15 de septiembre: Centroamérica celebra su independencia con las Fiestas Patrias

Este 15 de septiembre Centroamérica celebra la independencia del Imperio español en 1821 con las llamadas “Fiestas Patrias”. Una celebración en todos los países centroamericanos que aparenta una cierta unidad regional (incluso con un inoperante Parlamento Centroamericano –PARLACEN–), pero con importantes similitudes y diferencias.

Uno de los principales rasgos de Centroamérica es la enorme desigualdad social y económica en todos sus países (la segunda región más desigual del planeta, según el PNUD), en los que históricamente han prevalecido grupos oligárquicos, muy ligados a la explotación de los recursos humanos y materiales (extractivismo) y en numerosas ocasiones con el narcotráfico (en abril de 2022 el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue extraditado a los EEUU por narcotráfico).  Los datos de pobreza y pobreza extrema son realmente dramáticos (PNUD, 2021): Honduras (52,3%/20%), Guatemala (50,5%/15,4%), El Salvador (30.4%/5.5%) y Costa Rica (16,5%/3,4%). El 52 % de la población de Nicaragua sufría pobreza al finalizar 2020 y un 22 % pobreza extrema debido al impacto de la pandemia del coronavirus (según Cepal).

Esa desigualdad, unida a la corrupción y el narcotráfico, están en la base de la degradación histórica de los Estados y de las instituciones, manifestada de múltiples formas en los últimos años: desde los simples cambios constitucionales para mantenerse en el poder (a destacar en Nicaragua y en El Salvador) hasta los fraudes electorales y la total destrucción del Estado de derecho (Nicaragua), los golpes de Estado (Honduras) o los intentos de ilegalizar el progresista Movimiento Semilla en las pasadas semanas, ganador de las últimas elecciones en Guatemala.

Las élites gobernantes han tratado de impedir los avances sociales y democráticos y han promovido un fuerte neoliberalismo. Entre esos avances hay que destacar una necesaria reforma agraria que redistribuya los recursos y que no dependan de los grandes capitales y consorcios extractivistas, tanto de capital nacional o regional como extranjero. Son, asimismo, necesarios y urgentes los servicios sociales para toda la población, especialmente para las mujeres, la infancia,  los pueblos originarios y los afrodescendientes. Necesaria es también una reforma fiscal que grabe las grandes fortunas y empresas. En todos los países son imprescindibles reformas por los derechos de las mujeres, especialmente los referidos al control de su cuerpo (reconocimiento del aborto) y a la libertad sexual (lucha contra la violencia de género, LGTBI), así como la eliminación de la brecha salarial y la discriminación laboral.

Hay diversas consecuencias de esta dominación oligárquica y entre ellas hay que destacar la alta criminalidad y el éxodo migratorio. El abandono de la inmensa mayoría de la población por las élites dominantes, en espacios en los que el Estado no proporciona los mínimos servicios básicos ni una verdadera seguridad a la población, ha promovido la proliferación de grupos delictivos (maras) que deterioran la vida social, comunitaria y económica y provocan asesinatos. Se vienen produciendo, asimismo, asesinatos de líderes comunitarios y periodistas por sicarios o elementos del propio Estado[1].

Como respuesta a la inseguridad se viene produciendo un avance preocupante del denominado “populismo punitivo”, cuyo máximo exponente actual es el presidente de El Salvador Nayib Bukele, que ha implantado un régimen de excepción permanente desde marzo de 2022 por el que más de 70.000 salvadoreños (en un país de unos 6 millones de habitantes) han sido detenidos, sin garantías jurídicas y en condiciones infrahumanas en las cárceles. Es claramente un atentado a los derechos humanos y al Estado de derecho. Este enfoque frente a la inseguridad afecta plenamente a la salud democrática de los países e implica un Estado autocrático, sin responder a los graves problemas sociales de la población.

La respuesta del Gobierno de la dictadura familiar Ortega–Murillo en Nicaragua a la insurrección cívica a partir de abril de 2018 fue una verdadera masacre de más de 350 personas, jóvenes principalmente, centenares de detenidos, torturados…, así como la detención de decenas de líderes de la oposición antes de las elecciones de noviembre de 2021. La represión de la dictadura dio un paso más en 2023 y expulsó a 222 presos políticos de Nicaragua, despojados de la nacionalidad, de todos sus registros personales y propiedades. Igual medida tomaron contra otros 94 ya exiliados (entre ellos Sergio Ramírez y Gioconda Belli). A lo que se suma la ilegalización y confiscación de bienes de más de tres mil ONG, organismos diversos, iglesias, prensa y radios, universidades…

El éxodo migratorio es producto, en consecuencia, del deterioro socio–económico y la inseguridad pandillera y estatal. Decenas de miles de centroamericanos se lanzan a la migración “voluntariamente” o por la represión (especialmente en Nicaragua unos 600.000 han huido o en Guatemala más de 30 juristas y defensores de derechos humanos tuvieron que exiliarse). Huyen buscando unas eventuales mejores en los EEUU, proceso que en un alto porcentaje termina negativamente.

Desgraciadamente los EEUU consideran realmente a Centroamérica como su “patio trasero”. Un espacio en el que han experimentado diversas formas de control y dominación (golpes de Estado, implicación en invasiones y guerras, coacciones…) en función de sus intereses, que les han sido útiles para ponerlas en práctica en otros países. En la actualidad su preocupación pasa por frenar la inmigración y las drogas por medio de cierre de fronteras, muros, deportaciones y cárceles (más punitivismo), pero al mismo no apoyan suficientemente los avances democráticos que podrían introducir cambios sociales. De todos modos, los EEUU siguen aplicando leyes contra los personajes corruptos o violadores de los derechos humanos (como la Ley Magnitsky) que les complican las vidas seriamente,

Afortunadamente los pueblos centroamericanos han sabido resolver situaciones muy complicadas y en esta ocasión “Hoy parece amanecer en Guatemala”, como bien se refirió Sergio Ramírez a la aplastante victoria electoral de Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, con el 58% de los votos bajo un programa de lucha contra la corrupción como condición necesaria para el desarrollo de Guatemala[2].

[1] Sólo en Honduras han sido asesinados 8 activistas en 2023. En 2019, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos se refirió a Honduras como “uno de los países más peligrosos de América Latina para los defensores de derechos humanos”. Entre enero y agosto de 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó sobre ataques contra 120 defensores de derechos humanos, incluidos 78 defensores del medioambiente y de la tierra.

[2] Véase Núñez, R. “Arévalo y un cambio de época para Guatemala”, en https://confidencial.digital/opinion/arevalo-y-un-cambio-de-epoca-para-guatemala/

Una Europa Fortaleza

Las tragedias en el Mediterráneo se siguen repitiendo y cobrando miles de víctimas. En los últimos diez años, se calculan más de 26.000 personas que han perdido la vida en esas aguas y que siguen perdiéndola día a día. Unas 11.522 personas han muerto intentando llegar a España (en los últimos cinco años, según Caminando Fronteras).

Estas muertes ponen en evidencia la política europea en torno a la inmigración y el asilo y respecto a los principios fundacionales humanitarios de la Unión, que ha pasado de un idealizado marco común a promover más murallas en las fronteras con fondos de la UE en los países con mayores flujos migratorios, lo que eufemísticamente denominan “infraestructuras”. Se han aumentado los controles fronterizos y quizás lo que es más grave se ha externalizado a otros países el control de migrantes (los casos de Turquía, Marruecos y Libia, entre otros, sin garantías democráticas) y se ha militarizado el control de fronteras con Frontex. Este enfoque responde a las políticas más xenófobas y ultranacionalistas en Europa. Y no sólo en aquellos países con gobiernos más derechistas (Hungría, Polonia o Italia), sino también en países como Dinamarca (una isla para desterrar inmigrantes) o Gran Bretaña (desterrarlos a Ruanda).

En definitiva, Europa está abandonando los derechos humanos, incumpliendo la legislación internacional e impidiendo que las ONG realicen trabajo humanitario con migrantes y refugiados, en el contexto actual de guerras, sequía y hambrunas en Siria, Sahel, Afganistán… Se incumple el principio de no devolución (artículo 33 de la Convención de Ginebra) de aquellas personas que puedan temer por su vida o su libertad, mientras los países ricos y sus empresas extraen los recursos de países empobrecidos generando más pobreza y destrucción medioambiental.

La discusión sobre la política migratoria obvia los derechos humanos e incluso las potencialidades de las migraciones en este mundo globalizado, en el que los países enriquecidos sufren un declive demográfico y los migrantes pueden ser motor de desarrollo de sus propios países. Por el contrario, los detractores del aborto y la defensa del cigoto son capaces de negar derechos a personas que huyen de las guerras y el hambre, bajo un falso esquema de pérdida de identidad de las poblaciones ricas.  Estamos, en definitiva, ante una Europa Fortaleza frente a las y los pobres.

El Gobierno y el Parlamento de España, en concreto, deben responder consecuentemente a las más de 700.000 firmas por la Iniciativa Legislativa Popular y regularizar a 500.000 personas en situación irregular, muchos de ellas y ellos trabajando sin derechos, así como ofrecer vías legales para la migración y el asilo en la UE.

Cuando gobierna la locura

Iosu Perales

Lesther Alemán, estudiante de 24 años, ignoraba que sus guardianes de la cárcel de El Nuevo Chipote, en Nicaragua, lo conducían hasta una sala donde le esperaba la jueza Nadia Camila Tardencilla y una fiscal, para juzgarlo y condenarlo a 15 años de prisión. Sin asistencia previa de abogado, ni garantías procesales, iba a ser juzgado no en sede de tribunales como manda la ley del país, sino en la misma cárcel donde ya lleva más de 200 días.

Unas horas antes, la ex ministra de salud sandinista (1978-1990) y legendaria guerrillera, Dora María Téllez, de 66 años. había recorrido los mismos pasillos para llegar a la misma sala donde le esperaba el juez Ángel Jancarlos Fernández y 15 años de cárcel por “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”.

Cuando Lesther Alemán quiso tomar la palabra que la ley le concede, la fiscal entre gritos ordenó a la jueza: “¡Cállelo, aunque sea su derecho, no le permita hablar!”, lo que la jueza acató, ordenando al joven guardar silencio. No obstante, en medio de un cierto caos, Lesther Alemán pudo gritar ¡Soy inocente!

Se espera que hasta el 24 de febrero se sucederán los juicios que la presidenta del Centro Nicaragüense de Derecho Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, de 83 años, ha calificado de farsa, en una declaración hecha por audio desde un lugar clandestino. Son 40 personas las que se sentaran en el banquillo, muchas de ellas con trayectorias impolutas como militantes del Frente Sandinista y que un día decidieron criticar la autocracia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero ya antes, más de 100 han sido procesadas con cargos absurdos como tenencia de drogas, lavado de dinero y acciones terroristas, en juicios sin garantías.
Las detenciones que aún no han terminado. Se iniciaron en las jornadas de abril de 2018, con las plazas y avenidas repletas de manifestantes exigiendo libertad. Se saldaron con más de 300 muertos e innumerables personas heridas, la inmensa mayoría víctimas de las balas de policías y milicianos reclutados por el régimen. Pocas semanas después tuvo lugar el llamado Diálogo Nacional, convocado por el Gobierno. En esa reunión, Lesther Alemán se hizo célebre. Tenía entonces 21 años.

Tomó la palabra y se dirigió a Daniel Ortega, reprendiéndole. Le acusó de ser responsable de la matanza y le conminó a rendirse. El presidente soportó con el rictus contenido, perplejo, al igual que su esposa vicepresidenta con cada demudada. Pero la venganza se sirve en plato frío y en julio de 2021 el líder estudiantil y vocero de Alianza Ciudadana, era por fin detenido. Ahora ha sido juzgado tras sobrevivir 200 días en condiciones insalubres, sin apenas contacto familiar y sin asistencia letrada.

Dora María Téllez, es una celebridad. García Márquez recreó su figura en un libro que cuenta cómo se hizo el asalto sandinista al Palacio Nacional en agosto de 1978, logrando la libertad de las y los presos políticos encarcelados por el dictador Somoza. Dejó su partido, el FSLN, en 1995, cuando el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez creó el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Hoy este partido se llama UNAMOS. Se presentó en precario en las primeras elecciones que pudo hacerlo en 1995 y obtuvo tan sólo el 1% de los votos. En 2006, una alianza encabezada por el MRS logró el 8%, un resultado todavía modesto, pero suficiente para preocupar a Daniel Ortega que ilegalizó al partido para salir de dudas e impedir su crecimiento.

Fue detenida en junio de 2001, junto a la activista de derechos humanos Ana Vijil, también condenada en estos días y que permanece a la espera de la sentencia que fije la cuantía de años de cárcel que le esperan. Dora María Téllez es una de las figuras políticas más destacadas de entre quienes se sentarán en el banquillo de acusados. Sin garantías procesales, la veterana dirigente sandinista es mal tratada sistemáticamente, tal vez como castigo al haber sido la primera en rebelarse a la autoridad de Daniel Ortega. Sus familiares aseguran que ha sido torturada desde que está presa y su régimen carcelario es especialmente duro, sin respeto a las garantías constitucionales.

Otros nombres conocidos son Víctor Hugo Tinoco, ex embajador en Naciones Unidas, el general en retiro Hugo Torres, Cristiana Chamorro, Suyén Barahona y hasta 16 candidatos a los que se les impidió presentarse a las elecciones del pasado 7 de noviembre. Por cierto, el general Hugo Torres dirigió el asalto sandinista a la casa del ministro de Somoza, Chema Castillo, en diciembre de 1974, con lo que se logró la liberación de Daniel Ortega que estaba preso.  

Este es un macro juicio político en el que abundan militantes de la izquierda y en menor medida de la derecha opositora, si bien también hay tres dirigentes empresariales presos, de la directiva del COSEP. Pero quienes detienen y encarcelan se llaman a sí mismos de izquierda y hasta revolucionarios. ¿Cuáles son las claves para saber quién es quién? Las claves están en los hechos, no en las palabras.

Aunque la pluralidad sea un valor que ya existe en la izquierda de cualquier parte del mundo, es evidente que cuando hay carceleros y encarcelados, esa pluralidad no es cierta. No es posible la convivencia entre quienes matan y quienes son asesinados; entre quienes sufren la ilegalización de decenas de organizaciones sociales y de ONG dedicadas a la solidaridad y a la cooperación para el desarrollo (OXFAM internacional, Diakonía, Intermón, entre las extranjeras, y otras 70 nacionales, varias de ellas de Mujeres). No puede haber pluralidad entre quienes ilegalizan partidos y alianzas para que no puedan presentarse a las elecciones y quienes son víctimas de semejante medida.

Por eso, la izquierda de cualquier lugar del mundo, y más todavía de América Latina, debe definirse, con la mayor energía por el fin de la represión. La izquierda debe saber también de las políticas neoliberales del régimen Ortega-Murillo. Basta con estudiar sus políticas fiscales, económicas, medioambientales, de recursos naturales… a lo que se une políticas de género netamente patriarcales. El neoliberalismo del régimen ha recibido felicitaciones del FMI por su obediencia a la institución.  

Hoy no hay en Nicaragua ningún periódico en letra impresa. La Prensa y Nuevo Diario tuvieron que cerrar al cortar el Gobierno el suministro de papel y tintas. Con los canales de televisión en manos de la familia Ortega-Murillo, los diarios digitales 100% Noticias y El Confidencial, resisten. Todo el cuadro represivo se justifica como respuesta a una agresión imperialista, pero independientemente de que Estados Unidos conspire siempre para mantener el control de su “patio trasero” que es como califica a Centroamérica, la actual crisis deriva de un poder autocrático que está sitiando Nicaragua. Un sitio que asfixia tanto que está provocando oleadas de migración, de salidas del país, rumbo a países vecinos, a Europa y a los Estados Unidos.

El drama es que sectores de la izquierda son incapaces de entender que se puede estar en contra de la injerencia externa y de la represión interna, y creen que hay que elegir entre los dos males. Es un error que habrá que explicar ante la historia que antes o después exigirá cuentas. Quienes sufren la represión en otros países debieran ser más sensibles ante lo que viven sectores críticos perseguidos en Nicaragua. La izquierda debe ser sinónimo de libertad no de oscurantismo. La izquierda no debe aceptar que un bulo, por lo demás insostenible, se instale en sus discursos. Me refiero a la calificación de las jornadas de abril de 2018 como golpe de Estado. Todo el poder concentrado en manos de Ortega ¿fue víctima de un intento de golpe protagonizado por una ciudadanía sin ningún poder? ¿Quién puede creer semejante mentira?  

A los presos políticos se les imputa “menoscabo de la integridad nacional y conspiración”. ¿Cuáles son las pruebas? Es una acusación difusa que sirve para manosear los procesos judiciales.

Ya para embarrar más el tablero de juego se les añade la imputación de blanqueo de dinero que es algo que molesta mucho, con razón, a la ciudadanía. No hay pruebas, pero no hace falta. Cuando no hay garantismo procesal y el escenario de los juicios es un espacio de arbitrariedad donde no se contrastan y se prueban los hechos, sino que se cumple la decisión del régimen Ortega-Murillo, ¿para qué hace falta demostrar nada? La venganza se viste con toga negra.

Llamo la atención recordando que hay dos izquierdas en este asunto. La representada por Gabriel Boric, presidente de Chile, que ha afirmado que lo que ocurre en Nicaragua es vergonzoso, siguiendo el camino de José Pepe Mújica, y la de los que todavía siguen atados a claves geopolíticas obsoletas. Pero incluso, quienes forman parte de esta última izquierda ni deben ni pueden moralmente dar la espalda al sufrimiento de quienes sufren la ira de dos personajes que pasaran a la historia como lo hizo el matrimonio Ceaușescu.

PD. de Acción en Red Madrid: el 12 de febrero murió asesinado por la tortura y la desatención en la cárcel de la dictadura de los Ortega–Murillo el general retirado Hugo Torres, verdadero sandinista que se enfrentó  a la dictadura de Somoza y ahora enfrentaba la de los OrMu. Véase su declaración antes de ser capturado por las hordas danielistas en junio de 2021: https://www.youtube.com/watch?v=UCuaP9LyOrg

Feliz año 2022

 

Fig.: Acción reivindicativa del grupo Boa Mistura con la Plataforma Luz para la Cañada y con la Asociación de Mujeres Tabadol para conseguir1#LuzParaCañada.
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.