Feliz año 2022

 

Fig.: Acción reivindicativa del grupo Boa Mistura con la Plataforma Luz para la Cañada y con la Asociación de Mujeres Tabadol para conseguir1#LuzParaCañada.
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.

Siguiendo la pista de la gran fiebre del oro

SIGUIENDO LA PISTA A LA GRAN FIEBRE DEL ORO

Revista UMOYA, nº 104, noviembre–diciembre

 

Federación de Comités en Solidaridad con África Negra

A medida que se dispara la demanda por el oro, la minería artesanal y el contrabando aumentan, financiando así el conflicto y la corrupción política, arriesgando vidas humanas y destruyendo el medio ambiente. La revista The Africa Report rastrea la ruta que sigue este mineral precioso desde las áreas controladas por los rebeldes hasta las joyerías del mundo.

Por Patrick Smith. Publicado el lunes 11 de enero de 2021, actualizado el viernes 15 de enero de 2021.

Fuente: The Africa Report

Conflicto, corrupción, muerte y destrucción medioambiental

La fiebre del oro es una de las fuerzas del mercado más perjudiciales en el mundo

A medida que aumenta vertiginosamente la demanda por el oro, la minería artesanal y el contrabando se disparan, financiando así conflictos y la corrupción política, arriesgando vidas humanas y destruyendo el medio ambiente. La revista The Africa Report rastrea la ruta que sigue este mineral precioso desde las áreas controladas por los rebeldes hasta las joyerías del mundo.

Santos Viriato vierte pesados cubos de agua y tierra dentro de contenedores de plástico mientras Julius Mthembu extiende toallas de baño sobre una cinta transportadora para recoger las partículas durante su actividad de extracción ilegal de oro en Roodepoort (Sudáfrica) en 2012. (AP Photo/Themba Hadebe)

El 14 de julio la crisis de la COVID-19 provocó que el World Gold Council (Consejo Mundial del Oro) (1), anunciase lo siguiente: «En 2020, los inversores han incorporado el oro como una estrategia clave de cobertura de cartera […] la pandemia probablemente tenga un efecto duradero en la asignación de activos. Asimismo, reforzará el valor del oro como un activo estratégico». Para el 5 de agosto, el oro ya había alcanzado su precio más elevado de todos los tiempos: 2 048 dólares la onza.

Mientras los comerciantes movían lingotes con solo presionar un botón, en Kamituga, una ciudad minera en la provincia de Kivu del Sur en la República Democrática del Congo (RDC), se produjo una tragedia. A primera hora de la tarde del 11 de septiembre, al menos 50 jóvenes excavadores, o mineros artesanales, se ahogaron en un río de barro cuando las lluvias torrenciales inundaron las minas de oro «Detroit» al sur de la ciudad. Cientos de habitantes locales que acudieron al lugar a ayudar solo encontraron un superviviente.

Se formó una cadena de jóvenes desde la entrada de la mina, que estaba sujeta por robustas vigas de madera, hasta abajo, pasando cubos de barro mientras los rescatadores buscaban a los mineros atrapados, muchos de los cuales habían estado trabajando a 40 metros bajo tierra en los pozos improvisados para la ocasión.

Kamituga ha sido una ciudad minera desde 1920, cuando se descubrieron allí cantidades ingentes de oro, lo que hizo que una sucesión de grandes empresas llegara al lugar. Pero son los mineros artesanales de Kamituga, junto con los fabricantes de herramientas, los comerciantes y los transportistas quienes sostienen la economía local.

Los precios descienden

Mientras la pandemia del coronavirus aumentó internacionalmente el precio del oro, los precios locales ofrecidos por los compradores en África en realidad descendieron, dice Joanne Lebert, directora ejecutiva de la organización IMPACT,(2) anteriormente conocida como Asociación (Partnership) África – Canadá, que trabaja para mejorar la gobernanza de los recursos naturales.

Los compradores se aprovecharon de la situación del Congo. Así que se introdujeron más intermediarios en lugar de confiar en la red de comerciantes locales” señala Lebert. “El transporte del oro en la región se hizo más difícil y los mineros salieron perdiendo”.

Los mineros de Kamituga conocen los altibajos del mercado internacional del oro. En medio de la desgracia económica mundial, este año iba a ser su momento. Las operaciones como la de la mina de Detroit son el peligroso punto de partida de una cadena de suministro que se extiende por la región a través de una red de comerciantes y, después, de refinerías locales antes de llegar a centros internacionales de comercio como Dubai. La mayor parte del comercio evade impuestos, regalías y mantiene la burocracia congoleña.

En Kamituga, hay alrededor de 300 mostradores de venta de oro, según activistas locales de la asociación Justice Pour Tous (Justicia para Todos). Un informe reciente del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la industria minera en el Congo indica que «un alto representante de la administración minera en Kivu del Sur estimó que alrededor de 300 kg de oro no declarado transitaron cada mes» por Bukavu, la capital de provincia. Sin embargo, las estadísticas oficiales solo registran exportaciones de oro de 5 kg por mes desde la provincia.

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Bandas criminales y zonas en guerra

La extracción del oro en África y su ruta más allá del continente: los orígenes ocultos

Durante años, el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha estado enmarañado en uno de los conflictos más complejos y mortíferos de África con una confluencia de fuerzas nacionales, combatientes locales y milicias con ayuda extranjera disputándose el control político, los recursos, las fronteras y la identidad étnica.

El contrabando descontrolado y el etiquetado incorrecto de los envíos de oro para evadir los impuestos locales y nacionales, así como los intentos internacionales de bloquear el oro de las zonas en guerra, han condicionado la industria del oro de la región. Las nuevas refinerías en la región de los Grandes Lagos de África pueden procesar más de 330 toneladas de oro al año.

Un minero congoleño trabaja en una mina de oro artesanal cerca de Kamituga, al este de la República Democrática del Congo (RDC), 1 de agosto del 2018. REUTERS/Djaffar Al Katanty

«Ahora hay una cadena de suministro por donde transita el oro de contrabando desde las zonas bélicas del Congo en Ituri y Kivu del Sur hacia refinerías regionales».

Los expertos de la ONU afirman que gran parte de la mercancía se trafica desde el este de la RDC y señalan en un informe que «Algunas refinerías han actuado como agentes, han efectuado pagos en efectivo para evitar el rastreo, han realizado intercambios comerciales entre refinerías que ocultaban el origen del oro clandestino y han utilizado redes corporativas, lo que dificulta establecer la verdadera titularidad del beneficiario » y que «La mayoría del comercio de oro evadió las redes bancarias reguladas».

Las operaciones más importantes son las realizadas por la compañía African Gold Refinery (AGR) en Uganda, con una capacidad de generar 219 toneladas anuales, así como la refinería Aldango en Ruanda, que puede procesar 73 toneladas en el mismo período. Los expertos de la ONU se remiten a documentos que muestran que Alain Goetz, vástago de una familia belga de comerciantes de oro, fundó la compañía AGR y tiene participaciones en la refinería Aldango, así como en una compañía con sede en Dubai llamada PGR Gold Trading.

Las declaraciones a The African Report de un antiguo investigador de las Naciones Unidas confirman que: «Ahora hay una cadena de suministro en la que el oro se trafica desde las zonas bélicas del Congo en Ituri y Kivu del Sur hacia refinerías regionales, después , se exporta a Dubai para volver a refinarlo y así poder mezclarlo con oro que proviene de otras fuentes. Finalmente, el oro procedente de una zona bélica del Congo puede acabar en un lingote de oro en Suiza».

En la frontera del noreste de la RDC, en Sudán, el modelo es similar. Los mineros artesanales en las zonas de conflicto como en el Nilo Azul, Kordofán y, sobre todo, Darfur, han producido toneladas de oro y lo han vendido a contrabandistas que lo transportan a los Estados del Golfo.

En 2018, Sudán produjo alrededor de 93 toneladas de oro, según declaró a Reuters el ministro de Minerías Adil Ali Ibrahim en noviembre de 2019. Esto situó al país como el tercer mayor productor de oro, después de Ghana y Sudáfrica. Entre 2014 y 2018, Sudán oficialmente exportó oro por valor de 8.600 millones de dólares, pero sus principales socios comerciales registraron importaciones de oro sudanés por un valor de 12.700 millones de dólares.

«La mayor brecha de valor está en el comercio entre Sudán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU)», afirmó Lakshmi Kumar, que lideró el equipo de investigación del centro de estudios Global Financial Integrity en Washington. Esta brecha de 4.100 millones de dólares es muy probable que esté causada por el contrabando, lo que supondría una pérdida de ingresos del Estado de más de 550 millones de dólares en ese periodo.

Un papel destacable en política

Sudán: Hemeti y las exportaciones de oro de 16.000 millones de dólares anuales a los Emiratos Árabes Unidos

Hasta enero del 2020, cuando Sudán abrió el mercado del oro para generar ingresos, el banco central en Jartum era la única entidad con potestad para comprar y exportar oro, por lo que estableció centrales de comercios locales.

Desde la revolución que expulsó al que entonces era presidente, Al-Bashir, en abril de 2019, el mercado del oro en Sudán se ha convertido en el eje central del poder político del país. Sin embargo, bajo el régimen del presidente Omar Al-Bashir, muchos mineros artesanales trataron con señores de la guerra u oficiales corruptos en lugar de pagar los impuestos locales o las regalías correspondientes.

«Hubo acuerdos profundamente problemáticos entre el régimen de Al-Bashir y, por ejemplo, las compañías rusas que no tenían experiencia en la explotación minera», afirma Kumar y añadió, «En un solo día, el gobierno de Al-Bashir les concedió 50 permisos, obviando las debidas diligencias». Su equipo asesora al nuevo gobierno sobre cómo hacer que la explotación minera sea más segura y contribuya más a las finanzas públicas.

Mohamed «Hemeti» Hamdan Dagalo, el número dos en el gobierno de transición, tiene intereses considerables en la industria. Su compañía familiar, AlGunade, se dedica a la extracción y comercialización del oro, con participaciones de su hermano Abdul Rahim Dagalo y de dos de los hijos de Abdul Rahim. Hemeti aparece como director, según ha comprobado en los documentos la ONG Global Witness. A día de hoy, Sudán exporta anualmente 16.000 millones de dólares, del oro a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).,

 

Hemeti ascendió al poder como General de Brigada a cargo de unos 5.000 – 6.000 combatientes de la milicia gubernamental Janjaweed. Se les rebautizó como las Fuerzas de Apoyo Rápido y, en 2017, tomaron el control de la mina de oro de Jebel Marra en Darfur, junto con otras tres minas.

Utilizaron los ingresos para comprar nuevas armas y una flota de miles de furgonetas de camuflaje, equipadas con artillería. Por todo el país, centenares de minas de oro estuvieron controladas por compañías en la sombra vinculadas a los servicios de seguridad bajo el régimen de Al-Bashir. Cuando estaba en el poder el Partido del Congreso Nacional controlaba minas y propiedades valoradas en más de 1.000 millones de dólares.

Fue decisión de Hemeti romper con Al-Bashir el último año y apoyar la revolución que resultó ser un punto de inflexión. No obstante, el primer ministro, Abdalla Hamdok, un civil, deberá ser cauteloso con sus iniciativas de reforma.

Aumentar los impuestos sobre el oro ayudaría a reforzar las tambaleantes finanzas del gobierno. Incluso los partidarios más fieles a la revolución temen que el deterioro de las condiciones económicas suponga que la transición pierda el apoyo popular, lo que permitiría que las fuerzas armadas tomaran completamente el poder y se olvidaran de convocar elecciones.

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Fondos para el crecimiento

Tesoro oculto del Sahel: El comercio informal del oro impulsa las insurgencias islamistas

En el Sahel han irrumpido varias insurgencias y han tomado el comercio informal del oro como una fuente de financiación para sus grupos y el reclutamiento de nuevos miembros.

Afiliados regionales de Al Qaeda y del Estado Islámico están en primera línea atacando las operaciones industriales de extracción, pero también están tomando el control de algunas partes del comercio informal del oro en Burkina Faso, Mali y Níger: un negocio que produce más de 50 toneladas de oro al año y que está valorado en 2 000 millones de dólares, según las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El año pasado, la agencia de noticias Reuters publicó una novedosa investigación que constataba que «para los islamistas, las minas [de oro] son tanto un escondite como un tesoro oculto de fondos con los que reclutar nuevos miembros y comprar armas, así como explosivos y detonadores para perpetrar los atentados que amplían su poder».

Los insurgentes sacaron provecho cuando se apoderaron de las minas. En los 24 emplazamientos que atacaron en Burkina Faso, las minas estaban generando más de 700 kg de oro al año, con un valor de más de 35 millones de dólares. Por ello, las fuerzas del gobierno han intentado recuperar el territorio cerrando minas en el norte y en el este.

Pero esto amenaza a la minería artesanal que sustenta a decenas de miles de familias. Las fuerzas del gobierno no han sido capaces de controlar las vastas zonas del territorio y mucho menos de interceptar a los contrabandistas que sacan el oro en coches y camionetas o, incluso, amarrado a vacas o escondido en fardos de heno.

Barras de oro antes del proceso de refinamiento en la refinería ugandesa AGR, en Entebbe.

Los insurgentes también tienen como objetivo el comercio de oro en Mali, donde los investigadores de la ONU descubrieron que grupos islamistas estaban cobrando impuestos a los comerciantes de oro en Kidal, en el extremo norte, así como en las zonas de extracción de oro en el oeste de Níger.

A pesar de que algunos estados más grandes de la región, como Ghana, Costa de Marfil y Nigeria, tienen agencias reguladoras más fuertes, gran parte de su producción de oro a pequeña escala elude la red de ingresos del gobierno.

Según el ministro de Medio Ambiente Kwabena Frimpong-Boateng , alrededor del 80% de los cursos de agua en Ghana han sido contaminados por los mineros al remover los sedimentos y verter residuos. La extracción ilegal está causando daños parecidos en el estado nigeriano de Osun, que se ha convertido en el centro aurífero con mayor crecimiento de la región.

De manera similar, en el sur de África, el contrabando de oro está privando al tesoro público de la nación de importantes ingresos, mientras que bandas criminales y oficiales corruptos controlan el comercio. En los últimos dos años, el oro se ha convertido en el material más exportado de Zimbabwe: las ventas formales están valoradas en 1.400 millones de dólares, aunque el oro de contrabando podría valer el doble.

El año pasado, el ministro de Finanzas Mthuli Ncube indicó que alrededor de 34 toneladas de oro pasaron de contrabando por la frontera hacia Sudáfrica, donde bandas criminales pueden venderlo a las refinerías. Después, puede acabar en las reservas de Sudáfrica, que tiene el número más grande de minas de oro en el mundo.

 


 

La carretera pavimentada con ladrillos dorados

¿Por qué motivo gran parte del comercio ilegal del oro de África transita por Dubai?

«El negocio del oro está cambiando. Muchas de las empresas más grandes están modificando sus estrategias», afirma Richard Morgan, director de relaciones gubernamentales en la multinacional minera Anglo American. «Estamos trabajando mucho menos en África y nada con el oro. Puede que Sudáfrica siga teniendo una reserva enorme de oro, pero para una empresa grande todo depende del análisis de rentabilidad», añade.

Un factor común del comercio ilícito del oro en África es la cantidad de metal que transita por Dubai. Las cifras de la base de datos COMTRADE de las Naciones Unidas muestran que la participación de África en las importaciones de oro en Dubai aumentó a un 50% del 16% que se había registrado entre 2006 y 2016.

El comercio no petrolero entre Dubai y los estados africanos alcanzó los 252.000 millones de dólares entre 2011 y 2018, convirtiendo al emirato en uno de los socios de comercio más importante del continente. Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están entre las diez fuentes de inversión más importantes de África, gran parte de ellas destinadas al sector minero. Los inversores con sede en Dubai están financiando una serie de pequeñas refinerías en el continente.

El zoco de Dubai es famoso por vender joyas de oro puro al precio más bajo. La razón es que, en parte, no paga impuestos o regalías a los países africanos de donde se extrae.

El comercio de oro representa cerca de un 20% de la economía de los EAU. Aunque su principal plataforma comercial, el Dubai Multi Commodities Centre, afirma que cumple con los «criterios internacionales» para el abastecimiento responsable elaborados por la OCDE y exige documentación detallada de exportación, estudios independientes lo ponen en tela de juicio.

En abril, la institución intergubernamental, Grupo de Trabajo de Acción Financiera (Financial Action Task Force), con sede en EE. UU., incluyó a Dubai en su lista de vigilancia, constatando el escaso número de procesamientos judiciales de este Emirato por blanqueo de capitales. Los cleptócratas y oligarcas encuentran incluso menos control de sus negocios en Dubai que en cualquier otro destino favorito como Londres o Suiza.

Un extenso informe sobre el sector financiero y comercial de Dubai, realizado por la fundación Carnegie en EE. UU., concluyó que las «instituciones altamente personalizadas» y «la falta de presión nacional e internacional» en los Emiratos significa que «sus élites son libres de resistirse a reformas que pongan en riesgo sus intereses establecidos o su visión política preferida tanto para Dubai como para los EAU en general».

Los intentos de los gobiernos occidentales de amonestar a Dubai por ayudar los flujos financieros ilícitos, como el contrabando del oro, pueden chocar con la necesidad de tener un aliado fiable en el Golfo. Varios expertos regionales afirmaron a The African Report que el reconocimiento de Israel por parte de los EAU en un acuerdo negociado por el secretario de estado de los EE. UU., Mike Pompeo, haría menos probable la presión internacional sobre los flujos financieros de los Emiratos.

Los estados africanos se enfrentarán a decisiones difíciles en la gestión de la ralentización económica provocada por la pandemia. Puede que muchos traten de reducir las pérdidas de ingresos por el contrabando de oro, pero tendrán dificultades para imponerse a los intereses establecidos que se benefician del floreciente comercio ilícito de la región de Dubai.

Este artículo forma parte de la edición en papel de la revista The Africa Report: ‘Where is Nigeria (really) heading?’ («¿Hacia dónde se dirige Nigeria (realmente)?»)

Notas de la Traductora

(1) El World Gold Council es la organización de desarrollo de mercado para la industria del oro. Funciona en todas las fases de la industria, desde la extracción de oro hasta el sector de inversiones, y su objetivo es estimular y mantener la demanda de oro. Se creó en 1987 y tiene sus oficinas centrales en Londres, Reino Unido.

(2) IMPACT, hasta octubre de 2017,“Partnership Africa Canada”, es una organización no gubernamental que intenta controlar el abastecimiento de minerales en regiones en conflicto y hace campaña contra los «diamantes de sangre».

Traducido por Carmen Collins Rivera

Universidad de Salamanca

Facultad de Traducción y Documentación

A las izquierdas del Foro de Sao Paulo

Al poco de saber la marcha al exilio de Mónica Baltodano y su familia, me he sentado ante el ordenador y me he puesto a escribir, sin un guion previsto, sin un plan organizado para elaborar un documento. De manera bastante improvisada y con el pensamiento puesto en la reacción crítica que debiera tener la izquierda y que no tendrá, salvo honrosas excepciones.

Seré claro desde el principio. Creo y siento que una parte no pequeña de la izquierda latinoamericana está desactivada intelectualmente, al igual que su proyecto político. Donde debiera prevalecer un pensamiento crítico, de combate, prevalece una posición conservadora que no se corresponde con pasados heroicos.

Dolorosa separación

Nicaragua y más exactamente el comportamiento político y ético de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pone a prueba a las izquierdas de América Latina. O despliegan una crítica que restituya la razón de ser de su misma existencia, el ejercicio de la verdad como fuente revolucionaria y solvencia moral, o persisten en una idea preconcebida que todo lo explica culpando de nuestros males a factores externos que siempre son y serán una amenaza (el imperialismo), pero que no pueden utilizarse como cortina de humo para tapar nuestros errores.

¿Qué hizo que un tipo como yo, vinculado a la revolución sandinista desde hace más de treinta y cinco años, cambiara su posición sobre Daniel Ortega y lo que representa? ¿Cómo pudo ser que una revolución admirada, terminara siendo denunciada por brillantes intelectuales? Lo hizo el ya fallecido Eduardo Galeano que había sido amigo íntimo de Tomás Borge. Y el Sub comandante Marcos y el zapatismo; y José Pepe Mújica; y Noam Chomsky; y Boaventura do Santos; y el colombiano Gustavo Petro; y el teólogo Leonardo Boff; y recuerdo especialmente a Marta Harnecker que meses antes de morir quiso traducir al inglés uno de mis artículos críticos sobre Nicaragua para distribuirlo. Y lo hizo. A nadie de izquierda, en su sano juicio, se le ocurriría relacionar a alguno de estos nombres con intereses foráneos.

Podría citar una gran cantidad de personas de izquierda que, como yo, han suscrito artículos y declaraciones pidiendo a Ortega que libere a los presos políticos, se lleve a la justicia a los responsables de los tiroteos contra gente indefensa en abril de 2018 y que el gobierno dialogue y negocie una salida democrática con otras fuerzas sociales y políticas del país. Recuerdo ahora la primera declaración que firmé en 2006. La compartí con personas tan honorables como Miguel Núñez, octogenario condecorado por la revolución sandinista, siempre leal al principio de decir la verdad. Ya entonces denunciamos lo que tenía todo el aspecto de ser un gobierno autócrata, tal y como el paso del tiempo ha puesto de relieve.

Lo cierto es que principales aliados del gobierno de Ortega, durante los últimos 11 años, y hasta el estallido social de abril de 2018, eran los banqueros, los principales empresarios del país y las dirigencias del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Juntos venían dándole rango constitucional a su “modelo de alianzas”. Ortega al frente del Estado garantizaba estabilidad social y oportunidades para hacer negocios y enriquecerse como nunca, tanto él como sus socios del gran capital (familia Pellas, por ejemplo). Ortega, como caudillo, armonizaba su proceder neoliberal con paliativos sociales de corte clientelar y asistencial para el sostenimiento de su base electoral. Algunos intelectuales de derecha llegaron a calificar esos manejos como “populismo responsable”.

Tratados de libre comercio y buena nota del FMI

Lo cierto es que, hasta el 18 de abril de 2018, las relaciones de Ortega con Estados Unidos eran notablemente buenas. No podía ser de otra manera, pues privilegió todas las políticas de libre mercado: los tratados de libre comercio, las facilidades para las maquilas y las concesiones sin condiciones al capital extranjero. Además, aplicó con mano dura las políticas migratorias gringas, y por la frontera sur de Nicaragua no se colaba nadie que pudiera tener planes de emigrar a Estados Unidos. Ortega convirtió los límites nicaragüenses en el deseado muro de Trump. Igualmente, el orteguismo autorizó la presencia militar estadounidense y la acción de la DEA en Nicaragua con el pretexto del combate a la narcoactividad. Por todo ello llevó a Nicaragua a obtener las mejores notas del FMI, del Banco Mundial y del BID. Las relaciones de los últimos 11 años con Estados Unidos fueron de las más cordiales, basadas en el principio de que lo que importaba era lo que el gobierno nicaragüense verdaderamente hacía, no lo que aparentaba hacer, y menos lo que ocasionalmente decía.

Llegó lo de abril de 2018 y la fachada del régimen comenzó a fracturarse.

Protestas de la gente, desde abajo

Las protestas contra la disminución de las pensiones en un 5%, y contra el aumento de las cotizaciones de los trabajadores y empresarios al INSS, debiera haber conducido a la apertura de un diálogo con las partes sociales interesadas. También debieron ser debatidas como exigen las leyes de Nicaragua en la Asamblea Nacional, pero se pretendieron imponer por decreto presidencial. Es verdad que el Gobierno reculó ante la oleada de protestas, pero los manifestantes en lugar de guardar las pancartas las sacaron de nuevo a las calles y plazas, extendiendo sus reivindicaciones al cuestionamiento de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Una parte muy importante del pueblo sintió que era la hora de exigir cambios radicales en las políticas de Daniel y la Chayo, así como la liberación de los presos. Y es que en el orden social nada estaba cambiando en el país, si no es a peor, en una economía que funciona bajo la obediencia al Fondo Monetario Internacional, y por consiguiente aumenta las desigualdades sociales. La estrategia del asistencialismo siempre otorga ventajas a un gobierno, pero es poco recomendable cuando se trata de transformar la sociedad.

No, no estamos en ninguna segunda etapa de la Revolución, no se están realizando transformaciones que consoliden en Nicaragua un sistema de justicia social. Todo lo contrario: se ha fortalecido, como nunca antes, un régimen económico-social corrupto en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios. Algunos portavoces de grupos que apoyan incondicionalmente a la pareja gobernante Ortega-Murillo aluden a una supuesta mejoría de la realidad económica y social de la población. No es verdad. Han mejorado los leales al régimen, y muy poco. Sin embargo, ni siquiera unos posibles avances sociales justifican la violación sistemática de los DDHH y la represión continuada y arbitraria que practica el Gobierno.

En segundo lugar, se ha profundizado la subordinación del país a la lógica global del capital. Nicaragua, se ha ido entregando a las grandes transnacionales y a los capitales extranjeros, que llegan a explotar riquezas naturales o a aprovecharse de la mano de obra barata, como sucede en las zonas francas. El caso más patético de esta lógica entreguista del país y de sus recursos es la concesión a un empresario chino de la construcción del Canal Interoceánico. Pero ha habido previamente muchas otras concesiones mineras, forestales, pesqueras, en la generación de energía, que han ido ocupando todo el país.

En tercer lugar, el actual sistema económico-social imperante en Nicaragua trata de reducir a la mínima expresión las resistencias sociales. Por otro lado, se ha desarrollado un desmedido proceso de concentración de poder en la pareja Ortega-Murillo y su círculo más cercano. Es un poder que amenaza con destruir todo vestigio de institucionalidad democrática. Ahora mismo Nicaragua funciona como se hubiera un partido único, con algún partido “zancudo” dando cobertura al régimen. El régimen funciona con círculos concéntricos: el más pequeño formado por Ortega-Murillo y algunos familiares y amigos de siempre; el segundo círculo el de algunos veteranos leales en el ejército y la policía; el tercero por los secretarios del partido en los territorios; el cuarto el de grupos milicianos a las órdenes de Rosario Murillo.

El golpe que nunca existió

Pero ¿qué pasó realmente aquel ABRIL de 2018? Leí la declaración de La Habana del Foro de Sao Paulo y me tuve que frotar los ojos. En ella se avalaba la versión de Ortega-Murillo, completamente insostenible desde el uso de la razón. Puedo entender que se tratara de echar una mano al verdadero poder de Nicaragua y sus prácticas represivas, pero no al precio de negar el sentido común.

Ortega-Murillo, la pareja gobernante afirmó que se trataba de una tentativa de golpe de Estado. El caso es que un hubo un golpe parlamentario y de los jueces en Brasil para eliminar a Dilma Rousseff; hubo golpes parlamentarios en Honduras y Paraguay, para quitar de presidentes a Zelaya y Lugo. Pero, en Nicaragua toda la fuerza está concentrada en el Gobierno. El ejército, la policía y el propio parlamento son fieles a Ortega-Murillo (71 parlamentario de 92). ¿Son los golpistas lo estudiantes? ¿Dónde están y quiénes son? ¿Son las madres que se manifestaron en Managua desafiando a los francotiradores? ¿Dónde están las armas de los golpistas? Qué más quisiera Daniel Ortega que presentar golpistas y armamento en los medios de comunicación. Pero no los hay. Otra cosa es que la inteligencia de EEUU trate de aprovechar la ola de la protesta popular para infiltrar su propaganda, pero esto es siempre esperable y no modifica la idea de que el famoso golpe es un invento para dar cobertura a lo que está pasando durante los últimos tres años: la persecución y detención de cientos de jóvenes bajo la acusación de terroristas. Recuerdo que en la URSS el régimen utilizaba el lenguaje del marxismo para justificar un capitalismo de Estado. Pasa igual en Nicaragua con el lenguaje antiimperialista de Ortega para justificar la concentración de poder.

Lo cierto es que da la risa calificar de golpe de Estado a los acontecimientos de abril de 2018. Nadie con sentido común podemos avalar semejante tesis. Insisto, ¿es alguien capaz de identificar a los golpistas? ¿de mostrar sus armas?

Me parece tan ridículo afirmar lo de golpe como decir que la acusación de Zoilamérica de abusos sexuales fue un montaje de la CIA. Nadie va a ser más radical que yo mismo en lo que tiene que ver con la condena de las políticas de EEUU, pero decir que todo aquello que hacemos mal es como consecuencia de la obra del imperialismo, es una cortina de humo que nos impide acceder a un diagnóstico de lo que realmente está sucediendo.

Mujica, Galeano, Saramago

En contraste con la reunión de aquel Foro de Sao Paulo en La Habana, en esos mismos días, José Mujica, ex presidente de Uruguay afirmó: «En Nicaragua gobierna una autocracia». Como se sabe es el régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación. Es sinónimo de dictadura. Sus palabras fueron: «Un sueño se desvía, hay una autocracia. Perdieron el sentido de la vida quienes ayer fueron revolucionarios», afirmó en relación a Ortega, y luego pidió que dejara la presidencia de su país. Mucho antes, en agosto de 2008, el escritor Eduardo Galeano, también uruguayo, a propósito del juicio promovido por el gobierno de Daniel Ortega contra el monje y poeta Ernesto Cardenal, escribió: «Toda mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida persona, hermano mío del alma, contra esta infame condena de un juez infame al servicio de un infame gobierno». En esos mismos días, José Saramago gran escritor y comunista, calificó a Ortega de indigno de su propio pasado. Al menos en la izquierda también hay voces luminosas, pensé cuando escuché estas reacciones.

La grandeza de la izquierda reside en la capacidad de verdad que sepa soportar. Pero con frecuencia la verdad, o no se reconoce o se silencia.

Las jornadas de abril 2018 fueron terribles. Según datos cruzados de diferentes organismos de DDHH fueron entre 325-350 las personas asesinadas. De ellas un 85% por el régimen y un 15% por grupos violentos contra policías y paramilitares. El caso es que el Gobierno de Daniel Ortega tenía y tiene la responsabilidad de velar por la vida de todas las víctimas, incluso si hubiera señales –que no las hay- de que las protestas obedecieran a directrices violentas. No se puede quitar la vida con la única finalidad de sembrar el terror.

La izquierda, como portadora de valores humanistas no tiene nada que ganar con quienes desprecian la vida de otros.

Algunos nombres de la represión

Con el corazón en la mano. Conocemos a la mayoría de personas perseguidas y muchas ya detenidas en régimen de aislamiento, la izquierda del Foro de Sao Paulo sabe quiénes son Víctor Hugo Tinoco, el exgeneral Hugo Torres, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Mónica Baltodano, Sergio Ramírez, Julio López, Irving Dávila, Tamara Dávila, Suyen Barahona, Gioconda Belli, Henry Ruiz, Edgar Tijerino, los hermanos Mejía Godoy, Norma Helena Gadea, René Vivas, Víctor Tirado, los hermanos Carrión (Luis ya exilado), los hermanos Cardenal ya fallecidos, todos ellos auténticos sandinistas, como el comandante Henry Ruiz. ¿Podemos creer que son traidores a la patria, como proclama Daniel Ortega? ¿Qué están al servicio de Estados Unidos?

Contra ellos y lo que representan va la represión, así como contra una larga lista de opositores liberales, conservadores, sandinistas disidentes, todos los cuales están en su derecho de organizarse y presentar candidaturas para las elecciones de noviembre. También empresarios son perseguidos y detenidos. Con una excepción: las grandes fortunas nacionales son tratadas con guante blanco.

A muchas de las personas detenidas y encarceladas se les imputa arbitrariamente delitos de traición a la patria, una figura jurídica, creada ad hoc, que permite a Ortega y Murillo ordenar nuevas detenciones cada día, y convertir en delito la libertad de expresión. Ortega trata de deshumanizar a la oposición afirmando “no son oposición, son criminales”. Terrible. Muchas de las detenciones se producen bajo la presunción de culpabilidad. No hay aplicación de la ley, hay venganza y ajustes de cuentas. Una mayoría abrumadora de dirigentes sandinistas de los años setenta y ochenta han abandonado el partido FSLN, sin dejar de ser sandinistas, críticos con la concentración de poder de la pareja gobernante. Una pareja en la que Ortega pone la venganza y Murillo el esoterismo.

Repito: La izquierda no tiene nada que ganar con Daniel Ortega. Y lo que es peor, la defensa de su política de asalto y violación a los derechos humanos mancha también la historia colectiva de las izquierdas.

La verdad es siempre revolucionaria

Reconozco que durante años he sido participe de un comportamiento de la izquierda que consiste en callar, silenciar y dar la espalda a realidades que no nos gustan criticar porque entendemos, erróneamente, que al hacerlo perjudicamos a nuestra causa. La declaración que firmamos en 2006 un grupo de personas vinculadas a la historia de la solidaridad con Nicaragua no me exime de responsabilidad. Debería haber sido partícipe de ese principio ético de que la verdad es siempre revolucionaria. Realmente, lo que nos hace daño es tapar y justificar actuaciones de la izquierda que deben ser criticadas por otras izquierdas. Desde una posición sana, deberíamos interesarnos en esclarecer la verdad, para fortalecernos política y moralmente.

El caso es que nos encontramos en un escenario político surrealista. La pareja gobernante parece querer instaurar una dinastía en el poder, al punto de que sus propios hijos ocupan de manera irregular responsabilidades de Estado por mandato autocrático, sustituyendo en viajes oficiales a ministros e incluso al canciller. Lo cierto es que todo el poder está concentrado en la familia Ortega-Murillo y en un pequeño grupo de incondicionales que alimentan la existencia de un caudillaje que les proporciona seguridad para ejercer de cargos públicos con derecho a mejorar su patrimonio. Como afirma el histórico guerrillero Henry Ruiz, «ya no hay ideología, no hay mística, no hay normas, no hay debate, no hay nada». Pero este vacío no impide que con el lenguaje del antiimperialismo Ortega siga manteniendo un ascendente significativo sobre una amplia parte de la sociedad. En parte por apoyos que vienen de tiempos de la revolución, en parte por una práctica de clientelismo que se alimenta de un asistencialismo en forma de pequeños lotes agrarios, de láminas de zinc, de bicicletas, y otras donaciones cubiertas hasta ahora con dinero procedente de la generosidad petrolera venezolana. Además, favores personales, premios y castigos, que se completan con una vigilancia diaria a través del cinturón de hierro tejido por la vicepresidenta Rosario Murillo, que ha sabido crear una fuerza social que presta servicios al Gobierno bajo la fórmula de participación ciudadana.

El mítico comandante Henry Ruiz, el más veterano de la guerrilla en la montaña, lo denuncia: «Al principio nos pareció que su programa apuntaba a una economía de desarrollo nacional. Fue un espejismo. Se fue rapidito al INCAE para asegurar a los grandes empresarios nacionales que respetaría sus negocios e impulsaría privatizaciones. Ustedes hagan la economía y yo haré la política, les dijo».

¿Por qué seguir callando?

¿Por qué falta valor en la izquierda para reconocer el mensaje abrumador de los hechos? ¿por qué seguir callando?

La autocrítica nos hace fuertes, la autocomplacencia nos da fachada sin cimientos; pronto se derrumba por su propio peso.

En la izquierda hay mucho conservador. Ser de izquierda no es sinónimo de ser revolucionario, ni siquiera en América Latina. En cambio, ser revolucionario es siempre ser de izquierdas.

La gran reserva estratégica de la izquierda reside en no fallar al pueblo, en la credibilidad, en decir la verdad, en ser una fuerza valiente, transparente. Por eso la autocrítica es tan necesaria. Y lo es porque la sociedad que perseguimos sólo se podrá lograr si nuestros actos, nuestras acciones, nuestras palabras, van en consonancia con lo que decimos. Las falsas retóricas nos alejan de nuestra función educadora de la sociedad.

No podemos aceptar que se nos asocie con un proyecto represivo que violenta los DDHH, la libertad de expresión, y los derechos civiles y políticos de sectores de la población nicaragüense. La represión sobre el pueblo es lo contrario de lo que predicamos y por lo que luchamos. Tapar comportamientos erráticos de la izquierda nos intoxica y nos resta toda credibilidad.

La izquierda, las izquierdas, defendemos la libertad y como dijo Rosa Luxemburgo en “Reforma o revolución” la libertad lo es especialmente para quienes piensan distinto.

Tras las experiencias negativas de países del Este, las y los revolucionarios no podemos ser asociados con esas realidades. Precisamente, los Derechos Humanos son hoy una agenda aliada de la izquierda y de los revolucionarios. En el mundo derechista que vivimos, bajo el poder de mafias financieras, los DDHH son una oportunidad, un programa para la izquierda. Pues bien, los DDHH no se respetan en Nicaragua. Las izquierdas debemos levantar la bandera de los DDHH que debe ser innegociable.

Cronológicamente no sé cuándo empezó este deterioro de la pareja Ortega-Murillo. Pero el pacto con Arnoldo Alemán fue una decisión que ha marcado para siempre a Daniel Ortega. Negoció su acceso al poder con un corrupto condenado en los tribunales, así como con el sector más conservador de la Iglesia Católica, a cambio de votar en contra de una ley de aborto terapéutico. La conversión de Daniel, sus repentinas apariciones dominicales televisadas en la catedral, incluso con Lenin Cerna, me parecieron patética. Nada creíble, puro oportunismo. ¿Es normal que un partido que se auto considera de izquierda proclame que el país es oficialmente cristiano? “Nicaragua cristiana, solidaria y socialista”, es la divisa del Gobierno. Semejante confesionalismo en pleno siglo XXI, es inaceptable, pues es mera manipulación de las emociones populares. Ciertamente, mueve a la vergüenza este sesgo seudo religioso. Rosario Murillo, la vicepresidenta, ha creado una especie de evangelio propio, invoca a Dios y la Virgen y reviste de misticismo a su compañero, Daniel Ortega: «Dios» y «Daniel». Este «evangelio» choca con la cultura democrática, incluso con los valores de la izquierda. El providencialismo y el caudillaje es un mal que ha hecho mucho daño en América Latina.

Izquierda y conservadurismo

Termino. Desde algunas voces de la izquierda se defiende al régimen de Daniel Ortega aludiendo a que con la derecha sería peor o que la lucha contra el neoliberalismo justifica la utilización de cualquier medio, a tal punto que la crítica a lo nuestro se interpreta como un regalo al enemigo. Con frecuencia la izquierda latinoamericana ha caído en un pragmatismo funcional para defender causas indefendibles sin explorar en explicaciones sin trampas que permitan alcanzar el conocimiento objetivo de la realidad Por esa razón, ha tolerado la supresión de la libertad en nombre de la libertad. Y ha tolerado la corrupción y despotismo de algunos de sus líderes, por ejemplo de Ortega, en nombre de la necesidad urgente de acceder o mantenerse en el poder. Pero una moralidad que corrija el mundo que vivimos no se puede construir a partir del despotismo y la corrupción.

El espíritu conservador en la izquierda se manifiesta habitualmente en la incapacidad de cultivar un sentido de la crisis, una atención crítica continuada a lo que sucede en la vida real. Se prefiere obviar los hechos, enmarcarlos en todo caso en un cuadro explicativo unilateral y acrítico, con tal de salvar unas categorías ideológicas y políticas ya obsoletas. Este espíritu conservador no está preparado para revisar legados ideológicos y producir ideas e imágenes más ricas y adecuadas a nuevas situaciones. Convierte lo revolucionario en una pieza arqueológica en lugar de hacer de ello una palanca para, si hace falta, recomenzar de nuevo. Es verdad que la idea de criticar lo propio no tiene una historia muy extensa y la del pensamiento crítico menos todavía, pero las gentes de izquierda necesitamos recorrer un camino que nos libere de camisas de fuerza intelectuales que nosotros mismos hemos construido, mediatizados por nuestros propios temores.

La Nicaragua que fue y la de hoy

Muchas voces de izquierda tienen una opinión anticuada sobre la realidad de Nicaragua. Anticuada porque pertenece a lo que fue, no a lo que es en la actualidad. Es una construcción ideológica la que expresan esas voces, no parten de los datos, más bien los obvia porque sólo así la ideología intervenida por ideas preconcebidas puede prevalecer. Me da pena, pues la nueva sociedad deseable necesita más que nunca construirse desde los datos de una realidad viva, sea la que sea. Yo, con humildad, aconsejaría a los defensores de Ortega que vayan estos días a Nicaragua. Que hablen si quieren con las autoridades, pero que hablen también con la gente, que vayan a las universidades y barrios, que dialoguen con los pobladores y escuchen sus testimonios que denuncian el despliegue de fuerzas paramilitares y las redadas contra opositores por el hecho de serlo. Vayan, vayan a Nicaragua, y sean consecuentes con la idea de que la verdad es siempre revolucionaria.

¡Viva Sandino!

Soberanía alimentaria en tiempos del coronavirus en África Occidental

E. C. Simón
Revista Umoya, nº 102, 2021

Zonas devastadas por conflictos, enfermedades en los cultivos, invasiones de langostas, acaparamientos de tierras… la lista de obstáculos al desarrollo en África continúa. La epidemia de Covid-19 es solo uno de muchos. Sin embargo, la crisis parece mostrar la capacidad de resiliencia de los pequeños agricultores del continente, en particular los de África occidental, que centrándose en los cultivos tradicionales tratan de alimentar a sus comunidades en tiempos de pandemia.

Hace tiempo que numerosas organizaciones y expertos comprometidos con la preservación del medio ambiente y la justicia económica vienen denunciando la insostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos. La llegada de la pandemia no ha hecho sino sumarse a una serie de fenómenos que ya padecía el continente africano y que le impide un desarrollo integral.

Desde el incremento de los monocultivos (maíz, soja…), a menudo transgénicos, con la consiguiente pérdida de diversidad agrícola, pasando por el aumento en el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas, que contaminan agua y suelo, hasta llegar al acaparamiento de tierras para la plantación de agro-combustibles o de cultivos para la exportación, son sólo algunas de las preocupaciones de los agricultores africanos.

A esto hay que añadir que en Burkina Faso, Chad, Costa de Marfil, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria y Senegal ha habido graves inundaciones que han destruido cultivos y han provocado la pérdida de muchos animales domésticos. Estas lluvias son uno de los fenómenos extremos asociados al cambio climático. Otras preocupaciones son las plagas, como el gusano cogollero, que ataca los cultivos de maíz, o la langosta, que está en aumento en África Oriental. Todo esto mezclado con la continua inseguridad vinculada a determinados grupos terroristas y con la aparición del coronavirus.

La población rural es mayoritariamente joven y, por el momento, la epidemia ha afectado principalmente a las ciudades y a una proporción muy pequeña de la población, por lo que se prevé que tenga un impacto menor en los hogares rurales que la malaria, el dengue o el VIH-SIDA.

La crisis del coronavirus ha amplificado los problemas en las cadenas cortas de suministro, debido a los cierres y las restricciones en los mercados informales y al aire libre, ya que es más complicado cumplir las medidas de higiene y de distanciamiento social. Los cierres de mercados en Burkina Faso, Ghana o Senegal, entre otros, han cortado las rutas de aprovisionamiento para las comunidades y los puntos de venta para los agricultores, agravando situaciones de pobreza.

Cuando Ghana decretó el confinamiento, los precios de los alimentos básicos aumentaron en un 20- 33%, con importantes repercusiones para quienes poseen pocos recursos. Aunque la pandemia no ha impactado tanto la salud como en otras zonas del mundo, es evidente el impacto del cierre de fronteras y en la subida de precios de algunos alimentos de importación.

Sin embargo, algunos países de la costa de África Occidental (Costa de Marfil, Benín, Togo, etc.), junto con el sur de Malí y Burkina Faso, por mostrar un ejemplo, están demostrando ser relativamente resistentes a los efectos de la epidemia, y la crisis de salud probablemente tendrá un impacto limitado en su producción de alimentos. Las razones hay que buscarlas en diferentes peculiaridades y en afrontar las dificultades como una oportunidad.

En primer lugar, los agricultores de esta zona suelen tener cultivos tradicionales, no intensivos. Estos países tienen un gran potencial para producir cultivos tradicionales como la mandioca, el plátano, el ñame y el sorgo, que generalmente se cultivan de forma no intensiva, con un uso muy limitado de fertilizantes y plaguicidas. Por lo tanto, no se han visto afectados por los problemas de suministro de insumos.

En segundo lugar, los productores han podido contar con la mano de obra agrícola que todavía está disponible en las zonas de producción a pesar de las recientes restricciones de movimiento: toques de queda, bloqueos de ciertas ciudades. En el apogeo de la temporada, los trabajadores agrícolas generalmente permanecen en su región de origen para plantar, mantener y cosechar cultivos. La única excepción es la  producción de cacao en Costa de Marfil y Ghana, que utiliza trabajadores de países vecinos.

En tercer lugar, esta crisis ofrece la oportunidad de cambiar patrones de consumo y tipos de cultivos, ya que cada vez más población vive en las ciudades y son los consumidores urbanos los que constituyen una fuerza importante para el cambio. Las clases medias y con menos recursos pueden comprar más productos locales como maíz, sorgo, mandioca, ñame o plátano, en lugar de arroz y trigo importados. Con la caída de los precios de combustible y transporte, las raíces, los tubérculos y el plátano, que son particularmente pesados, son más accesibles.

Dadas las actuales dificultades de suministro, Marruecos, por ejemplo, ha cerrado sus fronteras y ya no puede abastecer a los mercados de África occidental con cebollas y naranjas, esos consumidores también tendrán que comprar más frutas y verduras locales. Siempre que estos productos sean de buena calidad, los consumidores pueden optar por comprar menos alimentos importados de Europa (congelados, enlatados o frescos).

Además, algunos gobiernos han decidido aumentar sus reservas de alimentos de emergencia, principalmente cereales, para hacer frente a posibles contratiempos en el mercado mundial del arroz a corto y medio plazo. Las organizaciones de productores, por ejemplo de Benín, han podido vender recientemente sus existencias de la cosecha 2019/20 a un precio aceptable. Asimismo, los precios de la fibra de algodón en el mercado mundial han caído un 20% desde enero de 2020 y los tipos de los anacardos un 36%, lo que obliga a los agricultores a tener que diversificar sus cultivos. En Malí, la cadena de valor del algodón ha fijado el precio de compra de la semilla de algodón en 200 francos CFA/kg para la temporada 2020/21, en comparación con los 275 francos CFA del año pasado (un 27% mayor). Esto facilita el acceso a las semillas de las economías más pobres.

Por último, los precios de venta de los productos de exportación (anacardos, caucho, algodón, sésamo, etc.) últimamente han caído drásticamente. En respuesta a esta caída en los ingresos, los agricultores tienen la opción de aumentar, en su sistema de rotación de cultivos, la superficie dedicada a cultivos tradicionales para el mercado local.

La capacidad de los agricultores para beneficiarse de estas oportunidades dependerá de la duración de las restricciones al transporte terrestre y aéreo y, sobre todo, de la rapidez con que reaccionen. Las cadenas de valor de los cultivos locales de África occidental pueden volverse más competitivas en relación con los alimentos importados e impulsar la soberanía alimentaria de estos países. En definitiva, se trata de transformar el sistema alimentario para que genere resiliencia a todos los niveles y para ello se precisan políticas públicas adecuadas, fomentar los mercados locales con las debidas medidas de seguridad y permitir el acceso de los agricultores a los recursos que necesitan.

También se hace necesario revisar urgentemente todo lo que obstaculiza su soberanía alimentaria. Los acuerdos de propiedad intelectual que rigen los recursos genéticos agrícolas, como los cultivos y la ganadería, no deben impedir el uso y el intercambio gratuito de variedades y razas agrícolas entre los campesinos y sus comunidades. La conservación y el intercambio de semillas son prácticas vitales para los agricultores del Sur Global. A largo plazo, es preciso una reforma agraria para reducir las grandes desigualdades en el acceso a la tierra, especialmente para los millones de pequeños agricultores que cultivan menos de dos hectáreas en África subsahariana.

La sociedad civil organizada, sobre todo las organizaciones comunitarias, los grupos de agricultores y las cooperativas, han demostrado ser un amortiguador eficaz contra los impactos de la pandemia. La soberanía alimentaria, que enfatiza la toma de decisiones democráticas en el sistema alimentario y el acceso a la tierra y a los recursos, debe ser el objetivo a seguir por las diferentes comunidades convirtiendo las dificultades actuales en oportunidades de futuro. Esta situación ha demostrado que los gobiernos pueden y deben intervenir para corregir los fallos del mercado y reorientar las actividades económicas para servir al bien común.

Fuentes:

http://umoya.info/umoyaweb/Umoya_102_web.pdf
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/COVID-19_CommuniqueES%281%29.pdf
https://azadaverde.org/soberania-alimentaria-en-tiempos-de-covid-19