La retirada de los tejados de amianto en Orcasitas. Un premio a seis años de lucha.

Durante la segunda mitad del siglo pasado miles de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha abandonaron su lugar de origen, como hacen hoy africanos, sudamericanos y asiáticos, buscando en los alrededores del sur de Madrid, concretamente entre la carretera de Toledo y la de Andalucía lindando con lo que hoy es la M40, un lugar mejor donde hacer su vida. Como los terrenos eran de la terrateniente María Orcasitas y en el centro del barrio hay una Meseta, así se denominó la barriada. Se construyeron las chabolas, de noche, para que la guardia civil no las derribara por esa extraña ley que no permitía derribar moradas una vez construidas, pero sí permitía hacerlo en su proceso de construcción. Más tarde, hace ya 50 años, se construyó un local para la Asociación Vecinal que continúa funcionando a día de hoy, siempre a la cabeza de las reivindicaciones del barrio.

Obras de retirada del amianto en los tejados del barrio madrileño de Meseta de Orcasitas

Después de muchos años e innumerables luchas, los vecinos y vecinas conseguimos que se construyesen viviendas dignas. Siguiendo a la Asociación Vecinal y a un puñado de urbanistas comprometidos, elegimos hasta el color de los ladrillos de nuestras futuras casas. El estado franquista intentó, sin éxito debido al coraje vecinal, asentarnos en otro lugar más alejado del centro de Madrid. Finalmente conseguimos por una sentencia judicial quedarnos donde estaban nuestras casas, sentencia que obligaba a los poderes públicos a que impulsaran la construcción de los pisos en el mismo lugar en el que estaban las chabolas. De aquella jurisprudencia, que se desprende de la sentencia judicial favorable a los deseos vecinales, se beneficiaron otras personas que buscaban viviendas donde asentarse, incluso personas que buscaban su vivienda digna fuera de Madrid.

El IVIMA, que dirigió la construcción de nuestras casas, buscaba los materiales de construcción más baratos, entre ellos el amianto, o fibrocemento, aunque ya por aquel entonces se conocía que su uso era perjudicial para la salud; pero ya se sabe que lo fundamental en este sistema económico es obtener el máximo beneficio.

Con el amianto se hizo el cerramiento de los tejados de 110 bloques del barrio. La uralita, como aseguran todos los expertos, lleva aparejados graves problemas de salud cuando de ella se desprenden partículas insalubres cancerígenas, con el paso del tiempo, al estar sometida a la intemperie. Lo mismo ocurre cuando la uralita es mecanizada o manipulada, cosa que pasa, por ejemplo, con la colocación de antenas en nuestros tejados: el pan nuestro de cada día. Nuestros tejados que eran negros a la entrega de las casas hoy se ven blanquecinos por que se ha desprendido la capa protectora de la uralita. La inhalación de las fibras desprendidas de la uralita causa diferentes tipos de cánceres, como ha quedado probado, desgraciadamente, en trabajadores del metro de Madrid. El amianto se colocó sobre nuestras cabezas a mediados de la década de los 80 casi hace 40 años.

La Asociación Vecinal Orcasitas (AVO) y todo el vecindario del barrio comenzamos a exigir su retirada hace más de 6 años, en cuanto fuimos conscientes de su peligro para la salud. Desde entonces hemos hecho al menos 5 asambleas con asistencia de más de 300 personas en cada una de ellas, entre otras movilizaciones y sensibilizaciones. A nuestras asambleas hemos invitado a diversos políticos en el poder o en la oposición: concejales, diputados autonómicos, incluso Manuela Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid fue invitada y asistió a una de ellas.

Recientemente, ya gobernados por el PP y C`s, con el apoyo de VOX, cosa que es mejor no olvidar, más de 200 vecinas y vecinos fuimos a la madrileña Plaza de la Villa para exigir a los actuales responsables de urbanismo que cumplan lo acordado con la Asociación Vecinal Orcasitas.

Durante la época de la anterior Corporación Municipal, con Ahora Madrid en la alcaldía, se ofreció a la AVO aplicar el plan MAD-RE de ayuda a la rehabilitación a todas las Comunidades de Vecinos que lo soliciten, y ayudarlas económicamente con un 75% del coste para sustituir las cubiertas de amianto por otras que no fuesen nocivas para la salud. La AVO planteó que eso fuera así para todas las viviendas, tanto para las torres de 32 viviendas como para bloques de entre 6 y 12 pisos. Hay que tener en cuenta que el coste por vecino es mayor cuantas menos viviendas haya en el edificio. Para las viviendas que por ley no podrían alcanzar el 75% de la subvención, acordamos que la ayuda se completase con el montante de un Proyecto Participativo para el que se obtuvieron 300.000 € para desmontar el amianto. De esta manera las ayudas llegarían a todos los vecinos que tengan amianto en sus edificios.

Llegamos al acuerdo de que una parte sustancial de la subvención se daba antes de empezar la obra, y el resto nada más acabarla, dado que muchos de los vecinos no podían adelantar el dinero necesario para realizar las obras. Estas medidas han sido claves para que los vecinos y vecinas del barrio optaran a las subvenciones.

Por otro lado la Corporación Municipal de Ahora Madrid instó a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que declarase la Meseta de Orcasitas como área de rehabilitación preferente (ARRUS), cosa que sucedió el año pasado. Esto supone que la gente de Orcasitas puede solicitar ayudas de la Comunidad que alcanzan hasta un 30% del coste de la obra. Estas ayudas podrían ser acumulables con la totalidad de las ayudas del plan MAD-RE. Así se consigue que la sustitución del amianto sea prácticamente gratis para las gentes de Orcasitas.

Todos estos acuerdos se alcanzaron en una negociación que se llevó a cabo directamente entre la AVO y el Área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de Ahora Madrid, que tuvo una excelente actitud para resolver el problema.

El consistorio de derechas que gobierna después de las Elecciones Municipales de 2019 se comprometió a cumplir estos acuerdos tras la manifestación que realizamos varios centenares de  vecinas y vecinos de Orcasitas en la plaza de  la Villa para transmitir nuestras exigencias al Concejal de Urbanismo. En esa concentración, el Concejal de Urbanismo y el Director de Vivienda nos “concedieron” una reunión en la que se comprometieron a ejecutar los trámites necesarios para que se ejecutasen las obras de retirada de la uralita. No hay nada como una visita multitudinaria para refrescar la memoria.

El año pasado se presentaron 72 proyectos de obra que hizo un gabinete de arquitectura, contratado por los propietarios de las viviendas, siguiendo las especificaciones exigidas por el Ayuntamiento, y en la actualidad se han empezado a recibir las prescriptivas y necesarias licencias de obra. Y, al fin, se han empezado a ejecutar las obras a finales de 2020 y en los primeros meses de 2021.

Es evidente que hasta que no se retiren la totalidad de los tejados de amianto, el peligro para la salud sigue estando presente para las gentes de Orcasitas, pues las emanaciones de su polvo y de partículas son peligrosas inclusive a 3 Km de distancia.

En un tiempo en el que puede parecer que las movilizaciones no obtienen resultados, el hecho de que unos años después de haber iniciado nuestra lucha colectiva por la retirada del veneno sobre nuestras cabezas, estemos viendo las grúas trabajar en nuestro barrio, demuestra que el esfuerzo y las movilizaciones es lo único que señala el camino.

23 de febrero de 2021

Juan Cordero

Presidente de la Asociación Vecinal Orcasitas

Miembro de Acción en Red

Emergencia Climática: La COP25 fracasa

Francisco Castejón

El Parlamento Europeo ha declarado recientemente la Emergencia Climática. ¿Se ha contagiado el Parlamento del ecologismo más alarmista? Pues no, se puede decir que las evidencias científicas de que el calentamiento global avanza se acumulan y son rotundas. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), formado por más de 3500 científicos independientes de todo el mundo, ha puesto de manifiesto en sus informes que la situación es peor y más urgente de lo que pensaba: el cambio climático avanza más deprisa de lo que se creía y los fenómenos que lo acelerarían en cascada ocurriría con un aumento de temperatura de más de 1,5ºC, no de 2ºC. Los últimos informes del IPCC, emitidos hace un par de meses, analizan también el efecto del cambio climático sobre los océanos, mostrando las mismas conclusiones que para las tierras, con el agravante de que el principal sumidero de CO2 son las aguas. Asimismo estos informes afirman que el origen de estos cambios son justo las emisiones de gases de invernadero de origen humano. El 75% de estas emisiones proceden del sector energético y el otro 25% se debe a otras actividades como la agricultura y la ganadería.

El cambio climático tendrá un impacto enorme sobre el planeta, si no lo evitamos. Nuestras vidas se podrían ver severamente afectadas: aumento de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, huracanes, gotas frías, etc.; aumento del nivel del mar con el desplazamiento forzoso de millones de personas y la desaparición de los deltas de los ríos; disminución de las precipitaciones con el consiguiente aumento de las sequías y la escasez de alimentos; extensión de enfermedades como la malaria; cambios en los ecosistemas que conllevarán la extinción de especies… Una verdadera amenaza global.

Ante estos hechos y amenazas es claro que hay que tomar medidas. Y éstas son evidentes: hay que disminuir las emisiones de GEI lo antes posible para reducir su concentración atmosférica a niveles preindustriales. Sin embargo, tenemos un sistema energético y productivo que depende de la quema de combustibles fósiles en un 80% y son precisos, por tanto, cambios profundos. En primer lugar debemos tomar conciencia de que nuestro nivel de consumo es insostenible y de que el primer paso es introducir un consumo responsable. A continuación es necesario sustituir las energías fósiles por renovables que no emiten GEI y que tienen un bajo impacto ambiental. El Acuerdo de París pedía a las partes una reducción de emisiones de GEI suficiente para garantizar que no aumente de temperatura más de 1,5º, y la COP25 era un intento de sustanciar las propuestas de reducción de emisiones y, además, del establecimiento de un mercado de CO2 a nivel mundial que implique una penalización económica a quien no reduzca emisiones. Ninguno de los dos objetivos han sido alcanzados en la reunión de Madrid, que ha fracasado.

Dada la situación de emergencia climática reconocida por el Parlamento Europeo, es difícil de aceptar esta inacción por parte de los poderes políticos. Se imponen los deseos de las grandes compañías energéticas de seguir obteniendo beneficios de la quema de combustible fósiles y de algunos estados, como EEUU, China o India que se niegan a dejar de quemar su carbón y su petróleo. La UE ha tenido la postura más avanzada a nivel internacional con la propuesta de un “Green new deal”   por parte de la Comisión Europea, que está por ver si será aceptado por el Consejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Polonia se opone a reducir emisiones y alcanzar una neutralidad en carbono para 2050. Como instrumentos propuestos para influir internacionalmente en la reducción de emisiones, la Comisión propone introducir un arancel que grave las emisiones de GEI de los artículos importados y exigir a los países con los que negocie que cumplan el acuerdo de París.

Los ciudadanos tenemos que seguir haciendo presión sobre los poderes públicos para que impulsen un cambio de paradigma energético y tomen las medidas apropiadas que van desde la ordenación del territorio a impulsar una economía circular, pasando por la rehabilitación energética de las viviendas. Es preciso un cambio civilizatorio, educacional y de valores.

Fig. Boina de contaminación sobre la ciudad de Madrid Diciembre de 2019

Emergencia climática

Se celebra durante estas dos semanas en Madrid la COP25, la Conferencia del Clima, para intentar que los países del mundo lleguen a acuerdos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sustanciar así los acuerdos de la Cumbre de París en medidas concretas de reducción de emisiones. Se trata de que la temperatura media del planeta no aumente más de 1,5ºC a finales de siglo. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) basados en múltiples artículos científicos escritos por miles de científicos de todo el mundo, muestran una aceleración del cambio climático, tanto en la tierra, como en la atmósfera y, más recientemente, en los océanos. Estas llamadas de atención han hecho que le Parlamento europeo declare la Emergencia Climática y que el PNUMA ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los Acuerdos de París para alcanzar esa necesaria limitación del aumento de la temperatura. Los efectos del cambio climático sobre nuestra civilización pueden ser devastadores si no ponemos remedio: millones de personas desplazadas, fenómenos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, reducción de la producción agrícola,…

Necesitamos una transición ecológica. Para conseguir una descarbonización total en 2050 es imprescindible tomar medidas urgentes que posibiliten una reducción de emisiones de GEI del 8% al año. Esto implica profundos cambios en nuestros modelos de consumo y producción. Es necesario reducir drásticamente nuestro consumo en general, lo que tiene repercusiones en nuestras formas de vida, y modificar nuestro modelo energético para sustituir las energías fósiles por renovables. Para ello, las acciones personales son muy importantes, pero más aún lo son las políticas de los gobiernos. Por eso debemos exigir estos cambios económicos y políticos que posibiliten estos cambios que, por otra parte, nos acercarán a formas de vida más equilibradas.

Todos estos asuntos serán tratados en la Mesa Redonda que organizará Acción en Red-Madrid en la Bóveda (C/ San Felipe Neri, 4, Bajo Dcha) el día 13 de diciembre de 2019 a las 20 h. Contaremos con la participación de Juan Aguilera (Fridays for Future), Cristina Rois (Ecoogistas en Acción) y Francisco Castejón (Acción en Red). 

Trillo: tecnología alemana en entredicho

Foto de David Fernández

La central nuclear de Trillo (Guadalajara) está refrigerada por el Tajo y es la más moderna de las españolas. Su permiso de explotación expira en 2024 y cumple 40 años de explotación comercial en 2028, por lo que según cualquier calendario de cierre escalonado de centrales debería ser la última en cerrar. Las gentes de Guadalajara que viven cerca la llaman “La Bomba” de forma poco cariñosa, aunque muy significativa. También en la Alcarria se acuñó el término “chilindrines” para hablar de la radiactividad que se escapa de las nucleares y hasta los técnicos de la central lo usaban. Trillo está a escasos 93 km de Madrid, 47 km de Guadalajara y 80 de Cuenca.

Hablamos de una central de agua presurizada con 1067 MW de potencia, y difiere del resto de las españolas por ser de tecnología alemana. En efecto, no fueron ni Westinghouse ni General Electric las multinacionales que la construyeron, sino que fue la alemana Siemens. Y aquí aparece el primer problema: la multinacional Siemens ha cerrado su división nuclear y tanto el mantenimiento de la central como las posibles reparaciones necesarias y la sustitución de piezas averiadas no pueden realizarse por la empresa original. Han de ser los técnicos de otras empresas quienes se encarguen de esas delicadas operaciones. Asimismo, las piezas que siempre es necesario reemplazar no podrán ser ya las originales, lo que aumenta la inseguridad. Sucede lo mismo que en las centrales de tecnología Westinghouse españolas, empresa que ha quebrado, que es la empresa multinacional francesa Orano (la antigua AREVA) la que se encarga de esas tareas. Es casi seguro que será esta misma empresa la que se encargue del mantenimiento y reparaciones de Trillo. AREVA, por ejemplo, realizó la chapucera reparación de las bombas estropeadas de Almaraz en 2016.

Pese a ser la central más moderna, Trillo es la que acumula más incidentes graves de todas, incluido uno de Nivel II y una veintena de Nivel I. Probablemente alarmado por la acumulación de incidentes en poco tiempo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) impulsó en la segunda mitad de los años 90 el programa de estudios e inspecciones llamado AEOS (siglas de Análisis de Experiencia Operativa y Sistemas). Este programa de inspecciones analizó los diferentes sistemas complejos de la central y encontró más de 200 anomalías, muchas de ellas de diseño. Estas últimas fueron especialmente graves, puesto que existían desde la puesta en marcha de la central en 1988 y supusieron un riesgo desde el primer momento. Algunos problemas importantes que se descubrieron tenían que ver con el sistema de alimentación eléctrica de emergencia o el sistema de protección contra incendios. 

Fue especialmente grave la perforación de la contención durante una reparación realizada en 1999, que supuso una rotura gravísima del sistema de defensa en profundidad de la central. Este suceso fue calificado como Nivel II por el CSN. También fue llamativa la pérdida de un tornillo en el generador de vapor durante una recarga: no ha sido solo la central de Cofrentes, por tanto, la que ha sufrido la pérdida de piezas metálicas dentro del circuito primario. Trillo también sufrió una fuga de vapor a la contención a través de una fisura del circuito primario de refrigeración en 2003. O ese mismo año se pudo ver cómo un simulacro de accidente que incluía la evacuación de la población fracasaba estrepitosamente.

Una de las piezas más llamativas en fallar fue el estator del motor generador de la central. Una inmensa pieza en torno a la que gira el rotor, movido por la turbina, para generar electricidad. En el año 1998, esta pieza debió ser cambiada, para lo que hubo de ser importada desde Alemania en barco y tren. A su paso por Villaverde (Madrid) los ecologistas de AEDENAT la recibimos como se merecía, con un encadenamiento por sorpresa que los policías y vigilantes jurados no pudieron evitar. La pieza fue trasladada hasta la central entre protestas de los grupos antinucleares a lo largo de todo su trayecto desde Madrid, pero el fuerte despliegue policial evitó nuevos intentos de ralentizar el viaje.

La central de Trillo ha contado históricamente con la oposición de la Plataforma Antinuclear de Guadalajara. Esta plataforma ha sido clave en todas las luchas antinucleares de la Alcarria, incluido el cierre de Zorita o las luchas contra los diversos intentos de instalar el cementerio nuclear.

Trillo fue la primera central española en contar con un Almacén Temporal Individualizado (ATI), para albergar los residuos de alta actividad que producía. La piscina de combustible gastado de Trillo resultó ser demasiado pequeña para albergar todos sus residuos y se iba a llenar en el año 2000, porque la industria nuclear confiaba en que el Estado español habría puesto en marcha un cementerio nuclear centralizado para los residuos de alta actividad de todas las centrales antes de esa fecha. Así que en 1999 puso en marcha el proyecto para construir un ATI, con la intención secreta de convertirlo en Almacén Temporal Centralizado (ATC), según pudimos saber por una filtración y acabó por reconocer el exalcalde de Trillo en una mesa redonda, para sorpresa del que suscribe, que había sido tildado de mentiroso en numerosas ocasiones por ese alcalde. Este regidor llegó a amenazarme con querellarse contra mí si seguía afirmando que él estaba negociando con ENRESA la construcción de un ATC en Trillo. Lógicamente nunca llegó a querellarse, dada la veracidad de las informaciones con que contábamos. Y es que la industria nuclear oculta lo que le conviene cuando le conviene y se compra a quien necesita. De hecho el ATI estaba prohibido por las Normas Urbanísticas Subsidiarias del Ayuntamiento de Trillo que prohibían explícitamente el almacenamiento de residuos en el término municipal. Esa prohibición se introdujo cuando se construyó la central para evitar que se convirtiera en un cementerio nuclear. Sin embargo, el Gobierno de Aznar no tuvo problema en posibilitar la construcción del ATI, mediante la declaración de Instalación de Interés público el 31 de julio de 1999, pasando por encima de las Normas aprobadas democráticamente y de la opinión de la mayoría de los alcarreños y alcarreñas. Sin el ATI, Trillo debería haber parado por no tener capacidad en su piscina para albergar los residuos producidos. Las protestas contra el ATI aparecieron en la novela El alquimista impaciente de Lorenzo Silva.

La continuidad de Trillo no ha sido beneficiosa para una comarca tan rica como la Alcarria. Al igual que en el resto de las zonas nucleares, casi todos los pueblos cercanos a la central han perdido población. Y no sólo eso, la presencia de la central ha espantado la construcción de una planta embotelladora de agua en Cifuentes, el pueblo de las cien fuentes, y de un balneario a las orillas del Tajo, río que en esa altura genera interesantes valores paisajísticos y naturales. Río que, en sí mismo, sería una atracción turística natural de primer orden.

El cierre de Trillo permitiría el desarrollo de todas las potencialidades de esta comarca, conocida casi solo por su excelente miel. Turismo natural, agricultura y ganadería ecológica de excelente calidad, plantas embotelladoras, balnearios, pequeña industria dedicada al desarrollo de las renovables… son solo ejemplos de lo que podría realizarse. El dinero de ENRESA que ahora se malgasta en la zona y que seguiría llegando tras el cierre de la central podría invertirse en esta actividades económicas alternativas. Además del cierre de Trillo, seguimos trabajando por la no renovación de los permisos de explotación de las centrales españolas para facilitar la transición a un nuevo modelo energético. Almaraz debería ser la primera en cerrar en 2020.

Francisco Castejón. Miembro de Acción en Red, Ecologistas en Acción y del Movimiento Ibérico Antinuclear.

Artículo aparecido en el blog Desconexión nuclear de la revista El Salto.