Categoría: Ecología

Por Francisco Castejón

Los prolegómenos

Adaptación, mitigación, prevención son palabras que suenan muy a menudo en la actualidad referidas al cambio climático, lo que viene a mostrar que la especie humana no está haciendo lo suficiente en la lucha contra el calentamiento global y no consigue vivir en el planeta sin perturbarlo seriamente. Ya se admite que vamos a sufrir cierto aumento de temperaturas y se habla de adaptarnos al nuevo clima en el que viviremos, de mitigar ese cambio climático en la medida de lo posible y de prevenir los efectos más negativos.

Los antiguos debates sobre si se está produciendo o no un cambio climático y si este es o no de origen antropogénico están ya clarificados: sí y sí. Estamos viviendo un cambio climático provocado, sobre todo, por la quema de combustibles fósiles. El avance de la ciencia ha sido lento, por la dificultad del desafío, pero también porque ha tenido que luchar contra enormes intereses de agentes muy poderosos que han hecho todo lo posible por entorpecer esos avances. Se llegó hasta el caso de que las grandes corporaciones petroleras pagaran a científicos para embarrar el debate y que hubiera así “visiones diferentes” y “opiniones diversas” en el mundo académico sobre el calentamiento global. Hoy no solo se conoce ese juego sucio, sino que también sabemos mucho de la dinámica del clima y los modelos climáticos permiten conocer con bastante exactitud lo que ocurrirá si no dejamos de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Pero no son necesarios los complejos modelos climáticos para ser conscientes de lo que está ocurriendo. Existen numerosas evidencias experimentales: por ejemplo, según los informes del IPCC, 2023, 2024 y 2025 son los años más calientes desde que se miden las temperaturas. En 2023 se superó en varias ocasiones el aumento de 1,5º que se había fijado como límite en la Cumbre de París de 2015 para 2100. Dicho límite es precautorio y se fijó en 2º el aumento máximo de temperatura a partir del cual se van a disparar fenómenos catastróficos irreversibles.

A nivel local, y dando la razón a los modelos climáticos que predicen efectos más intensos en la cuenca mediterránea, hemos experimentado eventos atmosféricos dramáticos, como la DANA del 29 de octubre de 2024 en Valencia, que han generado cientos de víctimas y obligan a replantear el urbanismo y tener finalmente en cuenta la no construcción en zonas inundables, cosa que, por otra parte, deberíamos haber hecho antes. También son un ejemplo dramático los incendios del verano de 2025 en nuestro país.

Las responsabilidades de este aumento de temperaturas corresponden a las personas más ricas del mundo y los efectos negativos los sufren las más pobres. Por países, China se ha situado como el principal emisor de GEI (gases de efecto invernadero) con un 29% de todas las emisiones, modificando radicalmente el panorama de las últimas décadas, seguida de EEUU con un 11%, de India con un 8%, de la UE, que es responsable del 5,95% y de Rusia con un 4,58%. Entre estos países suman casi el 60% de las emisiones con el 46% de la población. Si quitamos a India, tenemos el 51% de las emisiones a cargo del 28% de la población mundial, lo que es manifiestamente injusto. Y la justicia aún es mayor cuando vemos la desigualdad de emisiones entre las diferentes capas sociales dentro de cada país. Pero ese lamentable ranking muestra mejor las responsabilidades si consideramos las emisiones por habitante: si un habitante indio emite 1, un europeo emite 2,4, un chino 3,7, un estadounidense 5 y un ruso 5,1.

Los debates actuales son más perversos aún que los sostenidos en la antesala de previas COPs. Ya no valen las evidencias científicas puestas sobre la mesa pues el negacionismo climático que se está extendiendo cabalgando sobre la ola reaccionaria mundial es también un negacionismo científico. Una parte importante de las élites y de la población no reconoce la ciencia como una fuente de información fiable. Y esto sucede en este como en otros temas.

Desde el “drill, baby drill” de Donal Trump al “eso son estupideces” de Vox pasando por la calificación de econazismo al movimiento que lucha contra el cambio climático y al que, paradójicamente, los líderes del PP culparon de los incendios forestales del verano, son algunos ejemplos. Pero una mayor paradoja es como el pacto PP-Vox que nace de la dimisión de Carlos Mazón por la lamentable gestión de la DANA va a luchar contra el pacto verde, un intento de limitar las emisiones de GEI. Fiel a estas posiciones, Donal Trump sacó a EEUU del acuerdo de París.

De hecho, en EEUU las palabras “cambio climático” han desaparecido de todos los documentos oficiales. Y Donald Trump, al igual que Xi Jinping, Vladimir Putin y la presidenta india Draupadi Murmu no han participado en la COP. Más aún, el gobierno de EEUU no ha enviado a nadie, aunque han acudido a la cumbre algunos alcaldes y gobernadores demócratas. Pero estos no tienen autoridad para firmar ningún acuerdo internacional. La UE, a pesar de contar con un gobierno de derechas, ha enviado a altos representantes: la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo. Además de algunos mandatarios como Pedro Sánchez o Enmanuel Macrón. Pero la UE tampoco cuenta con un consenso interno lo suficientemente sólido y los acuerdos en su seno alcanzadas adolecen de algunas debilidades como la posibilidad de compensar emisiones de GEI, lo que no obliga a reducir estas emisiones.

Lo cierto es que sin el compromiso de los principales emisores, es difícil esperar buenas noticias. Todo este panorama no resulta prometedor.  Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, calificó de “fracaso moral y negligencia mortal” la incapacidad para acabar con esta amenaza.

El resultado de la COP30

El resultado final es decepcionante, como no podía ser de otra manera en concordancia la situación descrita. El acuerdo final no contempla, en contra de las propuestas iniciales, una hoja de ruta para el abandono de la quema de combustibles fósiles, lo que sería prioritario para luchar contra el cambio climático. De hecho, ni siquiera aparecen las palabras “combustibles fósiles” ni ninguno de sus sinónimos en el acuerdo. Sí que se acordó una serie de indicadores para medir los esfuerzos de adaptación al cambio climático, lo que al menos facilita el seguimiento de los impactos de este y de la eficacia de las políticas de reducción de emisiones que se realicen en el mundo. Pero hemos visto que en otras cumbres la discusión se centraba más en esas políticas, es decir, en las medidas que se iban a tomar para reducir la dependencia de combustibles fósiles y en la fecha en que estos se iban a abandonar definitivamente.

A pesar de no citar la causa principal del cambio climático, el acuerdo sí que lo reconoce como “una preocupación común para la humanidad” y se reafirma en el compromiso de los países firmantes del Acuerdo de París según el cual la temperatura no debe aumentar más de 1,5º en 2100.  Cabe preguntarse, sin embargo, como se pretende conseguir este objetivo, si no eliminamos o, al menos, reducimos, nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

En el capítulo de la financiación, se mantiene el acuerdo alcanzado en la COP29 según el cual se “urge” a los países firmantes a triplicar la financiación y alcanzar los 300.000 millones de dólares para la adaptación al cambio climático. Sí, así de etéreo. También se establecen mecanismos de transición justa que tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores afectados por la transición energética.

Ante la insuficiencia de lo acordado y viendo que no se mencionaban los combustibles fósiles, más de 20 países, casi todos con gobiernos de izquierda como Chile, España, Colombia o México, se han comprometido a adoptar políticas para abandonar los combustibles fósiles. Este grupo de países celebrará una cumbre en Colombia para avanzar en estos compromisos. De nuevo el mundo se divide y la lucha contra el cambio climático se produce a dos velocidades. Los países que avancen en las medidas y desarrollos técnicos que faciliten la transición energética se colocarán en una posición ventajosa también desde el punto de vista económico. Y en este mundo donde el beneficio es uno de los motores, esto podría permitir avanzar en ese sentido. El hecho de que más del 90% de la potencia eléctrica instalada en el mundo en 2024 sea renovable es un indicador de que las ventajas de las energías renovables, de las nuevas tecnologías asociadas y de los nuevos modelos sociales que posibilitan, generan un crecimiento de estas tecnologías en el mundo. A pesar de los mensajes de Donald Trump, las renovables son también la principal potencia instalada en EEUU durante el primer semestre de este año. Asimismo, España y Portugal disfrutan a menudo de unos de los precios de la electricidad más bajos de Europa gracias al despliegue de renovables. Claro que todos estos esfuerzos no son aún suficientes.

El resultado es que se ha producido una COP sin compromisos concretos de reducción de emisiones de GEI, y el tiempo va pasando y las posibilidades de mantener el aumento de temperaturas en unos valores razonables se van reduciendo. Cuanto más se tarde en tomar medidas efectivas para reducir las emisiones de GEI, más concentración de estos gases habrá en la atmósfera y más difícil será reducir el efecto invernadero.

La falta de políticas concretas y de calendarios de reducciones va acompañada del aumento de las posiciones negacionistas que se niegan a aceptar las evidencias científicas. Sin embargo, todo esto no debe inducirnos a la parálisis, sino al contrario. La defensa de un planeta en el que podamos vivir sin la amenaza climática, el impulso a movimientos sociales y políticos que vayan en esta dirección, debe ser uno de los objetivos de nuestras acciones. La existencia del cambio climático se ha convertido en una nueva batalla cultural, en la que debemos participar. Poner en valor las ventajas que tiene la reducción de emisiones es un instrumento de primer orden: respeto del medio ambiente, creación de comunidades energéticas, generación distribuida que permite explotaciones de menor tamaño,… No es la realización de una utopía social, pero es un avance respecto a lo que tenemos hoy.  

Este artículo se publicó en el número Berrituz de enero 2026

INTRODUCCIÓN

La Conferencia sobre Cambio Climático de las Partes número 29, o COP29, se celebró entre los días 11 y 22 de noviembre de 2024 en un lugar exótico, Bakú, capital de Azerbaiyán, que prefiguraba el resultado final, al igual que ha ocurrido en ediciones anteriores: una nueva oportunidad perdida para atajar el cambio climático. Del mismo modo que la COP28, la COP29 se celebró en un país productor de petróleo como Azerbaiyán, cuyo presidente Ilham Alíyev, de forma lógica con sus intereses, señaló en su discurso de apertura que en la transición energética había que tener en cuenta todas las tecnologías energéticas: el petróleo, el gas … y, tras titubear un poco, añadió la eólica. Se puede decir más alto, pero no más claro: ningún interés en reducir el consumo de combustibles fósiles.

En la COP21 que tuvo lugar en París, en 2015, se fijó el límite de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera que garantice que el aumento de temperatura que se podía alcanzar a finales de este siglo no fuera superior a 1,5º. Por encima de esta temperatura se desencadenarían una serie de fenómenos que podrían disparar un aumento mucho mayor de temperatura, lo que, a su vez, generaría una serie de fenómenos atmosféricos extremos que serían catastróficos para la humanidad. Estamos hablando de olas de calor, sequías extremas, huracanes, tornados y precipitaciones intensas que pueden dar lugar a inundaciones. Inundaciones como la que se produjo en Valencia el día 29 de octubre.

Estábamos acostumbrados a sufrir gotas frías, que luego recibieron el nombre más científico y descriptivo de DANAs (Depresión Aislada a Niveles Altos), pero lo ocurrido en la costa mediterránea, con especial dureza en Valencia, supera con mucho todas las tragedias vividas en las anteriores DANAs. El número de víctimas y la destrucción sufrida no tienen precedentes. Más allá de las consideraciones sobre la gestión de la emergencia, que merecerían la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana y de al menos dos consejeras, y del urbanismo insensato desarrollado en la zona, hay que buscar la explicación de lo sucedido en los fenómenos climáticos generados por el calentamiento excesivo del Mediterráneo. Este dio lugar a una enorme evaporación de agua que topó con una masa de aire frío, lo que produjo una precipitación sin precedentes en cotas altas del territorio que fueron desaguadas a través de los barrancos de la zona por los que siempre había fluido, e inundó los terrenos aledaños con gran impacto y sufrimiento. La dinámica de los acontecimientos permite aseverar que el calentamiento global ha sido el causante de que esta DANA fuera más intensa que las precedentes. Este no es un ejemplo aislado en el mundo, ya que se calcula que el número anual de víctimas que se producen por fenómenos atmosféricos extremos atribuibles al cambio climático es de unas 300.000, lo que debería ser suficiente para motivar un cambio en las políticas energéticas y de emisión de gases de invernadero.

LA COP29

A pesar de estos y otros sucesos que muestran palmariamente que el cambio climático avanza por el aumento de las emisiones de gases de invernadero, los resultados de la COP29 no han sido nada halagüeños. En estos momentos, la humanidad ha emitido ya suficientes gases de invernadero que han generado un aumento medio de la temperatura de 1,1º respecto a los niveles preindustriales. A pesar de este hecho, que los científicos del IPCC califican como “inequívoco” en su sexto informe, las aspiraciones del Acuerdo de París se han suavizado y las partes se conforman con mantener el aumento de temperatura “muy por debajo de los 2º” en 2100. Pero la situación es peor, pues los compromisos actuales de reducción de emisiones no garantizan que las temperaturas aumenten menos de 2,6º a finales de 2100.

Dados los cambios en el clima que ya estamos viviendo y que han llegado para quedarse, se afirma, con razón, que estamos vivienda ya en un nuevo clima. En el caso español, esto implica que las DANAs extremas, las olas de calor del verano, las sequías, los episodios de lluvias y granizos intensos o algunos inviernos extremadamente fríos, han venido para quedarse. Por esto, en la COP29, al igual que en otras cumbres, cobran ya un protagonismo especial los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Y no es de extrañar, porque la adaptación al cambio climático implica hacer menos hincapié en los esfuerzos de mitigación que implican una reducción drástica del consumo de combustibles fósiles, con los cambios profundos que eso implica en geopolítica y en el modelo económico dominante, además de favorecer las inversiones en infraestructuras que permitan esa adaptación.

Si bien es realista avanzar hacia la adaptación, también es imprescindible poner la mitigación del cambio climático en el centro de las prioridades. En primer lugar, desde el punto de vista ecológico, pero también desde una visión económica: las medidas de mitigación son más baratas que las de adaptación (un factor 5) y mucho más baratas que la reparación de los efectos climáticos catastróficos (un factor, 20 según el informe Stern).

El centro del debate de la COP29 estuvo, como era de esperar, en la financiación de las medidas de mitigación y adaptación. En la COP15, celebrada en Copenhague se había acordado una aportación de 100.000 millones de dólares anuales, que finalmente entró en vigor en 2022. La cifra necesaria estimada para que los países más pobres puedan tomar las medidas necesarias de mitigación y adaptación se cifró en 1,3 billones de dólares anuales a partir de 2035 para que el aumento de temperatura no supere 1,5º en 2100. Sin embargo se aprobó la ampliación de 100.000 a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Como elemento de negociación, este grupo de países hicieron la propuesta de crear un fondo de 500.000 millones para 2030, que no prosperó. Los países más vulnerables efectuaron una presión abandonando la cumbre, pero no surtió efecto: el acuerdo final no refleja sus reivindicaciones.

En realidad, el esfuerzo inversor debería realizarse en estos próximos años, cuando todavía es posible limitar la concentración de gases invernadero. Una vez realizados los cambios necesarios, ya no serían necesarias esas inversiones. Se calcula que sería necesario mantener esos niveles de inversión hasta 2050, aproximadamente.

Sin estas contribuciones económicas, es difícil que se cumplan los compromisos energéticos necesarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Estos consistieron en:

1) aumentar 1500 GW (gigawatios= miles de millones de watios) el almacenamiento de energía para 2030, un factor 10 el almacenamiento actual. Esta capacidad de almacenamiento de energía por algún método resulta imprescindible para triplicar la aportación de energías renovables (estos números se basan en cálculos de la Agencia Internacional de la Energía).

2) Crear “corredores de energía verde”, es decir fomentar la cooperación internacional para intercambiar energías renovables mediante redes interconectada.

3) La llamada declaración del hidrógeno, que tiene como objetivo crear un mercado mundial del hidrógeno, que podría sustituir a los combustibles fósiles en múltiples aplicaciones, como la aviación o la navegación, además de servir como método de almacenamiento de energía. Las tecnologías del hidrógeno no están maduras aún y no podemos usarlas a nivel industrial.

También se lanzaron compromisos de adaptación, reconociendo de alguna forma que no se conseguiría limitar el cambio climático a los niveles deseados. De hecho, se reconoció la práctica imposibilidad de mantener el aumento de temperatura por debajo de 1,5º y se apostaba por mantener al menos el aumento de temperatura “muy por debajo de 2º”, como se ha citado más arriba.

EL FUTURO

La victoria de Trump en las últimas elecciones de EEUU es un resultado más de la ola reaccionaria que recorre el mundo: la extrema derecha, en sus múltiples formas, está aumentando su influencia social, lo que le permite alcanzar mayor poder político y económico. Y en EEUU y Europa lo hace utilizando las estructuras e instituciones creadas por la democracia liberal, que a su vez peligran por la irrupción de estos partidos.

Una de las características identitarias de esta ultraderecha es el negacionismo de muchos conocimientos científicos, como el de que el cambio climático actual está generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Por tanto, no es previsible que la posición occidental sea en el futuro muy exigente para marcar objetivos de reducción emisiones.

El principal país emisor mundial de gases de invernadero, con un 30% de todas las emisiones, es China. Si EEUU no demuestra un compromiso firme, China tampoco lo hará. Los resultados de la COP que han sido claramente insatisfactorios son un primer elemento que nos muestra el futuro. A diferencia de los demócratas, los republicanos americanos tienen un bajo interés en la multilateralidad internacional y apuestan por una mayor autarquía en los EEUU, lo que conducirá a un mayor uso del petróleo y gas propios procedentes del fracking.

Por otra parte, los impactos del cambio climático son muy desiguales entre unas zonas y otras y entre unas poblaciones y otras. Por ejemplo, el Mediterráneo es una de las zonas donde el cambio climático va a ser más intenso y las inundaciones valencianas son un claro ejemplo. Pero no solo la posición geográfica es una fuente de desigualdad, también lo son los diferentes medios para combatir los efectos del cambio climático con que cuentan los países y las poblaciones de estos. Podemos considerar de nuevo el ejemplo de la DANA en Valencia y los enormes costes de la reconstrucción, así como la forma en que se producirá esta: habrá que prepararse para nuevos fenómenos como las recientes inundaciones y, en particular, no construir en el dominio público hidráulico. Estos costes no están, desde luego, al alcance de cualquier país ni de cualquier población.

Estamos viendo pasar COP tras COP con magros resultados, lo que hace que cada vez tengamos menos tiempo y que la crisis climática se agrave. Pero, además, con toda precisión se puede hablar de injusticia climática y es imprescindible que los países y capas de población más ricas pongan más de su parte reduciendo sus consumos y sus emisiones y ayudando económicamente a los más débiles a realizar la necesaria transición energética.

Publicado en Berrituz, nº 84, enero de 2025

Francisco Castejón

Acción en Red Madrid

Cuando escribo estas líneas se está celebrando en Bakú (Azerbaiyán) la cumbre número 29 contra el cambio climático, la COP-29. Aún no ha acabado la COP-29 y ni siquiera se intuye por donde van las negociaciones, pero todo indica que no se va a producir ningún avance en esta cumbre con vistas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

La última COP que arrojó algún resultado positivo fue la de París, la COP-21, que tuvo lugar en 2015. En ella se fijó el límite de la concentración de gases de invernadero en la atmósfera que garantiza que el aumento de temperatura que se podía alcanzar a finales de este siglo no fuera superior a 1,5º. Por encima de esta temperatura se desencadenarían una serie de fenómenos que podrían disparar un aumento mucho mayor de temperatura, lo que, a su vez, generaría una serie de fenómenos atmosféricos extremos que serían catastróficos para la humanidad. Estamos hablando de olas de calor, sequías extremas, huracanes, tornados y precipitaciones intensas que pueden dar lugar a inundaciones. Inundaciones como la que se produjo en Valencia a partir del día 29 de octubre.

Estamos acostumbrados a sufrir gotas frías, que luego recibieron el nombre más científico y descriptivo de DANA (Depresión Aislada a Niveles Altos), pero lo ocurrido en Valencia, y en menor medida en Albacete, en esta DANA supera con mucho todas las tragedias vividas en las anteriores. El número de víctimas y la destrucción sufrida no tiene precedentes. Más allá de las consideraciones sobre la gestión de la emergencia, que merecerían la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana y de al menos dos consejeras, así como el rechazo del urbanismo insensato desarrollado en la zona, hay que buscar la explicación de lo sucedido en los fenómenos climáticos generados por el calentamiento excesivo del Mediterráneo. Este dio lugar a una enorme evaporación de agua que topó con una masa de aire frío lo que produjo una precipitación sin precedentes en cotas altas del territorio que fueron desaguadas a través de los barrancos de la zona, especialmente el del Poyo y el del Magro, por los que siempre había fluido, e inundó los terrenos aledaños con gran impacto y sufrimiento. La dinámica de los acontecimientos permite aseverar que el calentamiento global ha sido el causante de que esta DANA fuera más intensa que las precedentes.

A pesar de estos y otros sucesos que muestran palmariamente que el cambio climático avanza por el aumento de las emisiones de gases de invernadero, las previsiones sobre la COP no son nada halagüeñas. Se calcula que el número anual de víctimas que se producen por fenómenos atmosféricos extremos atribuibles al cambio climático es de unas 300.000, lo que debería ser suficiente para motivar un cambio en las políticas energéticas y de emisión de gases de invernadero.

La victoria de Trump en las últimas elecciones de EEEUU es un resultado más de la ola reaccionaria que recorre el mundo: la extrema derecha, en sus múltiples formas, está aumentando su influencia social, lo que le permite alcanzar mayor poder político y económico. Y en EEUU y Europa lo hace utilizando las estructuras e instituciones creadas por la democracia liberal, que a su vez peligran por la irrupción de estos partidos.

Una de las características identitarias de esta ultraderecha es el negacionismo de muchos conocimientos científicos, como que el cambio climático actual está generado por las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Por tanto, no es previsible que la posición occidental en la COP sea precisamente muy exigente para marcar objetivos de reducción emisiones.

El principal país emisor mundial de gases de invernadero, con un 30% de todas las emisiones, es China. Si EEUU no demuestra un compromiso firme en las negociaciones, China tampoco lo hará y los resultados de la COP serán claramente insatisfactorios. A diferencia de los demócratas, los republicanos americanos tienen un bajo interés en la multilateralidad internacional y apuestan por una mayor autarquía en los EEUU.

En estos momentos, la humanidad ha emitido ya suficientes gases de invernadero para superar el aumento de 1,5º de temperatura a final de siglo y, peor aún, los compromisos de reducción de emisiones no garantizan que las temperaturas aumenten menos de 2,6º a finales de 2100.  Dados los cambios en el clima que ya estamos viviendo y que han llegado para quedarse, se afirma, con razón, que estamos viviendo ya en un nuevo clima. En el caso español, esto implica que las DANAs extremas, las olas de calor del verano, las sequías, los episodios de lluvias y granizos intensos o algunos inviernos extremadamente fríos, han venido para quedarse.

Entre los acuerdos de París, se fijó la creación de un fin de 100.000 millones de dólares para ayudar a los países menos pudientes a avanzar en la reducción de emisiones y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, no se ha avanzado hasta la fecha en la creación de dicho fondo y en su distribución. En la COP-29 habrá, por tanto, multitud de negociaciones financieras. Si la COP de Bakú no avanza, estamos condenados a sufrir cada vez más duros efectos del cambio climático.

Por otra parte, estos efectos son muy desiguales entre unas zonas y otras y entre unas poblaciones y otras. Por ejemplo, el Mediterráneo es una de las zonas donde el cambio climático va a ser más intenso y las inundaciones valencianas son un claro ejemplo. Pero no solo la posición geográfica es una fuente de desigualdad, también lo son los diferentes medios para combatir los efectos del cambio climático con que cuentan los países y las poblaciones de estos. Podemos considerar de nuevo el ejemplo de la DANA en Valencia y los enormes costes de la reconstrucción, así como la forma en que se producirá esta: habrá que prepararse para nuevos fenómenos como las recientes inundaciones y, en particular, no construir en el dominio público hidráulico. Estos costes no están, desde luego, al alcance de cualquier país ni de cualquier población.

Con toda precisión se puede hablar de injusticia climática y es imprescindible que los países y capas de población más ricas pongan más de su parte para combatir el cambio climático reduciendo sus emisiones y ayudando económicamente a los más débiles.

Francisco Castejón. Miembro de Acción en Red Madrid

EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA

Tenemos un problema grave con la vivienda en nuestro país. El acceso a una vivienda es clave para tener una vida digna, y así lo reconoce la Constitución, y la dificultad para acceder a una vivienda tiene impactos importantes sobre las vidas de una gran parte de la población. No es casualidad que los jóvenes españoles tarden más que la media europea en independizarse (empiezan a vivir por cuenta propia con más de 30 años, frente a la media de 26,4 años en la UE). Asimismo, el alto precio de la vivienda no es ajeno al hecho de que el índice de la natalidad sea tan bajo en nuestro país, dada la dificultad para forjar proyectos de vida. Además, qué duda cabe de que la calidad de la vivienda a la que se accede y su ubicación está relacionada con la calidad de vida: hay que considerar el acceso a servicios cercanos y la necesidad de invertir grandes tiempos en los desplazamientos, la orientación y la luz natural de que se disfruta, los espacios disponibles y la comodidad, el aislamiento de las ventanas y paredes y el comportamiento energético, el ascensor, la calefacción, … Llama la atención que en mucho tiempo no se haya resuelto un asunto tan importante, ni siquiera, cuando han accedido al gobierno partidos de izquierda. Por el contrario, la evolución de este problema se ha dejado durante largos años al albur de las dinámicas económicas y las medidas legales y fiscales que se han tomado han contribuido a traernos al punto en el que estamos. Las políticas adoptadas hasta la fecha, incluidas las leyes del suelo y las reformas fiscales que desgravan notablemente la compra, han fomentado la idiosincrasia española en que se prefiere tener en propiedad la vivienda que se habita, en lugar de alquilarla. Por otra parte, la vivienda se considera un bien refugio para invertir los ahorros de forma segura. No es extraño que muchas capas de la población, no necesariamente ricas, posean segundas viviendas como fruto del ahorro familiar.

La escasez de vivienda no es homogénea en el territorio y es más grave en las zonas en que hay mayor demanda por la alta actividad económica o turística. El problema se agrava cuando una parte no desdeñable de las viviendas se dedican al alquiler turístico, por ser este mucho más rentable que el alquiler a largo plazo para uso habitual. En 2023, los alquileres turísticos han aumentado un 15% llegando a un total de 315.238 en España. En el distrito Centro de Madrid, por ejemplo, de los 16.000 pisos que se ofrecen en alquiler, 12.000 se dedican al alquiler turístico. Esto hace que el número de viviendas ofrecidas en alquiler para vivienda habitual sea menor, pero además provoca un alza de los precios del alquiler: estos se han duplicado en los últimos 10 años.

Por estos resultados se ha dado en calificar estas zonas como tensionadas: aquellas en que existe una gran demanda de vivienda bien por una actividad económica que genera más puestos de trabajo y, por tanto, más necesidades de alojamientos a largo plazo, bien por el acceso turístico. En estas zonas, la actuación del poder político es indispensable y urgente para controlar los precios. Existe un problema adicional y es que las competencias en vivienda y urbanismo están compartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central. Los ayuntamientos pueden planificar y emitir Ordenanzas Municipales, las autonomías poseen las competencias en urbanismo. El Gobierno Central puede emitir leyes, pero sin invadir esas competencias.

VIVIENDAS DISPONIBLES: EL MERCADO FUNCIONA

Pero, ¿es que faltan viviendas?, ¿no era que a mediados de la década de los dos mil se había enladrillado el territorio de nuestro país? Lo cierto es que según el INE existen en España más de 3,8 millones de viviendas que no están habitadas a tiempo completo, el 14,4% del total del parque. De ellas, 2,5 millones son segundas viviendas utilizadas con más o menos frecuencia por sus propietarios, a menudo para fines vacacionales. Esto nos deja más de 1,3 millones de viviendas desocupadas. Estos datos se obtienen de forma objetiva a través del consumo de electricidad y no tienen en cuenta, lógicamente, las intenciones de los propietarios, ni si estos son pequeños propietarios, grandes tenedores o fondos de inversiones. De estas viviendas semiocupadas, casi el 30% están en localidades de más de 50.000 habitantes y solo el 11% están en localidades grandes, de más de 250.000 habitantes, que es donde hoy más se necesitan. La alta demanda no es capaz de motivar a los propietarios para sacar esas viviendas al mercado. En parte porque la vivienda es, como ya se ha dicho, un bien donde la gente invierte sus ahorros que no pierde valor con el tiempo, sino que normalmente se revaloriza más que el ahorro monetario. Y porque los gastos que implica mantener la vivienda cerrada son asumibles. No es ajeno a esta situación el problema del uso de este parque de vivienda de forma especulativa, esperando el alza de precios para ponerla a la venta o en alquiler.

A pesar de las numerosas campañas alarmistas, la supuesta amenaza de la ocupación ilegal tampoco es capaz de motivar a los propietarios para poner estas viviendas en circulación. Seguramente porque esta no es una amenaza importante, según muestran los datos. En 2022, se produjeron 16.726 denuncias en España, una por cada 1553 viviendas, un 20% menos que en 2021. Solo 2785 de estos casos llegaron a juicio oral. Cataluña se llevó la palma con el 41,9% del total estatal de denuncias. 

Le siguen Andalucía, con el 15% de denuncias y la Comunidad Valenciana con el 12,1%. La Comunidad de Madrid, por su parte, se situó lejos de los registros de Cataluña al contabilizar el 9% del total nacional. En Navarra se ocuparon 119 viviendas en 2022, casi las mismas que en 2021, y son el 0,7% del total. De ellas solo 4 llegaron a juicio.

El mero aumento de la oferta, construyendo más viviendas sin otras medidas que lo acompañen no va a solucionar el problema y, además, va a tener un impacto ambiental directo sobre la ocupación del territorio y va suponer un consumo tambiéndirecto de materiales y energía para construir esos nuevos edificios. A esto que hay que añadir los indirectos, con el consumo de recursos para dotar de servicios a esos nuevos barrios. La nueva Ley del Suelo que quería poner en marcha el PSOE, y fue rechazada en el Parlamento, adolecía del problema de la reducción de garantías ambientales y administrativas que se exigen a los nuevos planes, con la supuesta finalidad de aumentar la oferta. Son necesarias medidas que acompañen ese aumento del parque de viviendas en el mercado.

LAS SOLUCIONES

Una primera idea, poco explorada, es actuar sobre las zonas tensionadas para reducir la demanda. Tal como muestra la estadística de viviendas ocupadas a tiempo parcial, el 70% están localizadas en poblaciones de menos de 50.000 habitantes, luego si la población se repartiera mejor, los problemas de escasez serían menores. Por un lado, es necesario actuar sobre la ordenación del territorio para distribuir las inversiones y la riqueza y evitar las acumulaciones de población en unos pocos lugares, manteniendo casi vacío el resto del suelo. Existe una dificultad evidente para llevar a cabo medidas de este tipo: la concentración de riqueza atrae más y favorece que algunas élites aumenten sus ganancias y su poder. No podemos olvidar cómo, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso acusaba al gobierno de coalición de atacar a Madrid, por el mero hecho de querer instalar algunas instituciones fuera del centro del estado. Sin embargo, no deberíamos renunciar a una mejor ordenación del territorio y a una distribución de la inversión y la riqueza y mostrar la injusticia de esta construcción radial del estado. Por otro lado, es necesaria una reflexión sobre el turismo y sus efectos. Es verdad que esta actividad genera el 13% del PIB español, pero también lo es que los beneficios que produce no están bien distribuidos, porque los empleos que genera son de baja calidad. Se precisan medidas para reducir la presión turística sobre ciertas zonas del territorio y potenciar los valores culturales y paisajísticos que otras zonas presentan. El turismo impacta severamente contra el centro histórico de las ciudades, reduciendo el atractivo que tienen, puesto que expulsa a sus habitantes y a las actividades ajenas al turismo. Al final, los centros históricos de las ciudades se convierten en parques temáticos pensados para turistas, sin habitantes de la ciudad que doten a estas zonas de personalidad propia.

Además de las actuaciones sobre las zonas más tensionadas, cuyo efecto se verá a largo plazo, es necesario que la vivienda disponible sea asequible a los habitantes de las ciudades. Debería tenerse como meta que no más del 30% de la renta se destine a la comprar o alquiler de una vivienda. Para ello son necesarias políticas urgentes.

En realidad, no hay más que ver las políticas que se realizan en otras ciudades para explorar soluciones a corto plazo. Viena se ha puesto, con justicia, como ejemplo de políticas a aplicar: existe un parque de 220.000 vivienda públicas de precio controlado, pertenecientes a la empresa municipal de vivienda; el 50% de las viviendas son de protección oficial o construidas por cooperativas; el 78% de la población vive en alquiler; y en cada nueva promoción de vivienda, sea pública o privada e independientemente de la localización de la edificación en la ciudad, se dedica el 25% de las viviendas a protección oficial.

La nueva ley de vivienda pactada en el ejecutivo precedente al 23J tiene aspectos positivos como la nueva definición de grandes tenedores o la limitación de precios en zonas tensionadas, pero tiene el problema fundamental de que depende de la colaboración de las Comunidades Autónomas, muchas de ellas en manos del PP, que se han negado a aplicar la ley.

Es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y para ello debe convertirse en promotor de vivienda pública social, bien para la venta, bien para el alquiler. Para ello, además de construir, se deberían movilizar los activos de la SAREB para aumentar la oferta de vivienda pública. En España el parque público de vivienda solo alcanza el 2% del total, frente a la media europea del 9,3%.

También debería actuar sobre la fiscalidad para favorecer el alquiler frente a la compra. Sería necesario también gravar las viviendas vacías y forzar su puesta en el mercado, así como mejorar la fiscalidad del alquiler. Actuar sobre la demanda es un buen instrumento: limitar el uso de los pisos para actividades que no sean la residencia habitual, reduciendo el uso de pisos turísticos. La eliminación de las llamadas Golden Visas ha sido un paso positivo que, si bien no impacta fuertemente sobre el mercado, sí elimina una discriminación económica importante. Se podría también regular la compra-venta de viviendas para garantizar que se va a vivir en ellas y no se les va a dar otro uso, al menos en las zonas tensionadas. Como se ve, existen experiencias y estudios que nos permiten diseñar buenas políticas de vivienda que permitan el acceso de la mayor parte de la población. Además, tenemos un parque de viviendas extenso que nos permite tomar medidas urgentes. Pero es necesaria una voluntad política fuerte para enfrentarse a los poderosos intereses que ven en la vivienda un ventajoso negocio.

(Pendiente de publicar en Berrituz, nº 82)