Recopilación de los relatos premiados en el III Certamen de Relato Corto «Desigualdades», convocado por Acción en Red Madrid.
Este III Certamen se enmarca en el Proyecto de Desigualdades sociales, económicas, culturales y de género que se relaciona con las áreas de trabajo e incidencia de Acción en Red Madrid: la discriminación y la violencia de género, la exclusión de las personas sin hogar y la solidaridad con personas y pueblos discriminados o sometidos. El Certamen pretende ser una forma de relacionar las diversas desigualdades del proyecto con la cultura. Se convocó el 15 de octubre de 2024, con una fecha límite de recepción de relatos del 31 de diciembre de 2024. Se recibieron 139 relatos de distintos orígenes, de dentro y de fuera de España, con una amplia variedad de temas, aunque han destacado los temas sobre las desigualdades de género.
Uno de los efectos positivos de la Ley de Vivienda promulgada por el gobierno y de las discusiones que se produjeron en la coalición gubernamental es que el problema de la vivienda en España está, al fin, bajo los focos. De hecho, la vivienda es el problema que más preocupa a los españoles (28%), seguida de la crisis económica (22,1%) y los problemas políticos en general (22%), según el barómetro de enero de 2025 del CIS.
La acumulación de sufrimientos y dificultades para conseguir un techo en nuestro país no ha podido ser ya ignorada y la vivienda ha pasado a ser un elemento central del debate político. En el número 82 de Berrituz escribí un artículo donde esbozaba los problemas de la vivienda en España y cómo habíamos llegado hasta esta situación. Desde aquel momento hemos podido conocer nuevas propuestas de los partidos políticos y podemos ver lo que cada uno de ellos ofrece.
La lucha política no podía ser ajena a un elemento como este, central en las preocupaciones de la gente, pero el debate está teñido de los mismos vicios que el resto de los debates políticos que vivimos hoy: está plagado de bulos, falsedades y mentiras, sobre todo procedentes de la derecha política.
En aquel artículo que he citado ponía como ejemplo a seguir, al igual que hacen hoy muchos opinadores, la política de vivienda de Viena. El problema es que la ventajosa situación de dicha ciudad se ha alcanzado después de más de 100 años de incidir en el mercado de la vivienda con una serie de buenas prácticas, pues las primeras actuaciones datan de 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Para llegar, como ocurre en Viena, a tener una empresa municipal de la vivienda que posea más de 220.000 pisos y a disponer de otros 200.000 pisos de alquiler barato, son necesarios muchos años de realizar promociones públicas, de recomprar vivienda y de mantener en posesión de las autoridades públicas un parque de viviendas que se pueden ofrecer en alquiler a buen precio.
El camino a largo plazo está ya marcado y no es técnicamente complicado diseñar estas políticas. Pero es bueno saber que estas medidas chocarán con los intereses de todos aquellos que ven en la vivienda un nicho de negocio. Unas políticas que desincentiven la especulación en la vivienda tendrán efectos beneficiosos para la población y acabarán con un mecanismo de enriquecimiento de múltiples actores, que no lo aceptarán de buen grado y plantarán batalla, como de hecho ya sucede. La extensión de bulos sobre el tema que ya estamos viendo, forma parte de esa batalla.
Dado que los beneficios de estas políticas se harán notar gradualmente y serán efectivas a largo plazo, hay que estar preparados para ataques furibundos a quien las propone, basados en la mentira y en el largo lapso de tiempo en que podremos disfrutar de un parque de vivienda pública que otorgue a las autoridades la capacidad de actuar sobre los precios. Estas políticas a largo plazo son imprescindibles y deben ponerse en marcha ya.
Pero mientras surten efecto las políticas sensatas a largo plazo, es necesario adoptar otras que tengan efectos a corto plazo para paliar siquiera el enorme problema que sufrimos, pues tenemos un problema urgente.
LAS PROPUESTAS DE LA DERECHA
Bien por la ideología que conlleva la fe en el mercado, ignorando todas las limitaciones y vicios que este tiene, bien por la simple búsqueda del beneficio, las políticas de derecha tienen un punto en común que es aumentar la oferta. No necesariamente de vivienda pública, aunque siempre puede haber una fracción de esta en sus propuestas.
Las políticas de vivienda realizadas en nuestro país durante estos 50 años han consistido en liberar suelo público para construir mediante promociones privadas o cooperativas, con anecdótica promoción de vivienda pública. La compra de vivienda ha sido además potenciada mediante las hipotecas baratas que se dieron durante los 90 y los 2000 y la desgravación de un 15%. Esta fiesta de hipotecas produjo la burbuja inmobiliaria, que condujo a la dura crisis de 2008.
Los alquileres se desincentivaron por el llamado Decreto Boyer que liberalizó el precio, haciendo que los costes del alquiler fueran similares a los de una hipoteca. De esta manera se favoreció aún más la compra de vivienda adelgazando drásticamente la oferta de alquiler.
Por si esto fuera poco, se produjo la irrupción de fondos buitre que compraron vivienda social y alquileres de renta antigua, lo cual encareció aún más los alquileres. En Madrid, se vendieron más de 1800 viviendas sociales al fondo Blackstone siendo alcaldes Ana Botella.
Esta ha sido la política de vivienda hasta hoy, cuyos nefastos efectos deben ser contrarrestados por políticas de vivienda decentes. Un primer paso ha sido la Ley de Vivienda, que declara zonas tensionadas de actuación preferente.
Dado que la vivienda está en el centro del debate político, el mismo PP ha puesto sobre la mesa sus propuestas. El PP aduce que la Ley de Vivienda ha fracasado y que hay que buscar alternativas, cuando en realidad esta ley solo se ha podido poner en práctica de forma limitada por la oposición de los gobiernos autonómicos del PP.
Básicamente, este partido promueve la construcción de más y más viviendas de tal forma que se aumente la oferta. Para ello plantean flexibilizar los controles urbanísticos, bastando una declaración responsable del promotor para poder construir. También plantean cambiar usos de suelo público planeado para servicios que no han llegado a ejecutarse para cederlo a promotores privados de vivienda, haciendo una interpretación torticera del paradigma que se ha puesto de moda: “la colaboración público-privada”. Estas propuestas conducentes a aumentar la oferta privada de vivienda las complementa el PP con una batería de incentivos, avales, ayudas a las hipotecas y ampliación del bono joven de alquiler. Todas estas ayudas no son sino una forma de bombear dinero público a las manos privadas que hoy pueden alquilar o vender pisos.
También dedica una batería de medidas a luchar contra la ocupación, como si este fuera el principal problema al que se enfrentan los arrendadores. Los datos que son asequibles a cualquier persona que busque en internet demuestran que la ocupación es anecdótica y no es de ninguna manera un problema estadísticamente relevante.
Como ejemplos de puesta en marcha de promociones de vivienda bajo colaboración público-privada, citan el Plan Vive de Madrid, con 6.600 viviendas construidas. Sin embargo, estas viviendas han sido rechazadas por muchos de los primeros adjudicatarios, sencillamente porque los alquileres estaban en torno a los 1.200 euros mensuales.
En actuaciones sobre la vivienda, Madrid es un experimento de políticas neoliberales. Los efectos empiezan ya a notarse en forma de aumento de las desigualdades.
¿Por qué la política que propugna el PP de aumentar la oferta de vivienda de precio libre iba a dar mejores resultados de lo que ha hecho hasta la fecha? Como se ha dicho, la experiencia de aumento desbocado de la oferta y de las hipotecas a bajo interés condujo a la burbuja inmobiliaria y a la crisis de 2008. No sería, por tanto, buena idea repetir la experiencia.
POLÍTICAS DECENTES
Una política de vivienda decente debe estar pensada para satisfacer el derecho a la vivienda que consagra nuestra constitución y debe evitar que la vivienda sea un negocio, como ocurre hoy en día. Por eso, la venta de viviendas se debe reducir a aquellas que van a ser habitadas y no deben venderse a compradores que las usen con fines especulativos.
Asimismo, el alquiler de uso turístico debería ser suprimido. Entretanto, debe ser considerado como una actividad económica más y ser gravada con impuestos, en particular con el IVA.
Ayuso entrega las llaves de 44 viviendas en Vallecas. Fuente: eldiario.es
Las administraciones públicas pueden actuar como promotores de vivienda. Pero dado que la construcción requiere tiempo, se puede recurrir a la compra y, cuando sea necesario, a la rehabilitación de vivienda. De hecho, en España hay unas 1.100.000 viviendas vacías en localidades de más de 50.000 habitantes. Se trata de un parque que debería ponerse a disposición de la ciudadanía mediante oferta de alquiler barato. De esta manera, usando la compra y la construcción, se irá disponiendo de un parque de vivienda pública que permitirá a las administraciones actuar sobre el mercado. Estas actuaciones obligan a un desembolso importante. El pacto de gobierno Sumar-PSOE obligaba al gobierno a dedicar el 1% del PIB a este fin. En estos momentos, el parque público de vivienda en España es del 2%, frente al 9,3% en Europa.
La vivienda pública, por cierto, debe ser de calidad. No sirve la práctica del chabolismo vertical. La eficiencia energética de los edificios debe ser un elemento imprescindible, con el doble fin de luchar contra el cambio climático y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, como corresponde a cualquier política de vivienda decente.
Situación y reivindicaciones
de las y los trabajadores de cuidados
La situación de las trabajadoras de atención domiciliaria en Madrid (SAD), de las trabajadoras de hogar y las camareras de piso (Kellys) es un tema de gran relevancia social y laboral, por una parte, por su papel esencial socio-sanitario en el cuidado de personas en general, muchas de ellas dependientes y vulnerables en una sociedad cada vez más envejecida; por otra parte, por la invisibilidad y por unas condiciones laborales precarias, lo que redunda en problemas de salud de esas trabajadoras y en la calidad de la atención que brindan.
Su situación sociolaboral está marcada por contratos temporales, lo que genera inseguridad personal y laboral; salarios inferiores al salario mínimo interprofesional; jornadas laborales largas y fragmentadas exigidas por una demanda en aumento, con desplazamientos a diferentes domicilios; falta de reconocimiento social y profesional a pesar de la importancia de su trabajo, así como la escasa formación continua. A todo ello se suma la exposición a riesgos físicos, psicológicos y sociales en su trabajo y la multiplicidad de empleadores y subcontratas que dificulta la negociación colectiva y la defensa de sus derechos laborales. Situación que se agrava en las mujeres migrantes (en ocasiones por encima de la edad de jubilación, en situación administrativa irregular o que trabajan como internas).
Algunasconsecuencias de esta situación son una elevada rotación de personal y espacios, lo que redunda en el deterioro de una atención de calidad y personalizada y un impacto en la salud de las propias trabajadoras y trabajadores (enfermedades musculoesqueléticas, contagios de pacientes, ansiedad, depresión…): 83% declaran problemas de salud, 80% salud mental, 40% algún accidente laboral, 77% consume algún tipo de fármaco (véase).
Enfermedades que tienen muy baja aceptación por los sistemas sanitarios.
“Las mujeres no tenemos enfermedades laborales a no ser que se parezcan a las enfermedades laborales de un hombre”, afirma Mar Jiménez (Kellys Madrid; El Salto, 30 nov.).
No es admisible que las 17.000 personas que trabajan en Madrid, y más de 120.000 en España en atención domiciliaria, con derechos laborales precarios para empresas que no pagan los impuestos y cotizaciones sociales que les corresponden y cuyos beneficios no revierten en el bien común en nuestra ciudad. El Ayuntamiento de Madrid no puede mantener la precariedad laboral a estas trabajadoras, en especial dada la importancia de este trabajo, asumido principalmente por mujeres.
«Somos un sector muy precario económicamente, con jornadas muy precarias para poderte llevar 1.000 euros. Así que hemos dicho basta, no les vamos a pasar ni una, pero ni a las administraciones, ni a las empresas, ni a nadie», manifiesta Lola Juárez (responsable de Ayuda a Domicilio de UGT; Madridiario, 8 de enero).
En definitiva, al igual que en otros servicios sociales públicos como Educación y Sanidad, hay un proceso de desmantelamiento y de privatización en lugar de promover lo público y de favorecer a empresas buitre que sólo buscan el máximo beneficios para las que no les importa la calidad del servicio a los usuarios (entre esas empresas están Asispa, Atende, Domus Vi, Serveo y CLECE de Florentino Pérez). Hay que resaltar, además, que la dedicación presupuestaria a cuidados en España no supera el 1% del PIB, mientras otros países europeos destinan entre el 2 y 3% del PIB.
Las trabajadoras de atención domiciliaria están llevando a cabo diversas movilizaciones; tras varios días de huelga iniciaron el pasado 8 de enero una huelga indefinida por la mejora de sus condiciones laborales, entre ellas: aumento salarial, estabilización laboral, jornadas más cortas y menos fragmentadas, evaluación y prevención de riesgos laborales, reconocimiento de enfermedades profesionales y mejorar la formación. Exigen, en definitiva, un convenio colectivo que responda a sus reivindicaciones y una remunicipalización de los servicios que garantice una mayor calidad y control público. Demandan una jubilación a los 60 años por las condiciones de su trabajo.
En resumen, las condiciones sociolaborales en el sector de la atención domiciliaria tienen un impacto directo y negativo en la calidad de vida de las personas, tanto las cuidadas como las cuidadoras. Es fundamental abordar esta problemática desde una perspectiva integral, visibilizando su labor y garantizando unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y una atención de calidad para las personas dependientes.
Durante el verano de 2024 hemos tenido un océano Atlántico muy tranquilo y un continente africano convulso, así que la ruta migratoria de Canarias se ha visto muy transitada. El resultado final ha sido una acumulación de inmigrantes africanos en las Islas Canarias, por encima de la capacidad actual de acogida digna de este territorio. Una parte de este flujo migratorio lo han constituido los MENAS, Menores no Acompañados, que sumaban un total de 5.524 el día 8 de septiembre.
Tras el aséptico nombre de MENAS encontramos a niños y adolescentes que están totalmente desvalidos, sin progenitores que los cuiden o acompañen y sin ningún apoyo afectivo, en un país extraño cuyo idioma y cultura no comprenden. Una sociedad civilizada debería enternecerse y movilizarse ante la visión de estos niños y adolescentes abandonados, sin familiares que se ocupen de sus cuidados, y hacerse cargo de ellos por motivos éticos y humanitarios.
Pero no solo eso. Existe numerosa legalidad nacional e internacional que protege los derechos del menor y que nos obliga como sociedad y como estado a ocuparnos de ellos. La Convención de los Derechos del Niño de la ONU, firmada por el Estado español, es la piedra clave de la protección a la infancia y está basada en cuatro principios básicos: la no discriminación; el interés superior del menor; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y el derecho a la participación. Solo hay tres países que no han firmado esta convención: EEUU, Somalia y Sudán del Sur.
Es decir, España ha desarrollado leyes propias de protección al menor siguiendo los principios de esta convención. Estas son algunas leyes que desarrollan esta convención en nuestro país:
Como se ve, algunas de estas leyes son específicas y oras, como la propia Constitución, recogen parcialmente estos derechos.
Siguiendo el espíritu de la convención, todas nuestras comunidades autónomas deberían recibir una parte de estos menores migrantes y tratarlos convenientemente. Sin embargo, nos hemos encontrado con que este ha sido otro campo de confrontación política elegido por la derecha del PP y la extrema derecha de Vox y SALF para enfrentarse al gobierno de coalición.
Según estos partidos, los MENAS son delincuentes, futuros o presentes, capaces de desestabilizar cualquier barrio donde se les acoja. La propiedad privada y la honra de nuestras mujeres peligrarían en esos barrios según sus proclamas.
Estos discursos despiadados y sin empatía alimentan la creciente desconfianza de la sociedad frente a los MENAS y aumentan las dificultades para hacerse cargo de ellos. En particular, fomentan las reticencias políticas para facilitar su reparto en las diferentes comunidades autónomas. Y una parte no desdeñable de la sociedad acaba ver una amenaza en estos pocos miles de niños y adolescentes desamparados.
En este reparto cada comunidad autónoma debería acoger solo a unos cientos de menores. Pero la Ley de Extranjería no permite un reparto obligatorio y este solo sería posible si los MENAS son aceptados de forma voluntaria por las administraciones autonómicas. La reforma de esta Ley en el sentido de permitir el reparto fue tumbada por el PP, VOX y Junts el 25 de julio pasado.
El PP está dificultando este reparto pues está asumiendo el discurso de la extrema derecha fomentando el odio a los inmigrantes y a los MENAS en particular. En enero de este año hemos podido oír a Isabel Díaz Ayuso acusar a los menores de un centro de acogida de Alcalá de Henares de participar en reyertas, de varias agresiones sexuales a mujeres de la zona y hasta de ser transmisores de un brote de sarna. Sin embargo, el único delito cometido por algunos de estos menores fue un intento de robo del bolso a una mujer en la estación de cercanías. Y el brote de sarna nada tuvo que ver con este centro de acogida. Más recientemente, sectores de extrema derecha acusaron a menores migrantes del asesinato de un niño en Mocejón (Toledo), que se produjo el 18 de agosto de 2024. Parece que todo vale para el enfrentamiento político con el gobierno y para crear en la sociedad una cultura del odio y la radicalidad que dificulta resolver los problemas de integración que pueden generar los flujos migratorios.
Sin embargo, desde el Ministerio de Infancia se asegura que se está negociando con el PP un sistema de reparto de MENAS basado en un catálogo de recursos para acoger a estos niños y otros criterios como el PIB y la población de la comunidad. A fecha 16 de septiembre solo faltaría Andalucía por facilitar el catálogo de recursos. Las declaraciones sobre este punto van y vienen en el PP y a menudo se pronuncian en contra del reparto que el gobierno impulsa: si se alcanza un acuerdo, será de forma discreta, pues el PP no va a desperdiciar esta oportunidad de aumentar la tensión política. La extrema derecha queda fuera de cualquier propuesta constructiva. Así que nos encontramos por un lado con una política pragmática que pueda aligerar la carga que tiene Canarias en este momento, cogobernada por el PP, no lo olvidemos, y por otro lado con declaraciones beligerantes contra cualquier intento de solución.
El propio PSOE ha estado haciendo un discurso meramente económico en torno la inmigración, defendiendo el control de flujos en los países de origen y la convivencia de recibir migrantes que nos proporcionan mano de obra y nos fomentan la natalidad. Dentro de esta lógica se han producido grandes regularizaciones en el pasado y se inscribía la regularización de unos 600.000 inmigrantes irregulares que pretende impulsar una reciente ILP. Regularización que, en estos momentos, se encuentra paralizada.
Si bien es cierto que es necesario este enfoque económico, se echa de menos un juicio humanitario que ponga los derechos humanos en el centro del debate.
El Primer Ministro británico, el laborista Keir Starmer, ha ido más allá y ha visitado a la neofascista italiana Giorgia Meloni para aprender de sus métodos para “gestionar” la inmigración, el día 16 de septiembre. Seguramente inspirado por esta visita el propio Núñez Feijoo ha visitado también a la líder italiana el 18 de septiembre para aprender de sus métodos. Métodos que, no lo olvidemos, dan lugar a deportaciones masivas de personas, violan los tratados internacionales del mar y condenan a morir ahogadas en el Mediterráneo a miles de personas.
Sea cual sea el reparto final de MENAS, la derecha y la ultraderecha habrán conseguido el objetivo de hacer que la sociedad evolucione a posturas más reaccionarias, donde la solidaridad y los derechos humanos no cuenten, y el odio hacia lo diferente campe a sus anchas. Y estamos hablando de distribuir solo unos pocos miles de menores en el territorio.
Se trata de un problema de solución relativamente sencilla que, además, podría presentarse ante el mundo como un ejemplo más de la solidaridad demostrada por el pueblo español. Pero tal como se está tratando por la derecha y la extrema derecha habrá servido para aumentar el odio y las tendencias reaccionarias de nuestra sociedad.
Esto mismo ocurre en Europa y otras partes del mundo, con un aumento de la ola reaccionaria que amenaza con arrasar los avances en derechos sociales y en convertir nuestras sociedades en algo odioso. Los resultados electorales con los avances de la extrema derecha que atraen a las derechas tradicionales a sus discursos reaccionarios son una muestra poco alentadora de cómo avanza este discurso xenófobo en la vieja Europa. Y el PP no es una excepción.
Estamos, por tanto, ante una nueva batalla cultural en la que se usan todo tipo de bulos y se recurre a los sentimientos más bajos de la sociedad. Y la socialdemocracia europea solo esgrime contra esto argumentos económicos, con lo que solo nos quedamos en la parte pragmática del debate.
Creo que la izquierda debe emplearse a fondo en el combate contra los bulos y, sobre todo, en el desarrollo de argumentos basados en principios éticos y en los derechos humanos. Los debates sobre regeneración democrática que están teniendo lugar a raíz del retiro de 4 días de Pedro Sánchez contemplan la posibilidad de no dar pábulo a los bulos, lo cual sería positivo. Pero, además, no se debería olvidar en la argumentación el punto de vista ético y de derechos humanos para contrarrestar esa ola egoísta y de odio que avanza en Europa. Ya hemos tenido sangrientas experiencias en el mundo provocadas por el avance de estas ideas.
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