Categoría: Feminismo

Cristina Garaizabal, Laura Macaya, Empar Pineda, Clara Serra y otras

Quienes firmamos estas líneas consideramos que dentro de los feminismos existe una rica y poderosa genealogía de luchas por la emancipación que es hoy especialmente importante para hacer frente tanto a la desposesión y precarización generalizada que produce el capitalismo financiero global como a los proyectos reaccionarios que amenazan con recortar nuestros derechos y libertades. Necesitamos hoy un feminismo que apueste por políticas transformadoras fuera del abuso del código penal que caracteriza a la política conservadora, comprometido con ampliar nuestros márgenes de autonomía y libertad y que defienda los derechos de las mujeres más precarias y vulnerables.

Por ello, consideramos urgente y necesario destacar los problemas que en este sentido supone la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual tal y como ha sido propuesto por el actual Gobierno de coalición. Encontramos en él una preocupante apuesta por el punitivismo, detectamos una deriva puritana que no hace más que reforzar los argumentos patriarcales de la sacralidad del sexo de las mujeres e identificamos medidas que van a suponer aun mayores obstáculos y dificultades para mujeres que ya sobreviven en condiciones de alta precariedad, como es el caso de las trabajadoras sexuales.

Este proyecto de ley es punitivo al suponer una ampliación de las conductas que pueden ser consideradas delitos, como es el caso del acoso sexual callejero, la tercería locativa y una nueva definición de proxenetismo no coactivo. Nos parece que un feminismo emancipador debe ser crítico con las formas tradicionales de ejercer el poder y con el endurecimiento de un sistema penal que siempre recae con más intensidad sobre las poblaciones más vulnerables. En cuanto a las formas de comportamiento sexista más leves que las mujeres pueden vivir —tanto en la calle como en otros espacios—, creemos que el feminismo está hoy en día capacitado para combatir el machismo a través de la educación, la pedagogía y la disputa cultural de los sentidos comunes, pero nunca colaborando en la construcción de un sentido común punitivo que solo puede acabar siendo funcional al avance de las derechas.

El abordaje penal de las violencias de género no se ha demostrado eficaz como estrategia de prevención del delito y no ha dado resultados significativos respecto a la disminución de los índices de violencia. Creemos que el feminismo tiene que apostar más por la transformación de las conductas que por la sanción y el castigo. Si algo sigue estando pendiente en las políticas públicas feministas es la puesta en marcha de políticas basadas en el fortalecimiento de la capacidad de agencia y de decisión de las mujeres. Esperamos por parte de un gobierno progresista la apuesta tanto por un derecho penal mínimo como por políticas decididas contra la pobreza, la precariedad y la falta de independencia económica de las mujeres. En este sentido nos parece preocupante la propuesta de un reforzamiento penal que no está basada en la eficacia y que parece tener más que ver con el derecho penal simbólico o las rentabilidades políticas del populismo punitivo.

Esta ley, de orden proteccionista y centrada en las “soluciones” penales, desatiende que el principal reto para ampliar la libertad de las mujeres es el de deshacer la tradicional estigmatización del deseo y el placer femeninos. En este sentido, la petición de un sexo explicitado que hace la ley, supuestamente purificado de todas las ambigüedades, dudas, inconsciencias o incluso malentendidos que forman inevitablemente parte de la negociación sexual, nos parece que no va a suponer una ampliación del margen de las mujeres para explorar los deseos con libertad, sino un contraproducente incremento de la regulación sexual en nombre de la seguridad. La definición de consentimiento recogida en el anteproyecto de ley, que establece que todo acto sexual en el que no se manifieste la voluntad expresa de participar en el mismo puede ser considerado delito, nos parece que refuerza la imagen patriarcal tradicional de la vulnerabilidad y la fragilidad femeninas. Esta manera de entender el consentimiento promueve una visión sacralizada e infantilizada de la sexualidad de las mujeres al impedirles elaborar, por sí mismas y al margen del proteccionismo estatal, estrategias para establecer límites sexuales ante conductas intrusivas de baja entidad.

Basándose en esta mirada victimizadora de las mujeres y en un excesivo proteccionismo estatal, se niega la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales al establecer como delito el proxenetismo no coactivo. Queremos manifestar nuestro rechazo a un texto legal que considera a las mujeres no aptas para otorgar consentimiento, dando por hecho que encontrarse en una situación de vulnerabilidad te convierte en alguien que no sabe lo que quiere. De nuevo creemos que la tarea de las instituciones ha de ser garantizar derechos para fortalecer, empoderar y ampliar la capacidad de negociación, pero nunca poner en duda la mayoría de edad de las mujeres. No creemos que las mujeres tengan siempre razón —como no lo creemos de los hombres—, pero, como feministas, combatimos el tradicional descrédito que el patriarcado ha hecho de la voz de las mujeres. En este sentido nos parece indefendible, y menos en nombre de lemas como “Yo sí te creo”, la introducción en nuestro código penal de delitos sexuales que quedan establecidos volviendo inválido e irrelevante el consentimiento de las mujeres. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.

Laura Macaya es especialista en intervención y diseño de políticas públicas en violencia de género. Activista en Proyecto X. Empar Pineda Erdozia es cofundadora de la Comisión proderecho al aborto y del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. Clara Serra es filósofa, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona y Cristina Garaizabal es activista feminista y psicóloga. Cofundadora del Colectivo Hetaira. Firman además este texto Virginie Despentes. Escritora. Carolina del Olmo. Filósofa y escritora. Itziar Ziga. Activista feminista, periodista y escritora. Paloma Uría. Doctora y militante feminista y antifranquista de Asturias Raquel Osborne. Socióloga feminista. Miren Ortubay. Profesora de Derecho Penal. Dolores Juliano. Antropóloga feminista. Nuria Sánchez Madrid. Filósofa y profesora de la UCM. Maria Luisa Maqueda Abreu. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Ruth Mestre i Mestre. Profesora de Filosofía del Derecho de la U.V. Nuria Alabao. Periodista y activista. Miguel Missé. Sociólogo y activista trans. Rosa Montero. Periodista y escritora. Alba Pez. Socióloga y militante feminista. Fefa Vila Núñez. Activista queer y profesora UCM. Mamen Briz. Periodista y activista feminista. Rommy Arce. Militante de Anticapitalistas. Marta Jiménez Jaen. Profesora de Sociología del género de la Universidad de La laguna. Noemi Parra Abaúnza. Profesora de Trabajo Social de la ULPGC. María Teresa Márquez González. Abogada y militante feminista Sara Rodríguez Pérez. Pedagoga y sexóloga. Belén González. Educadora social. Programa Por los Buenos Tratos- Acción en red Andalucía. Nerea Fillat. Editora y miembro de la Fundación de los Comunes. Isabel Cercenado Calvo. Activista feminista. Máster en Género y Políticas de Igualdad UV. Belén Gutiérrez García. Feminista y educadora infantil. Sejo Carrascosa Lopez. Activista marika. Lumagorri cisheteroaren aurkako taldea. Ester Pérez González. Periodista. Antonio Navarro Escudero. Miembro de la Ejecutiva Regional de CCOO Castilla la Mancha. Maria Victoria Delicado Useros. Profesora Titular de la Universidad de Castilla la Mancha. María Nebot. Profesora de Filosofía, activista feminista y ex Consejera de Igualdad del Cabildo GC. Santiago Alba Rico. Filósofo y escritor. Concha García Altares. Activista feminista, Cofundadora del Colectivo Hetaira. Josetxu Riviere. Especialista en trabajo en masculinidades e igualdad. Zelia Garcia, Periodista, consello redacción Andaina. Nanina Santos, Equipo redacción ANDAINA, revista galega de pensamento feminista. María López Montalbán. Educadora y exvicepresidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Norma Vázquez García. Terapeuta feminista. Elo Mayo Cabero. Experta en políticas públicas de género. María Valvidares. Profesora de Derecho Constitucional Universidad de Oviedo. Mª Antonia Caro. Educadora social. Activista feminista. Josefina Jiménez Betancor. Enfermera. Activista feminista. Estefanía Acién González. Profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería. Participante en la iniciativa #UniversidadSinCensura. Carmen Heredero. Feminista y sindicalista. Especialista en coeducación. Paky Maldonado López. Psicóloga, orientadora educativa, docente LGTBI.

Publicado en El País, 1/03/2021

Irmina Saldaña

La violencia de género (VG) está reconocida como una violación de los derechos humanos y un problema de salud pública por su magnitud, su gravedad y sus repercusiones para la salud de las mujeres, su entorno familiar y social ^1,2,3. Valorando el grado de afectación a la salud de las mujeres y convivientes, y la gravedad de estas consecuencias, sabemos que la VG deja una huella profunda produciendo secuelas a corto, medio y largo plazo.

Sabemos que la situación de las mujeres que viven situaciones de violencia en general, y en particular en sus relaciones de pareja o expareja, se agrava en situaciones de crisis como las que estamos viviendo actualmente por la pandemia de Sars-cov2^1,2,3. Las razones son múltiples. Entre ellas destacan la imposibilidad durante los meses de confinamiento, y ahora la dificultad, de acceder a sus redes sociales habituales y a otras fuentes de apoyo, así como la menor accesibilidad a los servicios de salud y recursos sociales. También influyen otros factores que se han desencadenado globalmente tales como la pérdida de trabajo e ingresos económicos que producen una mayor dependencia. Estos elementos obstaculizan la decisión de las mujeres para realizar cambios y/o abandonar estas relaciones abusivas, y también complica la detección de estos casos y por lo tanto la protección de las víctimas.

Toda la sociedad hemos tenido que adaptarnos. Muchas organizaciones públicas y privadas hemos adoptado nuevas formas de comunicarnos y actuar durante la pandemia. Algunas han hecho atención a través del teléfono, otras por videollamada o mensajes. Otras, como los servicios públicos de salud, hemos combinado estas herramientas con la atención presencial.

Al comenzar el estado de alarma se adoptaron medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de VG. Se declararon esenciales todos los servicios de asistencia integral a las víctimas de violencia contra las mujeres. Entre las medidas impulsadas, se puso en marcha la campaña institucional “La violencia machista la paramos unidas” para la prevención y apoyo contra la violencia machista.

 

La iniciativa Mascarilla-19 es una acción impulsada por los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias que posteriormente se fue extendiendo a otras Comunidades Autónomas, y finalmente saltó nuestras fronteras a distintos puntos del planeta. De este modo ofrecen acercarse a la farmacia y solicitar una “Mascarilla 19″ a las mujeres que se encuentren en una situación de riesgo o de peligro para su integridad física, psicológica y/o sexual, tanto en su entorno familiar más cercano como en la calle.

Han surgido iniciativas globales como Signal For Help (Señal de Socorro) promovida por organizaciones como la canadiense Canadian Women’s Foundation y la estadounidense Womens Funding Network. Se trata de ocultar el pulgar en la palma de tu mano para alertar a quienes te están viendo de que necesitas ayuda por sufrir maltrato.

Según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que tenemos disponibles ^4,5, ha habido un aumento de llamadas y de peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a víctimas que han sufrido VG, y sin embargo una reducción del número de denuncias y de solicitud de órdenes de protección. Esto indica que se han producido más casos de violencia hacia las mujeres, aunque en este panorama tan adverso, muchas de ellas no han denunciado a pesar de haber consultado o pedido ayuda. ¿Qué podemos ofrecerlas? ¿Cómo podemos avanzar como sociedad para erradicar esta lacra?

La atención a la VG exige un abordaje multidisciplinar como declara en su exposición de motivos la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: “El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula”. Esta ley supuso un hito en nuestro país, nació un marco legislativo común de rango estatal que trata de abordar este problema. Uno de sus logros más importantes es que sirvió para sensibilizar a la sociedad de que la VG no es un asunto privado sino de toda la sociedad. Numerosas expertas señalan problemas como el excesivo peso que pone en el sistema judicial y penal, la falta de recursos económicos para las medidas de protección, las casas de acogida, los pisos tutelados, los programas de inserción laboral y las ayudas económicas.

La prevención primaria es el futuro de una sociedad igualitaria y libre de violencias machistas. Por lo tanto, se deben dedicar muchos esfuerzos e inversión multisectoriales. El pilar son las intervenciones educativas para la promoción del buen trato, educación emocional en la resolución de conflictos de manera no violenta, promoción de las relaciones igualitarias y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados en todas las edades y momentos vitales, visibilizar y educar en la importancia de los cuidados en la vida como fuente de riqueza de toda la sociedad. En materia educativa, las desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras son tremendas, existiendo en algunas una apuesta institucional enérgica, sin embargo, en otras es muy variable y dependiente de iniciativas individuales de los centros educativos, profesorado u organizaciones sociales.

No podemos olvidar que hay que seguir potenciando la formación adecuada con perspectiva de género tanto para profesionales implicados en las tareas de educación, como de todas las categorías profesionales involucradas en los procesos de detección e intervención con mujeres que sufren VG.

Sigue siendo necesario fortalecer las medidas institucionales que potencien la corresponsabilidad como la ampliación de permisos de maternidad y paternidad igualitarios y flexibles, una normativa que favorezca la conciliación de la vida personal y laboral en un sentido más amplio, más recursos públicos en educación infantil y las tareas de cuidados de menores y personas dependientes, más medidas que eviten la precariedad laboral y estrechen cada vez más la brecha laboral entre mujeres y hombres (tanto para facilitar su acceso al mundo del empleo, como que éste sea de calidad y remunerado de manera igualitaria)…

Uno de los ejemplos es el Programa Por los Buenos Tratos de Acción en Red nacido en 2005 como un proyecto feminista de esta organización donde participo hace años. Se trata de un instrumento de aprendizaje de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales. Fue ideado como una herramienta de prevención de la violencia interpersonal, especialmente en la pareja; formulado en positivo desde los valores que deben sustentar estas relaciones: la igualdad entre mujeres y hombres, la autonomía personal, la libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas, la resolución no violenta de conflictos, la responsabilidad, el respeto…Este proyecto pretende abarcar intervenciones socioeducativas, de la acción colectiva y ciudadana.

El ámbito sanitario es uno de los puntos de entrada y detección de los casos de VG. En Atención Primaria no hemos dejado de trabajar en ningún momento durante la pandemia. A pesar de la situación de sobrecarga asistencial de los centros de salud, seguimos atendiendo y detectando casos de maltrato. Desde la primera visita o la primera llamada, ante la sospecha procuraremos ser accesibles, tener una actitud de escucha empática y sin juicios⁶. La haremos saber que “la creemos”. Existe el riesgo de que “perdamos” a la mujer si no se siente comprendida o no respetamos sus tiempos. Se pueden necesitar varias visitas, a veces años, hasta que pueda expresar la VG o realice cambios. La VG llega a producir afectaciones muy severas por lo que la detección es el inicio de un proceso de acompañamiento a esta mujer. Abordaremos con ella distintas etapas individualizando en cada caso: el proceso de identificación de la situación y relacionar sus síntomas de salud con la violencia, asesoramiento y adopción de las medidas oportunas en cada momento de su evolución. Es muy importante tener en cuenta que la mujer debe de ser la protagonista en la toma de decisiones para permitir que vayan sanando las distintas facetas de su salud afectadas, favorecer la recuperación de su autoestima y que retome el control de su vida⁶. Por lo tanto, será necesario un proceso de apoyo y un abordaje en equipo con aspectos sanitarios, psicológicos, jurídicos y sociales.

Desde las instituciones públicas la denuncia al agresor sigue siendo una herramienta prioritaria para permitir la protección de las mujeres. Se anima a las mujeres a denunciar. En numerosos protocolos de actuación contra la VG se insta a sus profesionales sanitarios a la denuncia independientemente de la voluntad de la mujer. Pero ¿qué quieren estas mujeres?,¿hay que denunciar siempre?,¿qué recursos hay más allá de la vía jurídica?, ¿qué otras vías existen para acceder a las ayudas y salir de esta situación?

Como profesionales de la salud nos encontramos con un conflicto ético cuando se contraponen principios y valores. En la VG siempre debemos velar por los intereses de la mujer, explorar qué desea la mujer y sus porqués, a la vez que asumir nuestras responsabilidades profesionales.

Revisando la normativa actual no existe obligación legal absoluta de denunciar siempre una situación de VG. Por un lado, según los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, BOE 260, 17/09/1982 “los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente…”

Por otro, es obvio que sí tenemos la obligación moral y legal de asistir a la víctima, prevenir el maltrato en cualquiera de sus formas, y respetar su voluntad velando por su interés. Es decir que tenemos que poner en danza una toma de decisiones compleja, prudente y sopesada que busque ante todo ayudar a la mujer. En todas las facetas de nuestra tarea es clave el respeto de los valores éticos fundamentales como el respeto a la voluntad, autonomía y confidencialidad. Estos están contemplados en variadas legislaciones nacionales e internacionales como por ejemplo la Convención sobre los DDHH y Bioética, Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa (1996) o la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Tenemos una responsabilidad profesional en el proceso de acompañamiento terapéutico como en cualquier otro problema de salud. Apostamos por un camino en el que la mujer sea la protagonista de sus propias decisiones, bastante tiempo lleva sometida y recibiendo el mensaje de que no puede escoger sobre su vida. No debemos revictimizar a la mujer infantilizándola ni negándole su capacidad de agencia. Es imprescindible que desde todos los dispositivos que la atendemos en este proceso de recuperación, potenciemos la recuperación de su autonomía y autoestima. A pesar de las apariencias la denuncia no protege en todos los casos. Puede colocar a la mujer en escenario de peligro, vulnerabilidad y riesgo. El momento de la denuncia o la separación son momentos de especial riesgo, donde en muchas ocasiones su pareja al perder el control, se puede volver más agresivo. Pondremos especial atención en realizar una valoración minuciosa e individualizada de cada caso, nos aseguraremos de que la mujer entiende qué puede suponer interponer la denuncia o no hacerlo, derivando a profesionales que le puedan informar pormenorizadamente sobre estos asuntos jurídicos. Por lo tanto, es importante garantizar siempre un acompañamiento, y garantizar su seguridad independientemente de que ésta inicie o no una vía judicial.

Un porcentaje elevado de las víctimas de VG asesinadas no había de denunciado previamente la situación de maltrato que estaban sufriendo y es sabido que muchas mujeres retiran la acusación cuando son llamadas a declarar. En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se creó el Título habilitante (TH)^7,8. Éste es el documento que acredita la condición de víctima de VG y da lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la ley para estas situaciones. En 2017 se modificó el acceso a los derechos laborales y de la Seguridad Social, y a los recursos de asistencia ampliando los mecanismos de acreditación de ser víctimas de VG por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. La concesión de este TH antes de esta fecha se conseguía únicamente por la vía de la denuncia o por vía judicial. Actualmente existe la posibilidad de acceder al título habilitante en caso de que no se haya presentado denuncia por las siguientes tres vías: 1. Resolución administrativa por acoso sexual o acoso por razón del sexo; 2. Informe técnico acreditativo de la condición de víctima de VG elaborado por los servicios sociales y redes de la Administración pública autonómica y local y los servicios municipales de atención integral a mujeres víctimas de la VG; 3. Los informes técnicos motivados realizados por el personal de la Administración pública que desempeñe su trabajo como profesional sanitario, educativo, de salud mental, o cualquier otro reglamentario en los que se proponga que se conceda a la mujer la condición de víctima de VG. El objetivo es facilitar la accesibilidad a los diversos derechos y beneficios recogidos en la Ley Integral de VG para las víctimas.

También es necesario ampliar los recursos que se ofrecen, de nada sirve animar a la denuncia o la separación ofreciendo el título habilitante de víctima de VG si no existen suficientes medios socioeconómicos para que reinicie una nueva vida.

En conclusión, seguimos avanzando en el proceso de lucha contra este problema social y salud pública tan flagrante. Sin embargo, hay mejoras que urge implementar. Sigue siendo necesario aumentar todos los citados recursos de manera realmente integral, y fortalecer las vías de reconocimiento a las mujeres que han sido víctimas de VG más allá de la vía judicial y penal. Porque la vacuna contra la violencia machista hará que toda la sociedad salga ganando.

 

Irmina Saldaña Alonso, médica de Atención Primaria, miembro de Acción en Red Madrid y del Gdt Atención a la Mujer de la Somamfyc.

Bibliografía

1. Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra: https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/4/statement-ed-phumzile-violence-against-women-during-pandemic#notes
2. The impact of COVID-19 on women: https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women
3. COVID-19 and ending violence against women and girls: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls
4. Las peticiones de asistencia a víctimas de violencia de género durante el estado de alarma se elevan a 29.700, un 57,9% más que el año anterior: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/220620-viogen.aspx
5. Las denuncias por violencia de género bajan un 17,8% en Madrid: https://www.europapress.es/madrid/noticia-denuncias-violencia-genero-bajan-178-madrid-20201002111230.html