El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.

Acción en Red se suma a la denuncia por parte diversas organizaciones no gubernamentales de esta sentencia 134/2017, que  «desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las comunidades autónomas adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias».

Puedes leer el comunicado completo aquí. Comunicado_STC 134-2017

Queremos agradecer de todo corazón vuestro apoyo a todas las personas que pasasteis el Domingo 3 de Diciembre por el Mercadillo Solidario NI UNA NIÑA SIN EDUCACIÓN. Gracias a vuestras donaciones hemos podido reunir la cantidad de dinero suficiente como para cubrir la mitad de los gastos de escolarización del nuevo curso para las cuatro niñas de Sololá (Guatemala) y las seis de Dadaab (Kenia) con las que nos hemos comprometido a apoyarles en sus estudios. Seguiremos trabajando para completar el ciclo.

En la organización de esta actividad merece un reconocimiento especial el grupo intercultural de mujeres Caminando Juntas Hacia la Igualdad, que es su motor principal, pero también lo merece el colectivo de jóvenes refugiadas que han aportado su saber y su dedicación en la preparación y desarrollo de diferentes aspectos de esta actividad.

No podemos olvidar mandar un abrazo solidario a Rxiin Tnamet y a Save a Girl Save a Generation, que se encargan de tutorizar  los estudios de las niñas en destino, con la buena noticia de que, un año más, pueden, podemos, seguir haciéndolo.

Desde el pasado lunes 20 de noviembre, casi 500 inmigrantes argelinos que llegaron a costas españolas a través del Mediterráneo están recluidos en el Centro Penitenciario Málaga II, en Archidona, cuya apertura estaba prevista para enero del próximo año.

La precipitada utilización de este centro para unos fines diferentes a los iniciales deja en situación de notable desprotección a las personas internas, que no disponen de infraestructuras adecuadas ni de la asistencia legal necesaria.

Numerosas organizaciones sociales mostramos nuestro rechazo ante esta situación completamente ilegal, ya que la ley impide que los Centros de Internamiento de Extranjeros tengan carácter penitenciario y este recinto, aún sin inaugurar, es una cárcel que depende directamente de Instituciones Penitenciarias. Los actuales centros de internamiento ya son en la práctica cárceles sin los mínimos requisitos, pero internarlos directamente en centros penitenciarios supone dar un paso más en la criminalización de la población inmigrante y no garantiza muchos otros derechos básicos, como no superar las 72 horas de detención antes de pasar a disposición judicial, la asistencia letrada y traducción adecuadas, o el acceso al procedimiento de asilo.

Exigimos por ello al Ministerio de Interior que rectifique de manera inmediata en la utilización de cárceles para internar a personas migrantes que no han cometido ningún delito, el cierre de los actuales Centros de Internamiento de Extranjeros, que no son más que cárceles encubiertas y que, en su lugar, habilite dispositivos de acogida que garanticen los derechos fundamentales y respeten la legalidad vigente. A las autoridades autonómicas y locales les exigimos que pongan los medios y la voluntad política necesarios para gestionar, de forma organizada y garantista, una complicada situación que no sólo es fruto de numerosas llegadas de migrantes a nuestras costas, sino también de la falta de previsión, de asunción de responsabilidades y de voluntad política, haciendo primar un enfoque de seguridad nacional por encima de la ayuda humanitaria y la protección de los derechos humanos.

#NiCárcelNiCIE