Problemas de la transición energética

Artículo de Francisco Castejón publicado en Berrituz, nº 71


Dadme el poder y os daré una alternativa
Miren Etxezarreta

En numerosas zonas del territorio español se están produciendo protestas de grupos ecologistas frente al despliegue masivo de renovables por la forma en que este se produce. Se llega a pedir la moratoria de la construcción de nuevos parques con la consigna de “Renovables sí, pero no así”. Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de adoptar estas posturas por los efectos negativos que conlleva retrasar el despliegue de renovables.

El último informe sobre el cambio climático emitido por el Grupo I del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) ha supuesto una importante llamada de atención sobre lo avanzados que están ya los efectos del calentamiento global. En resumen, se puede decir que la temperatura ha aumentado ya 1º respecto a la media entre 1890 y 1990 y que se multiplican los fenómenos extremos como inundaciones e incendios provocados por olas de calor. Asimismo se observa cómo se derrite el permafrost, se alcanzan temperaturas record en el Ártico o aumenta la acidificación de los mares. Y todos estos fenómenos correlacionan totalmente con las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidos por los humanos. Esta situación resulta alarmante, pero no ha sido suficiente para que los estados tomen las medidas necesarias, puesto que las políticas comprometidas por los países miembros de las COP garantizan que la temperatura ascenderá 2,7º a finales del siglo XXI. Recordemos que el IPCC recomienda no aumentar la temperatura más de 1,5º a finales de siglo, límite que se aceptó en el acuerdo de París. Pues bien, el aumento de la temperatura puede superar los 1,5º antes de 2030  y, si no se toman medidas, este aumento superará con creces los 3º a final de siglo. Significa esto que hay actuar urgentemente, que no hay tiempo que perder.

Cuando escribo estas líneas se va a inaugurar la cumbre COP25 de Glasgow, que es una nueva oportunidad para avanzar hacia compromisos concretos que permitan evitar estos aumentos de temperatura. Pero la situación mundial tras la pandemia, con todos los países deseosos de relanzar sus economías, no permite abrigar muchas esperanzas.

Ante el avance del cambio climático, la UE obligó a los estados miembros a presentar paquetes de medidas para reducir sus emisiones en el horizonte de 2030. El Gobierno de España ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además del PNIEC, el parlamento ha aprobado recientemente una Ley de Cambio Climático.

En este marco de urgencia, el PNIEC pone en marcha medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a todos los sectores contaminantes. Pero de entre todos ellos, dos son los que más emiten: el transporte y la generación de electricidad. Se trataría de electrificar el transporte, o de alimentarlo con hidrógeno u otros combustibles generados con energías renovables, y de modificar la estructura de generación eléctrica para basarla en las renovables y para que sea capaz de alimentar al transporte. En la actualidad, este último se basa en los derivados del petróleo en un 90%, por lo que nos enfrentamos a un desafío de primer orden: hay que modificar el transporte de carretera, de las ciudades, marítimo y el transporte aéreo, salvando las resistencias de quienes hoy hacen negocio con él y modificando la cultura de transportarnos que tenemos.

El PNIEC lanzado por el gobierno avanza en este sentido y planea que en 2030 el 40% de toda la energía consumida sea de origen renovable y que la neutralidad en carbono se alcance en 2050. Este plan avanza, por tanto, en la transformación del sector energético de nuestro país. Hay que prescindir de cuatro de las cinco grandes fuentes de energía que se consumían en los 80, petróleo, carbón, gas y nuclear, y sustituirlas por renovables al ritmo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. El despliegue de renovables requiere, además, de una energía de respaldo lo suficientemente flexible para entrar en la red cuando no hay  suficiente potencia renovable disponible, o bien de un sistema de almacenamiento energético suficiente.

La opción española para transformar la generación eléctrica fue prescindir en primer lugar del fuel, dado su alto precio, en segundo lugar del carbón, por sus altas emisiones, y a continuación la nuclear (la última central parará en 2035) y el gas, que será la verdadera energía de respaldo de las renovables. La potencia renovable planeada para 2030 alcanza 122.677 MW, destacando la potencia eólica con 50.333 MW y la fotovoltaica con 39.181 MW. En 2020 la potencia renovable instalada ascendía a 57.374 MW, de los que la eólica suponía 28.033 MW y la fotovoltaica aportaba 9.071 MW. Es decir, la potencia renovable total y la eólica casi tienen que duplicarse de aquí a 2030 y la fotovoltaica instalada tiene que multiplicarse por más de 4. Y todo ello ha de suceder en una década para cumplir el poco ambicioso objetivo de llegar al 40% de energías renovables, lo que implica un rapidísimo crecimiento. De hecho, en 2019 se produjo el record de instalación de renovables, que alcanzó los 6.456 MW entre todas las tecnologías.

Más allá de la discusión pertinente sobre si se introducen suficientes medidas de ahorro,  eficiencia y reducción del consumo, es necesario desplegar renovables muy deprisa, si queremos reducir al ritmo necesario las emisiones de gases de invernadero. Los problemas aparecen cuando queremos efectuar esa transición en nuestro país, donde tenemos un sistema eléctrico dominado por cinco compañías, de las cuales tres son las predominantes (ENDESA, Iberdrola y Naturgy). Para ellos se trata de posicionarse con ventaja en el nuevo escenario de producción energética, sin dejar de hacer negocio con el sistema eléctrico actual. La capacidad del gobierno para pilotar esta transición es, paradójicamente, limitada. Por un lado está atado por la legislación europea, que le obliga a mantener el sistema liberalizado que se puso en marcha en el año 2000, por otro, no cuenta con el interesante mecanismo de poseer una empresa eléctrica pública saneada para influir sobre el sistema eléctrico. Este último factor podría repararse por la vía de que fuera el propio estado el que invirtiera en renovables y servicios energéticos.

La transición energética urgente solo puede hacerse desde dos flancos. Por una parte ha de ser impulsada por este sector eléctrico, y por otra parte por el impulso de pequeños inversores que pongan en marcha proyectos de autoconsumo o de generación a pequeña escala. Por cierto que la regulación es muy importante para facilitar el impulso de los pequeños inversores y también para poner en marcha mecanismos legales de control que puedan introducir algo de racionalidad en el despliegue masivo de renovables

Ambos impulsos caben, pero me temo que el impulso empresarial es mucho más potente en el sistema legal y económico que tenemos en la actualidad. El gobierno debería favorecer el crecimiento de la potencia instalada en medios ya humanizados como ciudades o polígonos industriales.  Pero esto no sería suficiente, en estas escalas de tiempo, para alcanzar los objetivos de instalación de renovables.
Por eso es imprescindible ese veloz despliegue de renovables. En mi opinión, cabe reclamar la planificación y que se respeten los lugares de cierto valor natural, pero no creo que sea una buena idea solicitar una moratoria que puede retardar demasiado el necesario despliegue. Se trata de ir sustituyendo tecnologías sucias por potencia renovable, para poder tener un sistema lo menos impactante posible y luchar contra el cambio climático con todas nuestras capacidades.

Sería deseable tener los medios políticos y económicos para realizar esta transición energética según nuestras criterios: descenso drástico del consumo energético usando máximas medidas de ahorro y eficiencia, potenciación al máximo del transporte público, despliegue de renovables en zonas humanizadas con tecnologías de generación distribuida, planificación de los lugares en que han de instalarse el resto de renovables,… Sin embargo no contamos con dichos medios.

El movimiento ecologista ha conseguido vencer todas las reticencias que existían sobre la capacidad técnica de las renovables para satisfacer la demanda y podemos ver que los precios de estas han bajado lo suficiente para competir ventajosamente con las energías sucias. Esta bajada de precios se ha producido gracias al mecanismo que defendimos, la puesta en acción de la llamada curva de aprendizaje: según se despliega una tecnología, su precio irá bajando pues cada vez se conseguirán los servicios de forma más eficiente. La disponibilidad de potencia renovable hace que los impactos de la producción de energía, en particular el cambio climático, se reduzcan sustancialmente. Si bien es verdad que siempre habrá efectos negativos: tendremos ocupación del territorio por los paneles solares, impacto paisajístico y de las pistas para trasladar los aerogeneradores, habrá también nuevas subestaciones para extraer la potencia. Sin embargo, estos impactos son mucho menos duros que los de las energías sucias. Por poner un ejemplo, un río como el Ebro tiene una central nuclear en su cabecera, ahora en desmantelamiento, seis centrales térmicas, dos reactores nucleares activos, y toda la industria petroquímica y de refino. El despliegue de aerogeneradores en esta zona tan ventosa permitirá la eliminación paulatina de estas instalaciones. Sin duda una ganancia.

Por otra parte, las renovables compiten bien con las energías tradicionales y permiten abaratar el precio del kWh. La transición energética favorecerá el control del precio de la electricidad. Si bien la energía es un bien escaso y no habría que esperar una bajada de precios en el futuro.

No podemos esperar a que se produzcan las deseables reformas del sistema energético español para desplegar las renovables. El cambio climático no nos da respiro ni la posibilidad de elaborar y poner en práctica un programa. Miren Etxezarreta, una economista alternativa, participó en una mesa sobre el capitalismo en las jornadas de Pensamiento Crítico. Preguntada sobre la puesta en marcha de sistemas económicos más humanos y al servicio de las personas, y sobre cómo se podría construir una alternativa,  dijo: “dadme el poder y os daré una alternativa”. En este caso estamos en una situación parecida: no tenemos el poder y ni siquiera el gobierno lo tiene del todo. Pero sí podemos influir, tal como llevamos décadas haciéndolo para que las cosas se hagan lo mejor posible. La alternativa no es del todo de nuestro gusto, pero supone un avance respecto a lo que hay.

La retirada de los tejados de amianto en Orcasitas. Un premio a seis años de lucha.

Durante la segunda mitad del siglo pasado miles de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha abandonaron su lugar de origen, como hacen hoy africanos, sudamericanos y asiáticos, buscando en los alrededores del sur de Madrid, concretamente entre la carretera de Toledo y la de Andalucía lindando con lo que hoy es la M40, un lugar mejor donde hacer su vida. Como los terrenos eran de la terrateniente María Orcasitas y en el centro del barrio hay una Meseta, así se denominó la barriada. Se construyeron las chabolas, de noche, para que la guardia civil no las derribara por esa extraña ley que no permitía derribar moradas una vez construidas, pero sí permitía hacerlo en su proceso de construcción. Más tarde, hace ya 50 años, se construyó un local para la Asociación Vecinal que continúa funcionando a día de hoy, siempre a la cabeza de las reivindicaciones del barrio.

Obras de retirada del amianto en los tejados del barrio madrileño de Meseta de Orcasitas

Después de muchos años e innumerables luchas, los vecinos y vecinas conseguimos que se construyesen viviendas dignas. Siguiendo a la Asociación Vecinal y a un puñado de urbanistas comprometidos, elegimos hasta el color de los ladrillos de nuestras futuras casas. El estado franquista intentó, sin éxito debido al coraje vecinal, asentarnos en otro lugar más alejado del centro de Madrid. Finalmente conseguimos por una sentencia judicial quedarnos donde estaban nuestras casas, sentencia que obligaba a los poderes públicos a que impulsaran la construcción de los pisos en el mismo lugar en el que estaban las chabolas. De aquella jurisprudencia, que se desprende de la sentencia judicial favorable a los deseos vecinales, se beneficiaron otras personas que buscaban viviendas donde asentarse, incluso personas que buscaban su vivienda digna fuera de Madrid.

El IVIMA, que dirigió la construcción de nuestras casas, buscaba los materiales de construcción más baratos, entre ellos el amianto, o fibrocemento, aunque ya por aquel entonces se conocía que su uso era perjudicial para la salud; pero ya se sabe que lo fundamental en este sistema económico es obtener el máximo beneficio.

Con el amianto se hizo el cerramiento de los tejados de 110 bloques del barrio. La uralita, como aseguran todos los expertos, lleva aparejados graves problemas de salud cuando de ella se desprenden partículas insalubres cancerígenas, con el paso del tiempo, al estar sometida a la intemperie. Lo mismo ocurre cuando la uralita es mecanizada o manipulada, cosa que pasa, por ejemplo, con la colocación de antenas en nuestros tejados: el pan nuestro de cada día. Nuestros tejados que eran negros a la entrega de las casas hoy se ven blanquecinos por que se ha desprendido la capa protectora de la uralita. La inhalación de las fibras desprendidas de la uralita causa diferentes tipos de cánceres, como ha quedado probado, desgraciadamente, en trabajadores del metro de Madrid. El amianto se colocó sobre nuestras cabezas a mediados de la década de los 80 casi hace 40 años.

La Asociación Vecinal Orcasitas (AVO) y todo el vecindario del barrio comenzamos a exigir su retirada hace más de 6 años, en cuanto fuimos conscientes de su peligro para la salud. Desde entonces hemos hecho al menos 5 asambleas con asistencia de más de 300 personas en cada una de ellas, entre otras movilizaciones y sensibilizaciones. A nuestras asambleas hemos invitado a diversos políticos en el poder o en la oposición: concejales, diputados autonómicos, incluso Manuela Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid fue invitada y asistió a una de ellas.

Recientemente, ya gobernados por el PP y C`s, con el apoyo de VOX, cosa que es mejor no olvidar, más de 200 vecinas y vecinos fuimos a la madrileña Plaza de la Villa para exigir a los actuales responsables de urbanismo que cumplan lo acordado con la Asociación Vecinal Orcasitas.

Durante la época de la anterior Corporación Municipal, con Ahora Madrid en la alcaldía, se ofreció a la AVO aplicar el plan MAD-RE de ayuda a la rehabilitación a todas las Comunidades de Vecinos que lo soliciten, y ayudarlas económicamente con un 75% del coste para sustituir las cubiertas de amianto por otras que no fuesen nocivas para la salud. La AVO planteó que eso fuera así para todas las viviendas, tanto para las torres de 32 viviendas como para bloques de entre 6 y 12 pisos. Hay que tener en cuenta que el coste por vecino es mayor cuantas menos viviendas haya en el edificio. Para las viviendas que por ley no podrían alcanzar el 75% de la subvención, acordamos que la ayuda se completase con el montante de un Proyecto Participativo para el que se obtuvieron 300.000 € para desmontar el amianto. De esta manera las ayudas llegarían a todos los vecinos que tengan amianto en sus edificios.

Llegamos al acuerdo de que una parte sustancial de la subvención se daba antes de empezar la obra, y el resto nada más acabarla, dado que muchos de los vecinos no podían adelantar el dinero necesario para realizar las obras. Estas medidas han sido claves para que los vecinos y vecinas del barrio optaran a las subvenciones.

Por otro lado la Corporación Municipal de Ahora Madrid instó a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que declarase la Meseta de Orcasitas como área de rehabilitación preferente (ARRUS), cosa que sucedió el año pasado. Esto supone que la gente de Orcasitas puede solicitar ayudas de la Comunidad que alcanzan hasta un 30% del coste de la obra. Estas ayudas podrían ser acumulables con la totalidad de las ayudas del plan MAD-RE. Así se consigue que la sustitución del amianto sea prácticamente gratis para las gentes de Orcasitas.

Todos estos acuerdos se alcanzaron en una negociación que se llevó a cabo directamente entre la AVO y el Área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de Ahora Madrid, que tuvo una excelente actitud para resolver el problema.

El consistorio de derechas que gobierna después de las Elecciones Municipales de 2019 se comprometió a cumplir estos acuerdos tras la manifestación que realizamos varios centenares de  vecinas y vecinos de Orcasitas en la plaza de  la Villa para transmitir nuestras exigencias al Concejal de Urbanismo. En esa concentración, el Concejal de Urbanismo y el Director de Vivienda nos “concedieron” una reunión en la que se comprometieron a ejecutar los trámites necesarios para que se ejecutasen las obras de retirada de la uralita. No hay nada como una visita multitudinaria para refrescar la memoria.

El año pasado se presentaron 72 proyectos de obra que hizo un gabinete de arquitectura, contratado por los propietarios de las viviendas, siguiendo las especificaciones exigidas por el Ayuntamiento, y en la actualidad se han empezado a recibir las prescriptivas y necesarias licencias de obra. Y, al fin, se han empezado a ejecutar las obras a finales de 2020 y en los primeros meses de 2021.

Es evidente que hasta que no se retiren la totalidad de los tejados de amianto, el peligro para la salud sigue estando presente para las gentes de Orcasitas, pues las emanaciones de su polvo y de partículas son peligrosas inclusive a 3 Km de distancia.

En un tiempo en el que puede parecer que las movilizaciones no obtienen resultados, el hecho de que unos años después de haber iniciado nuestra lucha colectiva por la retirada del veneno sobre nuestras cabezas, estemos viendo las grúas trabajar en nuestro barrio, demuestra que el esfuerzo y las movilizaciones es lo único que señala el camino.

23 de febrero de 2021

Juan Cordero

Presidente de la Asociación Vecinal Orcasitas

Miembro de Acción en Red

Emergencia Climática: La COP25 fracasa

Francisco Castejón

El Parlamento Europeo ha declarado recientemente la Emergencia Climática. ¿Se ha contagiado el Parlamento del ecologismo más alarmista? Pues no, se puede decir que las evidencias científicas de que el calentamiento global avanza se acumulan y son rotundas. El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), formado por más de 3500 científicos independientes de todo el mundo, ha puesto de manifiesto en sus informes que la situación es peor y más urgente de lo que pensaba: el cambio climático avanza más deprisa de lo que se creía y los fenómenos que lo acelerarían en cascada ocurriría con un aumento de temperatura de más de 1,5ºC, no de 2ºC. Los últimos informes del IPCC, emitidos hace un par de meses, analizan también el efecto del cambio climático sobre los océanos, mostrando las mismas conclusiones que para las tierras, con el agravante de que el principal sumidero de CO2 son las aguas. Asimismo estos informes afirman que el origen de estos cambios son justo las emisiones de gases de invernadero de origen humano. El 75% de estas emisiones proceden del sector energético y el otro 25% se debe a otras actividades como la agricultura y la ganadería.

El cambio climático tendrá un impacto enorme sobre el planeta, si no lo evitamos. Nuestras vidas se podrían ver severamente afectadas: aumento de fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, huracanes, gotas frías, etc.; aumento del nivel del mar con el desplazamiento forzoso de millones de personas y la desaparición de los deltas de los ríos; disminución de las precipitaciones con el consiguiente aumento de las sequías y la escasez de alimentos; extensión de enfermedades como la malaria; cambios en los ecosistemas que conllevarán la extinción de especies… Una verdadera amenaza global.

Ante estos hechos y amenazas es claro que hay que tomar medidas. Y éstas son evidentes: hay que disminuir las emisiones de GEI lo antes posible para reducir su concentración atmosférica a niveles preindustriales. Sin embargo, tenemos un sistema energético y productivo que depende de la quema de combustibles fósiles en un 80% y son precisos, por tanto, cambios profundos. En primer lugar debemos tomar conciencia de que nuestro nivel de consumo es insostenible y de que el primer paso es introducir un consumo responsable. A continuación es necesario sustituir las energías fósiles por renovables que no emiten GEI y que tienen un bajo impacto ambiental. El Acuerdo de París pedía a las partes una reducción de emisiones de GEI suficiente para garantizar que no aumente de temperatura más de 1,5º, y la COP25 era un intento de sustanciar las propuestas de reducción de emisiones y, además, del establecimiento de un mercado de CO2 a nivel mundial que implique una penalización económica a quien no reduzca emisiones. Ninguno de los dos objetivos han sido alcanzados en la reunión de Madrid, que ha fracasado.

Dada la situación de emergencia climática reconocida por el Parlamento Europeo, es difícil de aceptar esta inacción por parte de los poderes políticos. Se imponen los deseos de las grandes compañías energéticas de seguir obteniendo beneficios de la quema de combustible fósiles y de algunos estados, como EEUU, China o India que se niegan a dejar de quemar su carbón y su petróleo. La UE ha tenido la postura más avanzada a nivel internacional con la propuesta de un “Green new deal”   por parte de la Comisión Europea, que está por ver si será aceptado por el Consejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Polonia se opone a reducir emisiones y alcanzar una neutralidad en carbono para 2050. Como instrumentos propuestos para influir internacionalmente en la reducción de emisiones, la Comisión propone introducir un arancel que grave las emisiones de GEI de los artículos importados y exigir a los países con los que negocie que cumplan el acuerdo de París.

Los ciudadanos tenemos que seguir haciendo presión sobre los poderes públicos para que impulsen un cambio de paradigma energético y tomen las medidas apropiadas que van desde la ordenación del territorio a impulsar una economía circular, pasando por la rehabilitación energética de las viviendas. Es preciso un cambio civilizatorio, educacional y de valores.

Fig. Boina de contaminación sobre la ciudad de Madrid Diciembre de 2019

Emergencia climática

Se celebra durante estas dos semanas en Madrid la COP25, la Conferencia del Clima, para intentar que los países del mundo lleguen a acuerdos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y sustanciar así los acuerdos de la Cumbre de París en medidas concretas de reducción de emisiones. Se trata de que la temperatura media del planeta no aumente más de 1,5ºC a finales de siglo. Los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) basados en múltiples artículos científicos escritos por miles de científicos de todo el mundo, muestran una aceleración del cambio climático, tanto en la tierra, como en la atmósfera y, más recientemente, en los océanos. Estas llamadas de atención han hecho que le Parlamento europeo declare la Emergencia Climática y que el PNUMA ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los Acuerdos de París para alcanzar esa necesaria limitación del aumento de la temperatura. Los efectos del cambio climático sobre nuestra civilización pueden ser devastadores si no ponemos remedio: millones de personas desplazadas, fenómenos climáticos extremos, aumento del nivel del mar, reducción de la producción agrícola,…

Necesitamos una transición ecológica. Para conseguir una descarbonización total en 2050 es imprescindible tomar medidas urgentes que posibiliten una reducción de emisiones de GEI del 8% al año. Esto implica profundos cambios en nuestros modelos de consumo y producción. Es necesario reducir drásticamente nuestro consumo en general, lo que tiene repercusiones en nuestras formas de vida, y modificar nuestro modelo energético para sustituir las energías fósiles por renovables. Para ello, las acciones personales son muy importantes, pero más aún lo son las políticas de los gobiernos. Por eso debemos exigir estos cambios económicos y políticos que posibiliten estos cambios que, por otra parte, nos acercarán a formas de vida más equilibradas.

Todos estos asuntos serán tratados en la Mesa Redonda que organizará Acción en Red-Madrid en la Bóveda (C/ San Felipe Neri, 4, Bajo Dcha) el día 13 de diciembre de 2019 a las 20 h. Contaremos con la participación de Juan Aguilera (Fridays for Future), Cristina Rois (Ecoogistas en Acción) y Francisco Castejón (Acción en Red).