enfrentaba la de los OrMu. Véase su declaración antes de ser capturado por las hordas danielistas en junio de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=UCuaP9LyOrg
Fig.: Acción reivindicativa del grupo Boa Mistura con la Plataforma Luz para la Cañada y con la Asociación de Mujeres Tabadol para conseguir1#LuzParaCañada.
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.
Federación de Comités en Solidaridad con África Negra
A medida que se dispara la demanda por el oro, la minería artesanal y el contrabando aumentan, financiando así el conflicto y la corrupción política, arriesgando vidas humanas y destruyendo el medio ambiente. La revista The Africa Report rastrea la ruta que sigue este mineral precioso desde las áreas controladas por los rebeldes hasta las joyerías del mundo.
Por Patrick Smith. Publicado el lunes 11 de enero de 2021, actualizado el viernes 15 de enero de 2021.
Fuente: The Africa Report
Conflicto, corrupción, muerte y destrucción medioambiental
La fiebre del oro es una de las fuerzas del mercado más perjudiciales en el mundo
A medida que aumenta vertiginosamente la demanda por el oro, la minería artesanal y el contrabando se disparan, financiando así conflictos y la corrupción política, arriesgando vidas humanas y destruyendo el medio ambiente. La revista The Africa Report rastrea la ruta que sigue este mineral precioso desde las áreas controladas por los rebeldes hasta las joyerías del mundo.
Santos Viriato vierte pesados cubos de agua y tierra dentro de contenedores de plástico mientras Julius Mthembu extiende toallas de baño sobre una cinta transportadora para recoger las partículas durante su actividad de extracción ilegal de oro en Roodepoort (Sudáfrica) en 2012. (AP Photo/Themba Hadebe)
El 14 de julio la crisis de la COVID-19 provocó que el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro) (1), anunciase lo siguiente: «En 2020, los inversores han incorporado el oro como una estrategia clave de cobertura de cartera[…] la pandemia probablemente tenga un efecto duradero en la asignación de activos. Asimismo, reforzará el valor del oro como un activo estratégico». Para el 5 de agosto, el oro ya había alcanzado su precio más elevado de todos los tiempos: 2 048 dólares la onza.
Mientras los comerciantes movían lingotes con solo presionar un botón, en Kamituga, una ciudad minera en la provincia de Kivu del Sur en la República Democrática del Congo (RDC), se produjo una tragedia. A primera hora de la tarde del 11 de septiembre, al menos 50 jóvenes excavadores, o mineros artesanales, se ahogaron en un río de barro cuando las lluvias torrenciales inundaron las minas de oro «Detroit» al sur de la ciudad. Cientos de habitantes locales que acudieron al lugar a ayudar solo encontraron un superviviente.
Se formó una cadena de jóvenes desde la entrada de la mina, que estaba sujeta por robustas vigas de madera, hasta abajo, pasando cubos de barro mientras los rescatadores buscaban a los mineros atrapados, muchos de los cuales habían estado trabajando a 40 metros bajo tierra en los pozos improvisados para la ocasión.
Kamituga ha sido una ciudad minera desde 1920, cuando se descubrieron allí cantidades ingentes de oro, lo que hizo que una sucesión de grandes empresas llegara al lugar. Pero son los mineros artesanales de Kamituga, junto con los fabricantes de herramientas, los comerciantes y los transportistas quienes sostienen la economía local.
Los precios descienden
Mientras la pandemia del coronavirus aumentó internacionalmente el precio del oro, los precios locales ofrecidos por los compradores en África en realidad descendieron, dice Joanne Lebert, directora ejecutiva de la organización IMPACT,(2) anteriormente conocida como Asociación (Partnership) África – Canadá, que trabaja para mejorar la gobernanza de los recursos naturales.
“Los compradores se aprovecharon de la situación del Congo. Así que se introdujeron más intermediarios en lugar de confiar en la red de comerciantes locales” señala Lebert. “El transporte del oro en la región se hizo más difícil y los mineros salieron perdiendo”.
Los mineros de Kamituga conocen los altibajos del mercado internacional del oro. En medio de la desgracia económica mundial, este año iba a ser su momento. Las operaciones como la de la mina de Detroit son el peligroso punto de partida de una cadena de suministro que se extiende por la región a través de una red de comerciantes y, después, de refinerías locales antes de llegar a centros internacionales de comercio como Dubai. La mayor parte del comercio evade impuestos, regalías y mantiene la burocracia congoleña.
En Kamituga, hay alrededor de 300 mostradores de venta de oro, según activistas locales de la asociación Justice Pour Tous (Justicia para Todos). Un informe reciente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la industria minera en el Congo indica que «un alto representante de la administración minera en Kivu del Sur estimó que alrededor de 300 kg de oro no declarado transitaron cada mes» por Bukavu, la capital de provincia. Sin embargo, las estadísticas oficiales solo registran exportaciones de oro de 5 kg por mes desde la provincia.
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Bandas criminales y zonas en guerra
La extracción del oro en África y su ruta más allá del continente: los orígenes ocultos
Durante años, el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha estado enmarañado en uno de los conflictos más complejos y mortíferos de África con una confluencia de fuerzas nacionales, combatientes locales y milicias con ayuda extranjera disputándose el control político, los recursos, las fronteras y la identidad étnica.
El contrabando descontrolado y el etiquetado incorrecto de los envíos de oro para evadir los impuestos locales y nacionales, así como los intentos internacionales de bloquear el oro de las zonas en guerra, han condicionado la industria del oro de la región. Las nuevas refinerías en la región de los Grandes Lagos de África pueden procesar más de 330 toneladas de oro al año.
Un minero congoleño trabaja en una mina de oro artesanal cerca de Kamituga, al este de la República Democrática del Congo (RDC), 1 de agosto del 2018. REUTERS/Djaffar Al Katanty
«Ahora hay una cadena de suministro por donde transita el oro de contrabando desde las zonas bélicas del Congo en Ituri y Kivu del Sur hacia refinerías regionales».
Los expertos de la ONU afirman que gran parte de la mercancía se trafica desde el este de la RDC y señalan en un informe que «Algunas refinerías han actuado como agentes, han efectuado pagos en efectivo para evitar el rastreo, han realizado intercambios comerciales entre refinerías que ocultaban el origen del oro clandestino y han utilizado redes corporativas, lo que dificulta establecer la verdadera titularidad del beneficiario » y que «La mayoría del comercio de oro evadió las redes bancarias reguladas».
Las operaciones más importantes son las realizadas por la compañía African Gold Refinery (AGR) en Uganda, con una capacidad de generar 219 toneladas anuales, así como la refinería Aldango en Ruanda, que puede procesar 73 toneladas en el mismo período. Los expertos de la ONU se remiten a documentos que muestran que Alain Goetz, vástago de una familia belga de comerciantes de oro, fundó la compañía AGR y tiene participaciones en la refinería Aldango, así como en una compañía con sede en Dubai llamada PGR Gold Trading.
Las declaraciones a The African Report de un antiguo investigador de las Naciones Unidas confirman que: «Ahora hay una cadena de suministro en la que el oro se trafica desde las zonas bélicas del Congo en Ituri y Kivu del Sur hacia refinerías regionales, después , se exporta a Dubai para volver a refinarlo y así poder mezclarlo con oro que proviene de otras fuentes. Finalmente, el oro procedente de una zona bélica del Congo puede acabar en un lingote de oro en Suiza».
En la frontera del noreste de la RDC, en Sudán, el modelo es similar. Los mineros artesanales en las zonas de conflicto como en el Nilo Azul, Kordofán y, sobre todo, Darfur, han producido toneladas de oro y lo han vendido a contrabandistas que lo transportan a los Estados del Golfo.
En 2018, Sudán produjo alrededor de 93 toneladas de oro, según declaró a Reuters el ministro de Minerías Adil Ali Ibrahim en noviembre de 2019. Esto situó al país como el tercer mayor productor de oro, después de Ghana y Sudáfrica. Entre 2014 y 2018, Sudán oficialmente exportó oro por valor de 8.600 millones de dólares, pero sus principales socios comerciales registraron importaciones de oro sudanés por un valor de 12.700 millones de dólares.
«La mayor brecha de valor está en el comercio entre Sudán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU)», afirmó Lakshmi Kumar, que lideró el equipo de investigación del centro de estudios Global Financial Integrity en Washington. Esta brecha de 4.100 millones de dólares es muy probable que esté causada por el contrabando, lo que supondría una pérdida de ingresos del Estado de más de 550 millones de dólares en ese periodo.
Un papel destacable en política
Sudán: Hemeti y las exportaciones de oro de 16.000 millones de dólares anuales a los Emiratos Árabes Unidos
Hasta enero del 2020, cuando Sudán abrió el mercado del oro para generar ingresos, el banco central en Jartum era la única entidad con potestad para comprar y exportar oro, por lo que estableció centrales de comercios locales.
Desde la revolución que expulsó al que entonces era presidente, Al-Bashir, en abril de 2019, el mercado del oro en Sudán se ha convertido en el eje central del poder político del país. Sin embargo, bajo el régimen del presidente Omar Al-Bashir, muchos mineros artesanales trataron con señores de la guerra u oficiales corruptos en lugar de pagar los impuestos locales o las regalías correspondientes.
«Hubo acuerdos profundamente problemáticos entre el régimen de Al-Bashir y, por ejemplo, las compañías rusas que no tenían experiencia en la explotación minera», afirma Kumar y añadió, «En un solo día, el gobierno de Al-Bashir les concedió 50 permisos, obviando las debidas diligencias». Su equipo asesora al nuevo gobierno sobre cómo hacer que la explotación minera sea más segura y contribuya más a las finanzas públicas.
Mohamed «Hemeti» Hamdan Dagalo, el número dos en el gobierno de transición, tiene intereses considerables en la industria. Su compañía familiar, AlGunade, se dedica a la extracción y comercialización del oro, con participaciones de su hermano Abdul Rahim Dagalo y de dos de los hijos de Abdul Rahim. Hemeti aparece como director, según ha comprobado en los documentosla ONG Global Witness. A día de hoy, Sudán exporta anualmente 16.000 millones de dólares, del oro a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).,
Hemeti ascendió al poder como General de Brigada a cargo de unos 5.000 – 6.000 combatientes de la milicia gubernamental Janjaweed. Se les rebautizó como las Fuerzas de Apoyo Rápido y, en 2017, tomaron el control de la mina de oro de Jebel Marra en Darfur, junto con otras tres minas.
Utilizaron los ingresos para comprar nuevas armas y una flota de miles de furgonetas de camuflaje, equipadas con artillería. Por todo el país, centenares de minas de oro estuvieron controladas por compañías en la sombra vinculadas a los servicios de seguridad bajo el régimen de Al-Bashir. Cuando estaba en el poder el Partido del Congreso Nacional controlaba minas y propiedades valoradas en más de 1.000 millones de dólares.
Fue decisión de Hemeti romper con Al-Bashir el último año y apoyar la revolución que resultó ser un punto de inflexión. No obstante, el primer ministro, Abdalla Hamdok, un civil, deberá ser cauteloso con sus iniciativas de reforma.
Aumentar los impuestos sobre el oro ayudaría a reforzar las tambaleantes finanzas del gobierno. Incluso los partidarios más fieles a la revolución temen que el deterioro de las condiciones económicas suponga que la transición pierda el apoyo popular, lo que permitiría que las fuerzas armadas tomaran completamente el poder y se olvidaran de convocar elecciones.
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Fondos para el crecimiento
Tesoro oculto del Sahel: El comercio informal del oro impulsa las insurgencias islamistas
En el Sahel han irrumpido varias insurgencias y han tomado el comercio informal del oro como una fuente de financiación para sus grupos y el reclutamiento de nuevos miembros.
Afiliados regionales de Al Qaeda y del Estado Islámico están en primera línea atacando las operaciones industriales de extracción, pero también están tomando el control de algunas partes del comercio informal del oro en Burkina Faso, Mali y Níger: un negocio que produce más de 50 toneladas de oro al año y que está valorado en 2 000 millones de dólares, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El año pasado, la agencia de noticias Reuters publicó una novedosa investigación que constataba que «para los islamistas, las minas [de oro] son tanto un escondite como un tesoro oculto de fondos con los que reclutar nuevos miembros y comprar armas, así como explosivos y detonadores para perpetrar los atentados que amplían su poder».
Los insurgentes sacaron provecho cuando se apoderaron de las minas. En los 24 emplazamientos que atacaron en Burkina Faso, las minas estaban generando más de 700 kg de oro al año, con un valor de más de 35 millones de dólares. Por ello, las fuerzas del gobierno han intentado recuperar el territorio cerrando minas en el norte y en el este.
Pero esto amenaza a la minería artesanal que sustenta a decenas de miles de familias. Las fuerzas del gobierno no han sido capaces de controlar las vastas zonas del territorio y mucho menos de interceptar a los contrabandistas que sacan el oro en coches y camionetas o, incluso, amarrado a vacas o escondido en fardos de heno.
Barras de oro antes del proceso de refinamiento en la refinería ugandesa AGR, en Entebbe.
Los insurgentes también tienen como objetivo el comercio de oro en Mali, donde los investigadores de la ONU descubrieron que grupos islamistas estaban cobrando impuestos a los comerciantes de oro en Kidal, en el extremo norte, así como en las zonas de extracción de oro en el oeste de Níger.
A pesar de que algunos estados más grandes de la región, como Ghana, Costa de Marfil y Nigeria, tienen agencias reguladoras más fuertes, gran parte de su producción de oro a pequeña escala elude la red de ingresos del gobierno.
Según el ministro de Medio Ambiente Kwabena Frimpong-Boateng , alrededor del 80% de los cursos de agua en Ghana han sido contaminados por los mineros al remover los sedimentos y verter residuos. La extracción ilegal está causando daños parecidos en el estado nigeriano de Osun, que se ha convertido en el centro aurífero con mayor crecimiento de la región.
De manera similar, en el sur de África, el contrabando de oro está privando al tesoro público de la nación de importantes ingresos, mientras que bandas criminales y oficiales corruptos controlan el comercio. En los últimos dos años, el oro se ha convertido en el material más exportado de Zimbabwe: las ventas formales están valoradas en 1.400 millones de dólares, aunque el oro de contrabando podría valer el doble.
El año pasado, el ministro de Finanzas Mthuli Ncube indicó que alrededor de 34 toneladas de oro pasaron de contrabando por la frontera hacia Sudáfrica, donde bandas criminales pueden venderlo a las refinerías. Después, puede acabar en las reservas de Sudáfrica, que tiene el número más grande de minas de oro en el mundo.
La carretera pavimentada con ladrillos dorados
¿Por qué motivo gran parte del comercio ilegal del oro de África transita por Dubai?
«El negocio del oro está cambiando. Muchas de las empresas más grandes están modificando sus estrategias», afirma Richard Morgan, director de relaciones gubernamentales en la multinacional minera Anglo American. «Estamos trabajando mucho menos en África y nada con el oro. Puede que Sudáfrica siga teniendo una reserva enorme de oro, pero para una empresa grande todo depende del análisis de rentabilidad», añade.
Un factor común del comercio ilícito del oro en África es la cantidad de metal que transita por Dubai. Las cifras de la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas muestran que la participación de África en las importaciones de oro en Dubai aumentó a un 50% del 16% que se había registrado entre 2006 y 2016.
El comercio no petrolero entre Dubai y los estados africanos alcanzó los 252.000 millones de dólares entre 2011 y 2018, convirtiendo al emirato en uno de los socios de comercio más importante del continente. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están entre las diez fuentes de inversión más importantes de África, gran parte de ellas destinadas al sector minero. Los inversores con sede en Dubai están financiando una serie de pequeñas refinerías en el continente.
El zoco de Dubai es famoso por vender joyas de oro puro al precio más bajo. La razón es que, en parte, no paga impuestos o regalías a los países africanos de donde se extrae.
El comercio de oro representa cerca de un 20% de la economía de los EAU. Aunque su principal plataforma comercial, el Dubai Multi Commodities Centre, afirma que cumple con los «criterios internacionales» para el abastecimiento responsable elaborados por la OCDE y exige documentación detallada de exportación, estudios independientes lo ponen en tela de juicio.
En abril, la institución intergubernamental, Grupo de Trabajo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), con sede en EE. UU., incluyó a Dubai en su lista de vigilancia, constatando el escaso número de procesamientos judiciales de este Emirato por blanqueo de capitales. Los cleptócratas y oligarcas encuentran incluso menos control de sus negocios en Dubai que en cualquier otro destino favorito como Londres o Suiza.
Un extenso informe sobre el sector financiero y comercial de Dubai, realizado por la fundación Carnegie en EE. UU., concluyó que las «instituciones altamente personalizadas» y «la falta de presión nacional e internacional» en los Emiratos significa que «sus élites son libres de resistirse a reformas que pongan en riesgo sus intereses establecidos o su visión política preferida tanto para Dubai como para los EAU en general».
Los intentos de los gobiernos occidentales de amonestara Dubai por ayudar los flujos financieros ilícitos, como el contrabando del oro, pueden chocar con la necesidad de tener un aliado fiable en el Golfo. Varios expertos regionales afirmaron a The African Reportque el reconocimiento de Israel por parte de los EAU en un acuerdo negociado por el secretario de estado de los EE. UU., Mike Pompeo, haría menos probable la presión internacional sobre los flujos financieros de los Emiratos.
Los estados africanos se enfrentarán a decisiones difíciles en la gestión de la ralentización económica provocada por la pandemia. Puede que muchos traten de reducir las pérdidas de ingresos por el contrabando de oro, pero tendrán dificultades para imponerse a los intereses establecidos que se benefician del floreciente comercio ilícito de la región de Dubai.
Este artículo forma parte de la edición en papel de la revista The Africa Report: ‘Where is Nigeria (really) heading?’(«¿Hacia dónde se dirige Nigeria (realmente)?»)
Notas de la Traductora
(1) El World Gold Council es la organización de desarrollo de mercado para la industria del oro. Funciona en todas las fases de la industria, desde la extracción de oro hasta el sector de inversiones, y su objetivo es estimular y mantener la demanda de oro. Se creó en 1987 y tiene sus oficinas centrales en Londres, Reino Unido.
(2) IMPACT, hasta octubre de 2017,“Partnership Africa Canada”, es una organización no gubernamental que intenta controlar el abastecimiento de minerales en regiones en conflicto y hace campaña contra los «diamantes de sangre».
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