Ante la desorbitada subida de los precios de la electricidad a finales de 2021 y 2022 se analizan las causas en la estructura del mercado eléctrico en nuestro país.
Un artículo de Francisco Castejón para Berrituz. Lee aquí el artículo completo.
Feliz año 2022
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.
Problemas de la transición energética
Artículo de Francisco Castejón publicado en Berrituz, nº 71
Dadme el poder y os daré una alternativa
Miren Etxezarreta
En numerosas zonas del territorio español se están produciendo protestas de grupos ecologistas frente al despliegue masivo de renovables por la forma en que este se produce. Se llega a pedir la moratoria de la construcción de nuevos parques con la consigna de “Renovables sí, pero no así”. Creo que hay que ser cuidadosos a la hora de adoptar estas posturas por los efectos negativos que conlleva retrasar el despliegue de renovables.
El último informe sobre el cambio climático emitido por el Grupo I del IPCC (Panel Intergubernamental para el Cambio Climático) ha supuesto una importante llamada de atención sobre lo avanzados que están ya los efectos del calentamiento global. En resumen, se puede decir que la temperatura ha aumentado ya 1º respecto a la media entre 1890 y 1990 y que se multiplican los fenómenos extremos como inundaciones e incendios provocados por olas de calor. Asimismo se observa cómo se derrite el permafrost, se alcanzan temperaturas record en el Ártico o aumenta la acidificación de los mares. Y todos estos fenómenos correlacionan totalmente con las altas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera emitidos por los humanos. Esta situación resulta alarmante, pero no ha sido suficiente para que los estados tomen las medidas necesarias, puesto que las políticas comprometidas por los países miembros de las COP garantizan que la temperatura ascenderá 2,7º a finales del siglo XXI. Recordemos que el IPCC recomienda no aumentar la temperatura más de 1,5º a finales de siglo, límite que se aceptó en el acuerdo de París. Pues bien, el aumento de la temperatura puede superar los 1,5º antes de 2030 y, si no se toman medidas, este aumento superará con creces los 3º a final de siglo. Significa esto que hay actuar urgentemente, que no hay tiempo que perder.
Cuando escribo estas líneas se va a inaugurar la cumbre COP25 de Glasgow, que es una nueva oportunidad para avanzar hacia compromisos concretos que permitan evitar estos aumentos de temperatura. Pero la situación mundial tras la pandemia, con todos los países deseosos de relanzar sus economías, no permite abrigar muchas esperanzas.
Ante el avance del cambio climático, la UE obligó a los estados miembros a presentar paquetes de medidas para reducir sus emisiones en el horizonte de 2030. El Gobierno de España ha presentado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Además del PNIEC, el parlamento ha aprobado recientemente una Ley de Cambio Climático.
En este marco de urgencia, el PNIEC pone en marcha medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que afectan a todos los sectores contaminantes. Pero de entre todos ellos, dos son los que más emiten: el transporte y la generación de electricidad. Se trataría de electrificar el transporte, o de alimentarlo con hidrógeno u otros combustibles generados con energías renovables, y de modificar la estructura de generación eléctrica para basarla en las renovables y para que sea capaz de alimentar al transporte. En la actualidad, este último se basa en los derivados del petróleo en un 90%, por lo que nos enfrentamos a un desafío de primer orden: hay que modificar el transporte de carretera, de las ciudades, marítimo y el transporte aéreo, salvando las resistencias de quienes hoy hacen negocio con él y modificando la cultura de transportarnos que tenemos.
El PNIEC lanzado por el gobierno avanza en este sentido y planea que en 2030 el 40% de toda la energía consumida sea de origen renovable y que la neutralidad en carbono se alcance en 2050. Este plan avanza, por tanto, en la transformación del sector energético de nuestro país. Hay que prescindir de cuatro de las cinco grandes fuentes de energía que se consumían en los 80, petróleo, carbón, gas y nuclear, y sustituirlas por renovables al ritmo necesario para cumplir con el Acuerdo de París. El despliegue de renovables requiere, además, de una energía de respaldo lo suficientemente flexible para entrar en la red cuando no hay suficiente potencia renovable disponible, o bien de un sistema de almacenamiento energético suficiente.
La opción española para transformar la generación eléctrica fue prescindir en primer lugar del fuel, dado su alto precio, en segundo lugar del carbón, por sus altas emisiones, y a continuación la nuclear (la última central parará en 2035) y el gas, que será la verdadera energía de respaldo de las renovables. La potencia renovable planeada para 2030 alcanza 122.677 MW, destacando la potencia eólica con 50.333 MW y la fotovoltaica con 39.181 MW. En 2020 la potencia renovable instalada ascendía a 57.374 MW, de los que la eólica suponía 28.033 MW y la fotovoltaica aportaba 9.071 MW. Es decir, la potencia renovable total y la eólica casi tienen que duplicarse de aquí a 2030 y la fotovoltaica instalada tiene que multiplicarse por más de 4. Y todo ello ha de suceder en una década para cumplir el poco ambicioso objetivo de llegar al 40% de energías renovables, lo que implica un rapidísimo crecimiento. De hecho, en 2019 se produjo el record de instalación de renovables, que alcanzó los 6.456 MW entre todas las tecnologías.
Más allá de la discusión pertinente sobre si se introducen suficientes medidas de ahorro, eficiencia y reducción del consumo, es necesario desplegar renovables muy deprisa, si queremos reducir al ritmo necesario las emisiones de gases de invernadero. Los problemas aparecen cuando queremos efectuar esa transición en nuestro país, donde tenemos un sistema eléctrico dominado por cinco compañías, de las cuales tres son las predominantes (ENDESA, Iberdrola y Naturgy). Para ellos se trata de posicionarse con ventaja en el nuevo escenario de producción energética, sin dejar de hacer negocio con el sistema eléctrico actual. La capacidad del gobierno para pilotar esta transición es, paradójicamente, limitada. Por un lado está atado por la legislación europea, que le obliga a mantener el sistema liberalizado que se puso en marcha en el año 2000, por otro, no cuenta con el interesante mecanismo de poseer una empresa eléctrica pública saneada para influir sobre el sistema eléctrico. Este último factor podría repararse por la vía de que fuera el propio estado el que invirtiera en renovables y servicios energéticos.
La transición energética urgente solo puede hacerse desde dos flancos. Por una parte ha de ser impulsada por este sector eléctrico, y por otra parte por el impulso de pequeños inversores que pongan en marcha proyectos de autoconsumo o de generación a pequeña escala. Por cierto que la regulación es muy importante para facilitar el impulso de los pequeños inversores y también para poner en marcha mecanismos legales de control que puedan introducir algo de racionalidad en el despliegue masivo de renovables
Ambos impulsos caben, pero me temo que el impulso empresarial es mucho más potente en el sistema legal y económico que tenemos en la actualidad. El gobierno debería favorecer el crecimiento de la potencia instalada en medios ya humanizados como ciudades o polígonos industriales. Pero esto no sería suficiente, en estas escalas de tiempo, para alcanzar los objetivos de instalación de renovables.
Por eso es imprescindible ese veloz despliegue de renovables. En mi opinión, cabe reclamar la planificación y que se respeten los lugares de cierto valor natural, pero no creo que sea una buena idea solicitar una moratoria que puede retardar demasiado el necesario despliegue. Se trata de ir sustituyendo tecnologías sucias por potencia renovable, para poder tener un sistema lo menos impactante posible y luchar contra el cambio climático con todas nuestras capacidades.
Sería deseable tener los medios políticos y económicos para realizar esta transición energética según nuestras criterios: descenso drástico del consumo energético usando máximas medidas de ahorro y eficiencia, potenciación al máximo del transporte público, despliegue de renovables en zonas humanizadas con tecnologías de generación distribuida, planificación de los lugares en que han de instalarse el resto de renovables,… Sin embargo no contamos con dichos medios.
El movimiento ecologista ha conseguido vencer todas las reticencias que existían sobre la capacidad técnica de las renovables para satisfacer la demanda y podemos ver que los precios de estas han bajado lo suficiente para competir ventajosamente con las energías sucias. Esta bajada de precios se ha producido gracias al mecanismo que defendimos, la puesta en acción de la llamada curva de aprendizaje: según se despliega una tecnología, su precio irá bajando pues cada vez se conseguirán los servicios de forma más eficiente. La disponibilidad de potencia renovable hace que los impactos de la producción de energía, en particular el cambio climático, se reduzcan sustancialmente. Si bien es verdad que siempre habrá efectos negativos: tendremos ocupación del territorio por los paneles solares, impacto paisajístico y de las pistas para trasladar los aerogeneradores, habrá también nuevas subestaciones para extraer la potencia. Sin embargo, estos impactos son mucho menos duros que los de las energías sucias. Por poner un ejemplo, un río como el Ebro tiene una central nuclear en su cabecera, ahora en desmantelamiento, seis centrales térmicas, dos reactores nucleares activos, y toda la industria petroquímica y de refino. El despliegue de aerogeneradores en esta zona tan ventosa permitirá la eliminación paulatina de estas instalaciones. Sin duda una ganancia.
Por otra parte, las renovables compiten bien con las energías tradicionales y permiten abaratar el precio del kWh. La transición energética favorecerá el control del precio de la electricidad. Si bien la energía es un bien escaso y no habría que esperar una bajada de precios en el futuro.
No podemos esperar a que se produzcan las deseables reformas del sistema energético español para desplegar las renovables. El cambio climático no nos da respiro ni la posibilidad de elaborar y poner en práctica un programa. Miren Etxezarreta, una economista alternativa, participó en una mesa sobre el capitalismo en las jornadas de Pensamiento Crítico. Preguntada sobre la puesta en marcha de sistemas económicos más humanos y al servicio de las personas, y sobre cómo se podría construir una alternativa, dijo: “dadme el poder y os daré una alternativa”. En este caso estamos en una situación parecida: no tenemos el poder y ni siquiera el gobierno lo tiene del todo. Pero sí podemos influir, tal como llevamos décadas haciéndolo para que las cosas se hagan lo mejor posible. La alternativa no es del todo de nuestro gusto, pero supone un avance respecto a lo que hay.
La retirada de los tejados de amianto en Orcasitas. Un premio a seis años de lucha.
Durante la segunda mitad del siglo pasado miles de inmigrantes procedentes fundamentalmente de Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha abandonaron su lugar de origen, como hacen hoy africanos, sudamericanos y asiáticos, buscando en los alrededores del sur de Madrid, concretamente entre la carretera de Toledo y la de Andalucía lindando con lo que hoy es la M40, un lugar mejor donde hacer su vida. Como los terrenos eran de la terrateniente María Orcasitas y en el centro del barrio hay una Meseta, así se denominó la barriada. Se construyeron las chabolas, de noche, para que la guardia civil no las derribara por esa extraña ley que no permitía derribar moradas una vez construidas, pero sí permitía hacerlo en su proceso de construcción. Más tarde, hace ya 50 años, se construyó un local para la Asociación Vecinal que continúa funcionando a día de hoy, siempre a la cabeza de las reivindicaciones del barrio.
Después de muchos años e innumerables luchas, los vecinos y vecinas conseguimos que se construyesen viviendas dignas. Siguiendo a la Asociación Vecinal y a un puñado de urbanistas comprometidos, elegimos hasta el color de los ladrillos de nuestras futuras casas. El estado franquista intentó, sin éxito debido al coraje vecinal, asentarnos en otro lugar más alejado del centro de Madrid. Finalmente conseguimos por una sentencia judicial quedarnos donde estaban nuestras casas, sentencia que obligaba a los poderes públicos a que impulsaran la construcción de los pisos en el mismo lugar en el que estaban las chabolas. De aquella jurisprudencia, que se desprende de la sentencia judicial favorable a los deseos vecinales, se beneficiaron otras personas que buscaban viviendas donde asentarse, incluso personas que buscaban su vivienda digna fuera de Madrid.
El IVIMA, que dirigió la construcción de nuestras casas, buscaba los materiales de construcción más baratos, entre ellos el amianto, o fibrocemento, aunque ya por aquel entonces se conocía que su uso era perjudicial para la salud; pero ya se sabe que lo fundamental en este sistema económico es obtener el máximo beneficio.
Con el amianto se hizo el cerramiento de los tejados de 110 bloques del barrio. La uralita, como aseguran todos los expertos, lleva aparejados graves problemas de salud cuando de ella se desprenden partículas insalubres cancerígenas, con el paso del tiempo, al estar sometida a la intemperie. Lo mismo ocurre cuando la uralita es mecanizada o manipulada, cosa que pasa, por ejemplo, con la colocación de antenas en nuestros tejados: el pan nuestro de cada día. Nuestros tejados que eran negros a la entrega de las casas hoy se ven blanquecinos por que se ha desprendido la capa protectora de la uralita. La inhalación de las fibras desprendidas de la uralita causa diferentes tipos de cánceres, como ha quedado probado, desgraciadamente, en trabajadores del metro de Madrid. El amianto se colocó sobre nuestras cabezas a mediados de la década de los 80 casi hace 40 años.
La Asociación Vecinal Orcasitas (AVO) y todo el vecindario del barrio comenzamos a exigir su retirada hace más de 6 años, en cuanto fuimos conscientes de su peligro para la salud. Desde entonces hemos hecho al menos 5 asambleas con asistencia de más de 300 personas en cada una de ellas, entre otras movilizaciones y sensibilizaciones. A nuestras asambleas hemos invitado a diversos políticos en el poder o en la oposición: concejales, diputados autonómicos, incluso Manuela Carmena cuando fue alcaldesa de Madrid fue invitada y asistió a una de ellas.
Recientemente, ya gobernados por el PP y C`s, con el apoyo de VOX, cosa que es mejor no olvidar, más de 200 vecinas y vecinos fuimos a la madrileña Plaza de la Villa para exigir a los actuales responsables de urbanismo que cumplan lo acordado con la Asociación Vecinal Orcasitas.
Durante la época de la anterior Corporación Municipal, con Ahora Madrid en la alcaldía, se ofreció a la AVO aplicar el plan MAD-RE de ayuda a la rehabilitación a todas las Comunidades de Vecinos que lo soliciten, y ayudarlas económicamente con un 75% del coste para sustituir las cubiertas de amianto por otras que no fuesen nocivas para la salud. La AVO planteó que eso fuera así para todas las viviendas, tanto para las torres de 32 viviendas como para bloques de entre 6 y 12 pisos. Hay que tener en cuenta que el coste por vecino es mayor cuantas menos viviendas haya en el edificio. Para las viviendas que por ley no podrían alcanzar el 75% de la subvención, acordamos que la ayuda se completase con el montante de un Proyecto Participativo para el que se obtuvieron 300.000 € para desmontar el amianto. De esta manera las ayudas llegarían a todos los vecinos que tengan amianto en sus edificios.
Llegamos al acuerdo de que una parte sustancial de la subvención se daba antes de empezar la obra, y el resto nada más acabarla, dado que muchos de los vecinos no podían adelantar el dinero necesario para realizar las obras. Estas medidas han sido claves para que los vecinos y vecinas del barrio optaran a las subvenciones.
Por otro lado la Corporación Municipal de Ahora Madrid instó a la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que declarase la Meseta de Orcasitas como área de rehabilitación preferente (ARRUS), cosa que sucedió el año pasado. Esto supone que la gente de Orcasitas puede solicitar ayudas de la Comunidad que alcanzan hasta un 30% del coste de la obra. Estas ayudas podrían ser acumulables con la totalidad de las ayudas del plan MAD-RE. Así se consigue que la sustitución del amianto sea prácticamente gratis para las gentes de Orcasitas.
Todos estos acuerdos se alcanzaron en una negociación que se llevó a cabo directamente entre la AVO y el Área de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, durante el gobierno de Ahora Madrid, que tuvo una excelente actitud para resolver el problema.
El consistorio de derechas que gobierna después de las Elecciones Municipales de 2019 se comprometió a cumplir estos acuerdos tras la manifestación que realizamos varios centenares de vecinas y vecinos de Orcasitas en la plaza de la Villa para transmitir nuestras exigencias al Concejal de Urbanismo. En esa concentración, el Concejal de Urbanismo y el Director de Vivienda nos “concedieron” una reunión en la que se comprometieron a ejecutar los trámites necesarios para que se ejecutasen las obras de retirada de la uralita. No hay nada como una visita multitudinaria para refrescar la memoria.
El año pasado se presentaron 72 proyectos de obra que hizo un gabinete de arquitectura, contratado por los propietarios de las viviendas, siguiendo las especificaciones exigidas por el Ayuntamiento, y en la actualidad se han empezado a recibir las prescriptivas y necesarias licencias de obra. Y, al fin, se han empezado a ejecutar las obras a finales de 2020 y en los primeros meses de 2021.
Es evidente que hasta que no se retiren la totalidad de los tejados de amianto, el peligro para la salud sigue estando presente para las gentes de Orcasitas, pues las emanaciones de su polvo y de partículas son peligrosas inclusive a 3 Km de distancia.
En un tiempo en el que puede parecer que las movilizaciones no obtienen resultados, el hecho de que unos años después de haber iniciado nuestra lucha colectiva por la retirada del veneno sobre nuestras cabezas, estemos viendo las grúas trabajar en nuestro barrio, demuestra que el esfuerzo y las movilizaciones es lo único que señala el camino.
23 de febrero de 2021
Juan Cordero
Presidente de la Asociación Vecinal Orcasitas
Miembro de Acción en Red