Nota ante la decisión del Gobierno español de acoger al «Aquarius»

La decisión del Gobierno español de acoger el barco “Aquarius” da motivos de esperanza en que se produzca un cambio en las políticas de inmigración y refugio en España. Un cambio que no significa otra cosa que cumplir con toda una legislación internacional que incluye el salvamento en el mar, la protección de los derechos de los menores, el derecho de asilo de las personas cuya integridad corre peligro en sus países de origen, o los derechos de los migrantes y sus familias. Leyes y derechos que se han venido conculcando tanto por el gobierno anterior como por la mayoría de los Estados miembros de la UE.

Por más que acoger al Aquarius sea considerado como un acto simbólico, no lo es para las seiscientas veintinueve personas a bordo, ni para quienes tienen que organizar y participar en una acogida nada fácil, dada la escasez de recursos existentes, largamente denunciada, para este tipo de emergencias. Pero la respuesta ciudadana, empezando por la de ayuntamientos del Sur de Italia y españoles, para contribuir a salvar a estas personas es otro signo de esperanza que muestra que, cuando hay voluntad política, sí se pueden poner medios para acoger.

Pero los barcos van a seguir llegando desde la orilla Sur del Mediterráneo y el Gobierno español, por mucha voluntad que le eche, no va a poder resolver, ni fácilmente, ni en solitario, esa situación. En primer lugar, porque los recursos materiales de acogida internos que ha dejado el PP son claramente insuficientes, no solo en materia de supervivencia sino en materia de integración. Y en segundo lugar porque es un problema de la Unión Europea y es la UE la que tiene que, solidariamente, hacerse cargo de una realidad que ya es insostenible para miles de personas hacinadas en los países europeos del Sur o en Turquía, que puede terminar creando rechazo en las poblaciones autóctonas, y ser un motivo de apoyo a los partidos más xenófobos.

El gesto del gobierno español está siendo una prueba ante la que se tienen que retratar todos los gobiernos de los países miembros de la UE, y ya lo están haciendo. Se anuncia una brecha mayor de la ya existente entre las posiciones más xenófobas y las más sensatas. Mientras no haya acuerdo y compromiso de acatamiento de las normas internacionales, el problema persistirá. Esa es la responsabilidad de la UE.

Un problema que no va a dejar de aumentar mientras persistan las diversas formas de violencia en los países africanos. De ahí que, otras de las tareas pendientes se sitúen en el ámbito de las relaciones internacionales y de la cooperación al desarrollo en sus más variadas vertientes, y no solo la económica.

La acogida y el refugio no se pueden externalizar, como tampoco se pueden limitar a salvar vidas, aunque esto sea lo fundamental. Hay que proveer de recursos materiales suficientes para que las personas acogidas puedan rehacer sus vidas dignamente, y también de recursos imaginativos para que puedan constituir un apoyo al desarrllo del país que les acoge y no una carga que pueda no ser aceptada, a la larga, por la parte de la población autóctona más vulnerable.

La decisión y actitud de los Gobiernos español y valenciano con el Aquarius, nos devuelve una parte de la dignidad robada por el anterior gobierno. Pero queda un largo camino para el cumplimiento de los Derechos Humanos.

La Comunidad de Madrid denunciada ante el Defensor del Pueblo por suspensiones irregulares de Rentas Mínimas de Inserción

Diversas entidades de lucha contra la pobreza señalan que el aumento exponencial de suspensiones de Rentas Mínimas percibidas por familias en situación de gran precariedad se ha producido sin respetar los procedimientos señalados en la propia normativa que regula esta prestación.
Según datos de la Plataforma RMI Tu Derecho estas suspensiones están provocando que: – En abril 2018 se hayan pagado 3.000 RMI menos que en enero 2017. – En abril 2018 se hayan pagado 2.000 RMI menos que en diciembre 2017. – En abril 2018 se hayan pagado 1.100 rentas menos que en marzo 2018.
A estas entidades han llegado gran número de personas y familias perceptoras de RMI que han sufrido suspensiones cautelares y temporales ejecutadas de manera irregular, sin que se realizaran previamente las comprobaciones necesarias para aplicar una medida tan traumática en situaciones de extrema pobreza, y sin tampoco aportar una información adecuada que les permitiera resolver la causa por la que se justifica la suspensión.
Teniendo en cuenta que la Renta Mínima de Inserción es una prestación que se concede para garantizar la subsistencia a quienes no tienen ninguna otra fuente de ingresos que lo permita, suspenderla, aunque sea de manera temporal, agudiza su situación de precariedad y puede llegar a tener consecuencias irreversibles aunque luego se consiga llegar a restituir en algunos casos. Los meses en los que se acumulan deudas de distinto tipo pueden conducir a deterioros graves de salud por no poder pagar los medicamentos, cortes de suministros por impagos, desahucios… Más aún cuando ni siquiera en los casos en los que se demuestra que la suspensión ha sido por error administrativo se produce posteriormente una devolución de los meses en los que no se ha cobrado, por lo que aunque se consiga restituir la prestación no hay capacidad para hacer frente a las deudas acumuladas.
Esta política de suspensiones indiscriminadas e irregulares implica una vulneración flagrante del derecho a la renta mínima, no solo legalmente reconocida como derecho subjetivo sino también como derecho humano reconocido en los textos internacionales (por ejemplo el art. 13 de la Carta Social Europea). Desde hace años el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa ha señalado la inadecuación del sistema de Rentas Mínimas en España, ya que éstas deben ser otorgadas mientras exista la situación de necesidad, incumplimiento que se ve agravado con los procedimientos que están siendo llevados a cabos por los servicios de gestión de la RMI en la Comunidad de Madrid, que parecen buscar la suspensión del mayor número de prestaciones sin atender a la situación de necesidad real que haya detrás de ellas.
Las entidades denunciantes señalan que no se están cumpliendo las normativas que obligan a una audiencia previa en caso de sospecha de irregularidad en la prestación, aplicando directamente suspensiones ante meros indicios, sin permitir una explicación o defensa por parte de las personas perceptoras. En muchos de estos casos, además, se está responsabilizando a éstas de incumplimientos o fallos en la coordinación por parte de las propias administraciones. Además, no se realiza una comunicación adecuada de las resoluciones, ni de los mecanismos que pueden permitir revertirlas, promoviendo así no solo la precariedad sino la impotencia e indefensión de quienes se ven de repente sin sus únicos ingresos y sin saber si será posible recuperarlos (lo cual no es fácil, de hecho 2 de cada 5 suspensiones cautelares terminan en extinción de la RMI). Por último, estas entidades señalan la necesidad de hacer públicos los documentos relativos a la gestión de los procedimientos de la Renta Mínima de Inserción, para evitar el oscurantismo que rodea actualmente las prácticas en este campo.

Al mismo tiempo, los colectivos firmantes animan a participar en las movilizaciones convocadas por la plataforma RMI Tu Derecho en torno a la campaña RMI: Derecho Robado, como la concentración que tendrá lugar en la Puerta del Sol el 12 de junio a las 11:30 h.

Entidades y Colectivos que apoyan la denuncia que puedes ver aquí Queja Defensor Pueblo RMI

Movimiento ATD Cuarto Mundo España

Asociación Apoyo

Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid

Coordinadora de Barrios

Plataforma RMI Tu Derecho

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)

Invisibles de Tetuán

Foro ServSocial Madrid

C.P. San Carlos Borromeo

Red de Solidaridad Popular Latina Carabanchel

Red Invisibles de Madrid

Asociación Karibu

Asociación Atiempo

Asociación PUEDO de la ONCE

Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (Universidad de Alcalá)

La Merced Migraciones

Asociación Hortaleza Crew

Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid

Acción en Red

 

Ante la matanza de manifestantes pacíficos en Gaza, exigimos que se cumpla el derecho internacional y los derechos humanos

El 30 de marzo de cada año, desde 1976  cuando seis palestinos murieron cuando se manifestaban contra la apropiación de tierras se celebra en Palestina el Día de la Tierra.

Este año, organizaciones de la sociedad civil instaron a la población a manifestarse reclamando  su derecho al retorno en cumplimiento de la Resolución 194 de Naciones Unidas desde el 30 de abril y a mantener las protestas por la confiscación de tierras hasta el 15 de mayo, día de la Nakba (catástrofe), en que se cumplen 70 años de la expulsión masiva de población palestina.

En Gaza, el 30 de marzo más de 15.000 palestinos y palestinas se congregaron de forma pacífica en los distintos puntos fronterizos contra los que el ejército israelí abrió fuego con munición real asesinando a 17 palestinos e hiriendo a unos 800. Un tuit del ejército israelí desvelado por la ONG israelí B`Tselem aseguraba que “nada ocurrió sin control” y que “todo fue preciso y medido”. Organizaciones de derechos humanos,  como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, denunciaron como gravísima violación de los derechos humanos, a la vida, a la manifestación y libertad de expresión, unos hechos que podrían ser castigados como crímenes de guerra. La embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad advirtió de que bloquearía cualquier intento de resolución con lo que ni siquiera se llegó a hacer propuesta alguna.

Desde entonces, cada viernes, la Gran Marcha del Retorno ha sido dispersada por el ejército con disparos contra los manifestantes, llegando a más de 4000 heridos, entre ellos muchos niños y niñas, y 54 muertos.

Este año en que se cumplen 70 años desde la proclamación del Estado de Israel, Donald Trump decidió culminar su promesa de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Un acto provocador, que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad contra la colonización de tierras palestinas y el consenso internacional sobre el que han girado las conversaciones de paz.

Al mismo tiempo que tenía lugar este acto comenzaban las movilizaciones en toda Palestina. Especialmente sangrienta fue en Gaza donde 60 manifestantes fueron asesinados y hubo más de un millar de heridos. El ataque no tiene precedentes desde el que sucedió el verano de 2014 durante la operación militar Margen Protector. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado que se ha producido una matanza “indiscriminada”. Mientras, fuentes del Ministerio de Defensa israelí han defendido que las “medidas no letales ya no son efectivas” y ha justificado los ataques aludiendo a que todos los manifestantes son de Hamas, “que quiere acabar con el estado de Israel”.

Las autoridades sanitarias de la Franja y ONGs, como Médicos Sin Fronteras que operan en el terreno han advertido de la situación crítica de los hospitales, donde, además de a la asfixiante situación mantenida por el bloqueo de Israel donde el material es muy deficitario se ha añadido una afluencia masiva de heridos que ha desbordado toda posible atención.

Los acontecimientos que se han producido este último mes y que han culminado este lunes dejan más de un centenar de muertos. El ejército israelí ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza frente a movilizaciones pacíficas cada viernes culminando con la masacre del pasado lunes que sella definitivamente cualquier tipo de solución pacífica.

¿Qué más tiene que suceder para que la comunidad internacional se pronuncie e imponga sanciones a Israel por la violación mantenida de Derecho Humanos? Desde Acción en Red Madrid, exigimos que nuestro gobierno condene las matanzas y actúe para hacer cumplir la legalidad internacional y los derechos humanos. Por justicia con las poblaciones palestinas y para evitar el incremento de la impunidad en el mundo.

Charla-debate en la Bóveda: Alternativas sociales para el cambio

Viernes 18 de mayo, a las 20.00 horas:

Charla-debate en La Bóveda 

Alternativas sociales para el cambio

 

Intervendrán:

María Espinosa. Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Jurista y feminista.

Antonio Antón. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Sociólogo y politólogo.

Persisten graves consecuencias sociales, económicas y laborales para la mayoría. Se incrementa la desigualdad social. Hay riesgos de consolidación de la involución social y democrática. Al mismo tiempo, permanece un amplio descontento popular y se han activado importantes movilizaciones sociales como la feminista y la de pensionistas. ¿Qué impacto tienen para el cambio político y qué perspectivas existen? ¿Cuáles son las políticas sociales de las fuerzas del cambio? ¿Cómo avanzar hacia un cambio de progreso?