Fig.: Acción reivindicativa del grupo Boa Mistura con la Plataforma Luz para la Cañada y con la Asociación de Mujeres Tabadol para conseguir1#LuzParaCañada.
Acción en Red Madrid queremos desearos un año 2022 con más justicia, más solidaridad, más derechos, menos desigualdades y exclusión, menos sinhogarismo, más pensamiento crítico, más luz (también para la Cañada Real), menos racismo, más pensiones justas, más feminismo y más inclusivo de la diversidad, con menos precariedad laboral, más ecología y consumo responsable, más cooperación, más sanidad y educación públicas de calidad…más abrazos, a ser posible en modo presencial.
Os deseamos lo mejor.
Aunque son tiempos oscuros, tenemos que seguir luchando.
Albert Sales. Investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. @albertsc79
Artículo original publicado en el nº41 Entendre (i combatre) les desigualtats de la Revista Eines de la Fundación Josep Irla. Lee aquí el original en catalán.
Las políticas públicas a menudo ponen el foco en las consecuencias de las diferentes problemáticas sociales en vez de en las causas. De cara a combatir las desigualdades, uno de los grandes males de nuestro tiempo, conviene alzar la vista y analizar las causas para que la lucha sea eficaz. Darle la vuelta requiere una mirada amplia y la disposición de ir más allá del modelo social y económico actual.
Van a pasar unos cuantos años después de la crisis financiera de 2008 hasta que se comience a hablar de recuperación económica. Los estados europeos van a tardar entres seis y nueve años en recuperar el Producto Interior Bruto (PIB) per capita previo al crack. Cuando finalmente el PIB vuelve a crecer y se materializan los esperados “brotes verdes”, el optimismo de los inversores y del mundo de los negocios contrastaba con la situación de pobreza en la que habían quedado anclados los sectores de población con menor nivel de renta.
Según el Informe FOESSA de 2019, publicación de referencia en el análisis de la pobreza, el número de personas en situación de exclusión social en el estado español era en aquel momento de 8,5 millones, 1,2 millones de personas más que en 2007. Los autores del informe alertaban ya en 2019 que un tercio de la sociedad española se encontraba en una situación crónica de inseguridad económica y que su resiliencia ante una nueva crisis era mínima.[1]
Después de la crisis de 2018, el PIB vuelve a crecer en Cataluña a partir de 2014, aunque indicadores como la tasa de pobreza o el número de hogares en situación de privación material, no han vuelto a las cifras previas a la crisis financiera. Doce años y 130.000 desahucios después, los problemas para pagar la vivienda, para hacer frente a gastos e imprevistos o para llegar a final de mes —gastar lo mismo o menos de lo que se ingresa sin gastar ahorros o endeudarse— afectan a una cuarta parte de la población catalana[2].
Y con esta disociación entre indicadores y situación social, llega la pandemia de la COVID-19, una nueva crisis que no está teniendo el mismo impacto en toda la sociedad. Los eslóganes de las primeras semanas de pandemia, que daban a entender que el virus no entiende de nivel de renta y saldríamos juntas y juntos, van a dar paso a la constatación de que los distintos grupos de población presentaban tasas de contagio muy diferentes. La exposición al virus de la COVID-19 depende de factores como el tamaño de los hogares, la cantidad de personas que comparten vivienda, la calidad de los espacios y la posibilidad de mantener las condiciones de distancia. A los factores relacionados con las condiciones habitacionales, se suman las opciones de teletrabajar, de modificar las rutinas laborales o de prescindir del transporte público masificado.
La crisis sanitaria entonces, sí que entiende de desigualdades socioeconómicas. Los ingresos de los hogares más empobrecidos dependen de prestaciones no contributivas, de ayudas de los servicios sociales y, sobre todo, de actividades económicas inestables y precarias, a menudo irregulares. Las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 sobre la población con menor renta, van a ser inmediatas. La parada de la actividad de sectores como la hostelería, el turismo o el servicio doméstico, en cuestión de pocos días va a hacer evidente la pobreza en forma de colas para obtener alimentos. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-COVID-19, las consecuencias sobre la población con rentas bajas que ocupa las posiciones más inseguras del mercado laboral, serán muy visibles.
Según la encuesta financiera de las familias de 2017, la riqueza neta del 25% de los hogares españoles más pobres era negativa en 200 euros, mientras que en 2011 era positiva en 13.000 euros.[3] La sacudida de la pandemia llega después de una década de reducción de la capacidad de ahorro de las familias y de grandes esfuerzos de las economías domésticas para mantener la vivienda y otras necesidades básicas, y traerá una ola de empobrecimiento que ya se está dejando entrever en el incremento de la actividad de los servicios sociales y de las entidades de acción social.
Los medios de comunicación se han hecho eco de las primeras consecuencias de la crisis social desencadenada por la pandemia mostrando las dificultades de los hogares más empobrecidos para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Reportajes y fotografías se han centrado en lo que han denominado las “colas del hambre” a las puertas de los centros de distribución de alimentos. Se extiende la preocupación por el previsible incremento de número de hogares en situación de pobreza por las enormes dificultades para pagar la vivienda, a las que se enfrenta un número de familias todavía indeterminado y por el crecimiento del paro una vez que muchos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se conviertan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Corremos el riesgo de que la pobreza centre los debates alrededor de las políticas sociales. Con pandemia o sin ella, la pobreza y sus manifestaciones más extremas, como pasar hambre o vivir en situación de calle, no están causadas porque no haya recursos. Nuestras sociedades generan riqueza suficiente como para satisfacer holgadamente las necesidades de toda la población mundial. El 30% de los alimentos que se producen en Europa acaba en la basura porque se estropean a lo largo de la cadena de distribución, no tienen el aspecto esperado para llenar las estanterías de los supermercados o se destruyen antes de ser comercializados porque han perdido el valor en unos mercados sometidos a constantes altibajos especulativos. Cifras desorbitadas de viviendas vacías o infrautilizadas conviven con miles de desahucios diarios y un aumento sin tregua del número de personas sin hogar en las ciudades más ricas del planeta.
En general, las desigualdades y la concentración de recursos en manos de unas pocas personas no están en el centro de los debates públicos. Sabemos que las 26 personas más ricas del mundo acumulan la misma riqueza que 3.800 millones de personas,[4] mientras el objetivo de las políticas públicas es abordar formas concretas de estas desigualdades como son la pobreza, la precariedad, la falta de vivienda o el desempleo. Vemos la pobreza como un problema pero no la desigualdad, cuando la primera es consecuencia de una institucionalidad y de unas políticas que favorecen la acumulación de la riqueza. El egoísmo hace posible la normalización de este crecimiento de las desigualdades, de la convivencia de la opulencia más extrema que el mundo ha vivido jamás, con formas de miseria que afectan a centenares de millones de personas.
Decía Zygmunt Bauman (1925-2017) que el neoliberalismo nos obliga a buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.[5] La extensión de la precariedad, las inseguridades que nos generan los mercados de la vivienda o laboral, nos llevan a buscar salidas individuales: acumular, capitalizar, asegurar. Aunque cada vez menos personas tienen al alcance estas soluciones biográficas en forma de propiedades inmobiliarias, planes de pensiones o seguros privados.
A continuación se plantean cuatro propuestas políticas que tienen como objetivo reducir la precariedad, poniendo la desigualdad en el centro del debate. Tienen, como mínimo, dos aspectos en común: nos obligan a preguntarnos si tenemos derecho a una vida digna con independencia de nuestra relación con el mercado laboral, y comportan una redistribución de la riqueza limitando la acumulación.
La Renta Básica Universal
La pandemia va a dar un nuevo impulso al interés por las políticas de garantía de rentas. Y en medio de un importante batiburrillo terminológico, recientemente hemos escuchado hablar de la Renta Básica Universal con una frecuencia inédita. Las definiciones de esta propuesta de política pública presentan ciertas variantes, pero según la Red Renta Básica sería un ingreso que recibiría cada ciudadano y ciudadana con independencia de su relación con el mercado del trabajo, su patrimonio, sus rentas o la configuración de su núcleo de convivencia.[6]
La RBU se diferencia de otras políticas de garantía de rentas por la incondicionalidad y la universalidad. Actualmente, en mayor o menor medida, la generosidad de los sistemas de protección social europeos depende del vínculo de las personas con el mercado laboral. Las cuantías de los subsidios por desempleo o pensiones por jubilación dependen de las contribuciones realizadas previamente a la Seguridad Social o de las rentas del trabajo percibidas durante las etapas de actividad laboral. Cuando la relación con el mercado de trabajo ha sido breve, inestable o inexistente, entran en juego los sistemas de garantía de rentas, concebidos como transferencias dirigidas a hogares sin recursos.
Los actuales sistemas de protección social refuerzan el rol estructurador de las desigualdades socioeconómicas del mercado laboral. Ideológicamente, la participación diferente en la creación de la riqueza se justifica a partir de conceptos como el esfuerzo, el talento o el mérito. Aunque la tendencia a la concentración de los ingresos y la riqueza que se constata en los estados occidentales a partir de la década de 1970, la descomposición de los mercados laborales fordistas y el crecimiento del desempleo y el trabajo precario, ya hace décadas que ponen en cuestión que el derecho a una vida digna tenga que estar vinculado a la participación en las relaciones laborales.
La defensa de la Renta Básica Universal sitúa las desigualdades socioeconómicas en la agenda de transformación de las políticas públicas, puesto que garantizar unos ingresos sin condiciones a toda la ciudadanía requiere de profundas reformas fiscales. El debate no sería acerca de con qué umbrales de renta una persona —o un hogar— tiene derecho a una prestación y qué condiciones ha de cumplir para disfrutarla, sino cómo hacer posible una recaudación tributaria suficiente para que toda la ciudadanía reciba unos recursos mínimos para vivir. O lo que es lo mismo: cómo construir una garantía de rentas universal e incondicional enmarcada en una política fiscal redistributiva.
Constatado que el crecimiento y la creación de empleo no reducen las desigualdades, la función social de las prestaciones condicionadas a la búsqueda activa de trabajo, lo que se ha venido llamando «workfare»,[7] actúan como mecanismos de sumisión al trabajo precario de los sectores empobrecidos de la población. Si el objetivo real fuese la protección social, se debería avanzar hacia sistemas de protección social no productivistas desvinculados de las posiciones de las personas en el mercado laboral.[8] A medida que se constata que el mérito y el esfuerzo poco tienen que ver con los ingresos y el patrimonio, la justicia social no puede descansar sobre el trabajo asalariado. Y todavía menos cuando uno de los principales determinantes de la desigualdad es la herencia.[9]
Herencia universal
La evidencia empírica apunta a que el peso de las herencias en el desarrollo de la vida de las personas ha crecido en las sociedades occidentales a lo largo de las últimas cuatro décadas. En su obra, El Capital en el siglo XXI, Thomas Piketty (1971) analiza los flujos de herencias y su importancia en la acumulación de riqueza, y concluye que el capital heredado crece más rápido que la producción o los ingresos de los hogares. En consecuencia, el punto de partida en la vida de las personas va creciendo en importancia para definir sus oportunidades.
Este análisis refuta la idea —cada vez más cuestionada— de que las diferencias de ingresos y patrimonio se justifican por méritos o esfuerzo individuales en el mercado laboral o en la economía productiva. La mayor parte de las personas ricas lo son por haber nacido en una familia rica. Y el avance del capitalismo financiero ofrece cada vez rendimientos más elevados a las grandes fortunas, que son administradas por especialistas que disponen de información privilegiada respecto al resto de agentes económicos.
Ante esta crisis del mito de la igualdad de oportunidades, hace años que se debate acerca de la propuesta de una herencia ciudadana,[10] propuesta que últimamente ha recogido y popularizado Piketty.[11] La propuesta consistiría en que todas las ciudadanas y ciudadanos recibiesen el equivalente al 60% del patrimonio medio de su país al cumplir 25 años, equivalente a 120.000 euros en los países europeos. El pago se haría de una sola vez y se financiaría con los impuestos sobre la transmisión de bienes y las herencias. De esta manera se igualarían las desigualdades generadas por el traspaso de las fortunas personales de generación en generación.
Garantizar el derecho a la vivienda
Después de la década de 2010 en la que se cronificó la crisis habitacional, el acceso a una vivienda estable se convirtió en un factor determinante en la definición de las oportunidades vitales de los jóvenes. En toda Europa, el precio de la vivienda se convirtió en un problema para los sectores de rentas bajas de las ciudades. En Cataluña, entre 2015 y 2019, el precio medio de alquiler aumentó de 572 euros al mes a 735 y el precio de compra pasó de 1.782 a 2.193 euros por metro cuadrado. El aumento va a ser mucho más acusado en las zonas urbanas.
Disponer de ahorros para acceder a los recursos financieros que hacen posible la adquisición de un inmueble, marca la diferencia. Recibir una vivienda —o más— por herencia, se ha convertido en una soñada vía de estabilización residencial para quien desea y puede permitirse huir de un mercado de alquiler en el que las inquilinas y los inquilinos se encuentran desprotegidos antes finalizaciones de contratos y subidas de precios. La consecuencia de esta dinámica de los mercados de propiedad y alquiler lleva a los hogares de rentas bajas a hacer un esfuerzo económico casi imposible para mantener la vivienda.
En el estado español, esta situación ha estado favorecida por unas políticas de vivienda que en el pasado se van a centrar en incentivar la construcción y que desde la crisis de 2008 se han focalizado en resolver los problemas financieros de la banca en alquiler en lugar de orientarse a hacer posible la vida cotidiana de las familias.[12] Una muestra de estas prioridades es el marco tributario: una persona que compre una vivienda para utilizarla como primera residencia ha de pagar entre un 4 y un 10% de impuesto de transmisiones, mientras que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOMICI) obtienen bonificaciones del 95%.
Garantizar el derecho a la vivienda requiere tres líneas de actuación: disponer de un parque de vivienda pública, aumentar las transferencias públicas hacia las familias para pagar la vivienda y controlar los precios. Una experiencia exitosa en la reducción drástica de la exclusión residencial es la de Finlandia. En este país nórdico, un gran acuerdo de estado entre los partidos con representación parlamentaria a finales de los años 80, va a dar lugar a una política de creación de vivienda pública para uso social que a estas alturas constituye más del 30% del parque total del país. El acuerdo de estado comporta también el desarrollo de mecanismos de protección basados en prestaciones para que personas y familias que presentan todo tipo de vulnerabilidades sociales puedan conservar la vivienda.[13]
«Papeles para todos»
En mayo de 2020 se van a impulsar diversas iniciativas para pedir una regularización extraordinaria de vecinos y vecinas que vivían en el estado español y que lo hacían sin permiso de residencia ni de trabajo. La campaña «#RegularizaciónYa» va a unir a 900 organizaciones de todo el estado en la reivindicación de una regularización permanente de todas las personas migradas y refugiadas. Estas entidades cifraban en 600.000 las personas en situación de irregularidad y expresaban en una carta al gobierno español que la pandemia estaba demostrando que muchas de las tareas imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad durante la COVID-19, estaban siendo sostenidas por gente de orígenes diversos que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la exclusión administrativa.
En Cataluña, la plataforma Casa Nostra Casa Vostra, se va a sumar a la reivindicación con una campaña titulada «Para que nadie quede atrás: papeles para todos». Entre las desigualdades potenciadas por la pandemia, las provocadas por el sistema de control migratorio van a hacerse muy visibles desde el primer momento. La parada de las actividades económicas informales o los abusos a los que se van a ver sometidos trabajadores y trabajadoras migrantes que subsisten gracias a estas actividades, fueron el primer síntoma del desigual impacto de la nueva crisis.
Porque la pandemia de la COVID-19 también va a contribuir a hacer más visible que hay personas que van por la calle con miedo a que les pare la policía, que no tienen una cobertura sanitaria completa, que no pueden pedir a quien les paga por limpiarle la casa que pida un ERTE o que les continúe pagando una parte del sueldo a pesar de no necesitar unos servicios que hace años que malpagan, que no pueden aspirar a ninguna protección social porque administrativamente no existen.
El sistema de control migratorio que constituye el motor de este profundo eje de desigualdad es algo históricamente nuevo. Los visados, los permisos y las situaciones de irregularidad no eran, ni de lejos, la principal preocupación de los más de 60 millones de europeos y europeas que entre 1870 y 1930, van a abandonar el viejo continente para instalarse en territorios de ultramar.[14] Es durante el siglo XX que los estados del centro del sistema económico —las potencias coloniales— establecen mecanismos de control del flujo de personas y mano de obra, mecanismo que se va a endurecer a medida que avanza la globalización dando lugar a una aparente paradoja: mientras la movilidad de capitales y mercancías crece, la de personas se ve limitada por los estados.[15]
Las restricciones de los derechos de las personas migradas se justifica por la necesidad de control sobre unos mercados laborales alejados de la plena ocupación que caracterizaba la parte central del siglo XX, y con argumentos identitarios. Los estados utilizan sus herramientas administrativas para definir un régimen de segregación en el que las personas migradas viven en una constante situación de excepcionalidad. La criminalización de la irregularidad administrativa —a menudo vinculada a la racionalización— genera un grupo social que ostenta el estatus de indocumentado o irregular y que constituye un volumen cada vez más grande de fuerza laboral barata, con acceso limitado a los servicios públicos y a cualquier tipo de protección, incluyendo la judicial.[16]
Hay muchos indicadores que ilustran las consecuencias de esta segregación y su creciente impacto. En Barcelona ciudad, como en la mayor parte de las grandes ciudades europeas, el peso de la situación de extranjería entre las personas en situación de exclusión social severa no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Mientras que en 2008, el 42% de las personas sin hogar que dormían en las calles de la ciudad eran de nacionalidad española, en 2018: esta proporción se redujo al 25%.[17]
Hay sobrada evidencia empírica respecto a la incapacidad de las políticas de control migratorio a la hora de limitar la movilidad. Los movimientos migratorios se producen y las fronteras pretendidamente más impermeables no los paran, aunque alimentan la exclusión social y administrativa de las personas migradas. Si alguien con nacionalidad española prueba suerte en Alemania y se encuentra en medio de Berlín sin ingresos ni red social de soporte, volverá a casa, al menos temporalmente. Sabe que podrá intentar un nuevo proyecto migratorio en el futuro. No vive la posibilidad de retorno de la misma manera un mejicano en los Estados Unidos o un senegalés en Cataluña. Mientras el foco mediático y las turbulencias políticas se sitúan en las fronteras y en conceptos como «el efecto llamada», la encuesta de variaciones residenciales del INE muestra que en 2019 se establecen en el territorio español 784.000 personas de manera legal. También muestra el flujo de salida, que sube a unas 300.000 personas anuales.
Poner freno a las situaciones de irregularidad sobrevenida por la pérdida de trabajo y una mayor flexibilidad en la regularización tendrán como consecuencia una reducción de la exclusión, la explotación y la desigualdad.[18]
A modo de conclusión
Materializar estas propuestas, convirtiéndolas en políticas públicas, reduciría substancialmente la pobreza, aunque también la capacidad de acumulación de riqueza y de extracción de rentas a través del mercado laboral, del mercado de la vivienda y de los mercados financieros. Todas ellas tienen fervientes defensores y detractores, desde personas que las consideran imprescindibles para la sostenibilidad de nuestras sociedades, hasta quien las ve completamente irrealizables. Su valor no radica únicamente en la viabilidad, sino en el debate que provocan.
El reconocimiento del derecho a la subsistencia o el derecho a migrar con independencia de nuestra relación con el sistema productivo y el mercado laboral, puede guiar las políticas públicas aunque no existan los consensos sociales y políticos para la aplicación de una Renta Básica Universal o la libre circulación global. Desde los diferentes ámbitos de la administración se puede avanzar hacia la condicionalidad de las transferencias públicas y hacia facilitar el arraigo de vecinos y vecinas en situación de irregularidad. Debatir sobre la Herencia Universal o sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda nos lleva a desmontar el mito de la igualdad de oportunidades y nos debería orientad hacia políticas redistributivas y predistributivas. Unas políticas que han de nutrirse de sistemas tributarios más progresivos.
Y todo ello tiene una dimensión global que no podemos olvidar. Si en 1990, el Banco Mundial estimaba que un 36% de la población del planeta vivía en situación de pobreza extrema, en 2017 la cifra se situaba en el 9% de la población mundial. Globalmente, hemos pasado de 1.900 a 700 millones de personas pobres, si bien la reducción ha sido desigual dependiendo de la zona geográfica. Aunque este indicador no describe las profundas transformaciones en los sistemas productivos que han posibilitado que millones de personas pasen de no tener ingresos económicos a contar con más de 1,9 dólares al día. ¿Hasta qué punto la obrera que confecciona ropa en las fábricas de Dhaka para grandes firmas internacionales a cambio de un salario de 40 dólares mensuales es menos pobre que su abuela que vivía de la agricultura de subsistencia?
Parecería que es posible reducir la pobreza en un momento en el que la capacidad de acumulación de las grandes fortunas globales no hace más que aumentar. Pero cada vez más, voces expertas alertan que estos indicadores miden la mercantilización de la vida de la gente más que su salida de la miseria. Durante el 2020, año del inicio de la pandemia del COVID-19, la fortuna de las 20 personas más ricas del planeta, ha crecido un 24%; en términos absolutos, la fortuna de los 50 hombres más ricos, aumentó durante el mismo año, 640.000 millones de dólares.
Acabar con la pobreza requiere cambiar nuestra relación con la riqueza. Ni los mercados ni la filantropía garantizarán el acceso a la alimentación, el agua, la salud o la vivienda de 7.800 millones de personas. El camino para conseguirlo pasa por impulsar profundas reformas fiscales por la defensa global de los derechos de las personas trabajadoras, para situar los bienes imprescindibles para la vida fuera del alcance de las grandes empresas y los mercados internacionales. Medidas que limiten la capacidad de unos cuantos de enriquecerse indefinidamente y que obren horizontes más esperanzadores y sostenibles para todas.
Notas
[1] FOESSA, VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.
[2] Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Cataluña (consultada en la página de IDESCAT), un 6,2% de la población se encuentra con muchas dificultades para lleguar a final de mes y un 20,5% afirman llegar con dificultad.
[3] BELZUNEGUI; VALLS, Diagnosi Social de Catalunya 2018: L’Estat de la pobresa.
[4] OXFAM, ¿Bienestar público o beneficio privado?
[5]BAUMAN, La globalización: consecuencias humanas.
[6] ARCARONS; RAVENTÓS; TORRENS, Renta básica incondicional: una propuesta de financiación racional y justa.
[7] WACQUANT, Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social.
[12] TRILLA, «Política de vivienda contra la desigualdad».
[13] SALES; GUIJARRO, «Finlandia: soluciones para los Sin Techo más allá del Housing First».
[14] SÁNCHEZ, «La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 1930».
[15] GRAEBER, «The Globalization Movement: Some Points of Clarification».
[16] MASSEY; DURAND; MALONE, Beyond smoke and mirrors: Mexican immigration in an era of economic integration.
[17] SALES, Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic.
[18] IZQUIERDO-ESCRIBANO, Crítica de la inmigración imaginada.
Referencias bibliográficas
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OFFE, Claus. Basic income and the labor contract. A Basic income studies, núm. 3 (1), pàg. 4-4, 2008.
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WACQUANT, Loïc. Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona: Gedisa, 2010.
El arquetipo de Robinson Crusoe plantea una forma diferente de entender la situación de calle de las personas sin hogar. Un personaje cuyo proyecto vital naufraga y tiene que rehacer su vida y sobrevivir en una isla que, en contra de lo que se suele creer, no está desierta, sino habitada por una tribu de caníbales con los que, obviamente, es mejor no relacionarse demasiado. Un personaje al que no definimos por sus carencias materiales, sino por sus capacidades y su resiliencia. Un personaje cuyo mayor anhelo no es una buena comida, ni ropa limpia, ni siquiera un techo, sino dejar de estar solo; tener alguien con quien compartir su vida.
Es necesario empezar a ver de esta forma a las personas que están en situación de calle; no sólo su naufragio y sus necesidades evidentes, sino también su capacidad de salir adelante, día a día, a pesar de las circunstancias. Y, sobre todo, tenemos que empezar a ver y comprender su soledad radical y su aislamiento del resto de la sociedad “integrada”. Es necesario comprender que las personas en situación de sinhogarismo no son “otros” sino nosotros mismos con circunstancias y procesos vitales diferentes, fruto en demasiadas ocasiones del azar o de dinámicas sociales centrífugas. Es el único aspecto que no se puede resolver únicamente desde la intervención profesional, ni desde los recursos sociales para personas sin hogar. Es lo que explica la necesidad de un modelo de voluntariado social comprometido, dedicado a construir vínculos relacionales y afectivos desde la igualdad. Establecidos a partir de un principio de vecindad que en ocasiones puede confundirse erróneamente con la amistad, pero que es significativamente diferente, un encuentro entre personas en un espacio común e intercambian conversaciones, anecdotas y maneras de estar de forma mas o menos regular y alejado de la prestación o el intercambio de servicios. Y lo que explica también por qué este modelo de voluntariado social debe ser la base de cualquier estrategia de intervención con personas sin hogar en situación de calle.
Cada persona que hace voluntariado traslada a la persona a la que atiende en la calle la certeza objetiva de su valor. Porque elige hacer voluntariado durante su tiempo de libre disposición; un tiempo, siempre escaso, que se dedica al ocio, a las relaciones familiares y sociales, al descanso… A las cosas que para cada uno de nosotros y nosotras tienen más valor. Y una de esas cosas es estar con quien tiene que vivir en la calle. Y estar con esa persona, no por compasión ni pena, ni por llevar una manta, o ropa, o comida. Sino por empatía, para charlar y para compartir el mismo tiempo y las mismas ganas de estar juntos en igualdad.
Este tipo de relación horizontal entre diferentes, que en nuestra vida cotidiana mantenemos con frecuencia con nuestro entorno, la mayoría de las personas en situación de calle no pueden tenerlas si no es con otras en su misma situación. Ni los trabajadores de la limpieza o del cuidado de parques y jardines, ni los trabajadores de los locales comerciales, ni los vecinos, ni prácticamente nadie, se relaciona desde la igualdad con las personas que duermen en la calle. Tampoco los trabajadores de los recursos sociales. Y mucho menos, la policía.
El voluntariado social sí lo hace. Ese es precisamente su único objetivo manifiesto y la clave de su valor. Y cualquier modelo de intervención, desde el clásico “de escalera”, al “Housing First”, pasando por todos los modelos intermedios como “Housing Led”, plazas de pensión, pisos tutelados, etc., tendría mucho menos éxito sin esa intervención primera e incondicional del voluntariado en calle. Sin ese vínculo que establecen y que facilita que el resto de agentes y especialmente los que constituyen los equipos de calle, también puedan intervenir.
Este voluntariado es fundamental también por lo que aporta al resto de la red de atención y los agentes involucrados en la intervención social. En primer lugar y en tanto que primer referente permite tomar la temperatura a la situación de calle. Detectar cuando hay conflictividad con vecinos, comerciantes o policía y activar los mecanismos adecuados para intervenir, desde un enfoque preventivo y garantista con los derechos de las personas sin hogar, a través de las organizaciones de que forman parte. Sirve nuestra presencia además para conectar la red de atención y sus profesionales con los potenciales usuarios más alejados de los mecanismos habituales de detección e intervención, siendo esta la puerta de entrada de muchas personas sin hogar y el principal cometido del trabajo en red con los diferentes los profesionales y los recursos sociales. Un trabajo en red que debe partir del respeto de cada una de las partes de la autonomía y el papel del otro. El voluntariado se autolimita de forma consciente a su papel de mediador respentado los procesos y pautas de intervención y los profesionales han de respetar el espacio de relación y encuentro del voluntariado sin injerencias ni dirigismos.
Son, los y las voluntarias de este campo excelentes agentes de sensibilización en al menos dos aspectos: Por un lado, su presencia en la calle junto a las personas sin hogar rompe el habitual “muro invisible” que suele rodearlas, haciéndolas presentes en el espacio público y mostrando la radical injusticia de esta vivencia. Por otro lado, su experiencia de proximidad es fundamental en cualquier espacio de formación y divulgación más allá del mundo académico especializado. No olvidemos que la imagen que la sociedad en general tiene de las personas sin hogar en situación de calle se construye a partir de aquellas que están en la peor situación y, generalmente, con una evidente cronificación y deterioro. El mero relato de la experiencia y el punto de vista de un voluntario entre su entorno social ayuda a cambiar la visión estereotipada con la que las personas sin hogar cargan demasiadas veces. Esa experiencia y conocimiento desprejuiciado, basada en la experiencia diaria, es además piedra fundamental de cualquier proceso de mediación en los espacios vecinales y comerciales cuando surgen conflictos y dificultades de convivencia. Una vez mas, es “el igual” el que se dirige a ti, vecino afectado, exponiendo un punto de vista intermedio entre el tuyo y el del falso otro. En este sentido el verdadero éxito de este voluntariado es el de poder transmitir a la población general, alejada de la cotidaneidad de las personas sin hogar, el valor de la solidaridad como principio básico de intervención.
En este sentido, es importante señalar y dar el valor adecuado a las diferencias específicas del voluntariado con personas sin hogar respecto a otros. Es un voluntariado especialmente complejo, comprometido y difícil en tanto que no trabaja con un perfil concreto, ni estático (en la calle encuentran todas las formas de exclusión social en su forma más extrema: mayores, menores, discapacidad, enfermedad mental, adicciones, violencias diversas, etc.) Además, es el único voluntariado que no se realiza en un espacio controlado ni con personas estabilizadas y en tratamiento. Se realiza con personas en situación de calle que, en muchos casos, ni reciben atención específica ni tratamiento y que además rechazan los recursos sociales. Y para terminar, es un voluntariado que tiene que afrontar situaciones de duelo que no se dan en ningún otro voluntariado en tanto que, a menudo, son causadas por la falta de atención adecuada, una agresión, un suicidio, etc. A todo esto, se añade que la actividad se realiza de noche y sometida a las inclemencias climáticas y sin apoyo de los profesionales de la intervención.
Señalamos todo esto porque incide de manera directa en el perfil de las personas voluntarias. Mucho más comprometidas en general, lo que se refleja en periodos de voluntariado mucho más largos de lo habitual, pero también mucho más críticas con su acción de lo que es habitual. Es por lo tanto un voluntariado bastante particular y que responde mucho mejor cuando se le otorga responsabilidad y capacidad de decisión. Y para el que es imprescindible una formación de calidad. La formación es un derecho del voluntariado y también una responsabilidad. Para atender a personas en situación de calle es una necesidad.
En virtud de eso, es importante ofrecer espacios de reflexión y conversación formales e informales, donde socializar las experiencias, opiniones y conocimientos y a partir de todo ello, reflexionar de manera grupal e individual. Es necesario además el apoyo de la red de atención y sus profesionales en los desarrollos formativos y el reconocimiento tanto asociativo como institucional de un modelo de voluntariado que puede llegar a ser incómodo, por crítico, con las propias estructuras que sostienen la propia red de atención.
Artículo escrito por Enrique Cuesta@PumukiMolesta de Acción en Red Madrid y Jesús Sandín de Solidarios. Publicado en la revista de la Federación Europea de Organizaciones que trabajan con Personas sin Hogar FEANTSA.
“La desdicha de los ancianos es un signo de fracaso de la civilización contemporánea”
Simone de Beauvoir. La vejez.
Este texto se escribió en abril de 2020 y recoge una experiencia iniciada en la comarca de Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, protagonizada por sus propios habitantes, consistente en la exploración de formas de vivir la vejez ajenas a las residencias convencionales (públicas o privadas) y que a su vez pretenden buscar e incidir en formas de dinamización social, cultural, económica… más amplias. Todo ello en una zona con muchos puntos en común con otras de características similares por estar inmersas en un proceso de descomposición y abandono progresivo desde hace unas décadas. La aparición de un hecho excepcional, como esta pandemia del covid, ha acentuado y hecho más visibles las consecuencias de determinadas formas, hoy y aquí imperantes, de entender socialmente la vejez.
INTRODUCCIÓN
PANORAMA ACTUAL Y FUTURO
SITUACIÓN GENERAL DE LA GENTE MAYOR. PRESENTE Y FUTURO EN LOS PUEBLOS PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN PUEBLO PEQUEÑO, BARRIO O DISTRITO COMO PRIMERA EXPERIENCIA.
Paisaje de Tierra de Campos
INTRODUCCIÓN
Estamos asistiendo estos días a una experiencia que se mueve entre la realidad y la ficción, un mal sueño o una pesadilla. Situación antes nunca vivida, aunque sí imaginada dentro del mundo de la ciencia ficción, que deja bien a la vista entre otras cosas la fragilidad del hombre como especie y de la sociedad en la que vivimos.
De los muchos aspectos que se pueden analizar, y habrá que dejar pasar el tiempo para profundizar, está el de cómo ha afectado este virus a la gente en función de su edad y particularmente a la de mayor edad.
Y es este el aspecto en el que nos vamos a centrar y sobre el que tenemos que reflexionar, pues ha puesto al descubierto la situación real de estos centros en nuestro país. Me refiero a las residencias para personas mayores. Residencias en una situación que no podemos obviar, que debemos analizar y poner remedio y que necesariamente tenemos que cambiar.
España de momento ha dado el índice mayor de muertos, siendo el mayor porcentaje de estos muertos el que corresponde a la gente de más edad. Con estos datos nos hemos colocado a la cabeza del mundo. A la fecha de hoy 4 de abril del 2020 las personas mayores muertas ascienden a 8.404 y en Castilla y León 1.400, casi todas en las residencias públicas y privadas, 1.214 en total en Castilla y León.
En un primer momento se puede pensar que es debido a que por mayores son más débiles y tienen menos defensas, y esto es cierto, pero solo en parte.
Reflexionando sobre el tema vemos que:
− En primer lugar, en la situación de alarma se impuso el confinamiento, cuando en las residencias ya se estaba llevando una política y una vida y convivencia de reclusión.
− En segundo lugar, entre las medidas y estrategias a seguir se olvidaron de la situación real de las residencias de la tercera edad y de su hacinamiento. Convivencia que se caracteriza por la proximidad de los residentes y trabajadores en espacios normalmente reducidos y cerrados. Todo lo contrario de lo recomendable. Pero no se deparó en ello y de ahí las consecuencias cuanto menos lamentables. Tendríamos que añadir las circunstancias de una muerte aislada, sin posible ayuda de los familiares y para remate, terminar sin ver a los fallecidos y sin poder despedirse de ellos en una cultura como la nuestra. Esto es cuanto menos doloroso, dramático y traumático para los que lo tienen que vivir.
− Se está descubriendo, aunque ya lo sabíamos, que el personal en las residencias es escaso y en su mayoría no preparado para una función de atención sanitaria, para una fase de contaminación inicial en la que aún no se requiere hospitalización. Sin la posibilidad de poder tomar medidas y estrategias de confinamiento en el centro en función de la gravedad de los casos, siempre antes de la hospitalización. A todo esto ha contribuido una política de medidas en las que ha predominado la falta de medios materiales, de recursos personales, de improvisaciones, y quiero pensar y así lo creo, no por falta de voluntad de querer hacer las cosas bien.
Las consecuencias no han podido ser más lamentables y denunciables. Si bien el gobierno no deparó en esta situación y no puso el remedio a tiempo, no es menos denunciable la responsabilidad de los que gestionan este servicio público desde lo privado.
Esta pandemia ha puesto a prueba las residencias de la Tercera Edad en nuestro país y a puesto al descubierto cómo funcionan.
No es la primera vez que reflexionando sobre ese tema ya se denunció el error de privatizar estos servicios que como otros muchos son necesarios para toda la población y así están recogidos en la constitución. Servicios que por necesarios privatizarlos es un negocio y como negocio privado, con la política del máximo beneficio acaban haciendo negocio y privatizando una necesidad y encima sin los medios y la calidad que requieren. Y esto en el mejor de los casos, pues sus servicios tiene un precio asequible sólo para una minoría con poder adquisitivo y al que no pueden acceder la mayoría de la población con pensiones insuficientes. Lo mismo ha pasado con la vivienda, la enseñanza, etc.
Necesidades dejadas en manos de la iniciativa privada con políticas a las que son muy asiduos ciertos partidos políticos.
Todo esto nos lleva a unas conclusiones claras y de sentido común en las que todos estamos de acuerdo, en que el modelo de residencia actual no funciona, son muy caras, y sólo son accesibles a una minoría con un alto poder adquisitivo. Es como el último acto de vampirismo sobre las personas cuando llegan al final de sus vidas. Aunque después les queda el tema funerario, otro gran negocio, en muchos casos sin escrúpulos, donde tener una muerte digna tampoco está al alcance de todos y depende de la clase social a la que pertenezcas. Otra vergüenza e injusticia más por resolver.
Decimos que no funcionan pues no hay más que ver la calidad de vida.
Pero en todo caso y esto es quizás la reflexión más interesante que se puede hacer, y es que las residencias actuales, además de no ser accesibles para la mayoría, no funcionan. No resuelven el problema para esa etapa de la vida y necesariamente se tienen que replantear en su totalidad, y esto para las públicas que se lo tienen que replantear desde cero. De las privadas mejor no hablar. El que pueda que se la pague con todas las limitaciones que tienen y baja calidad de vida. Nos interesa más pensar en las soluciones para resolver el problema de la mayoría.
Imagen típica de vestíbulo o salón de residencia de ancianos.
PANORAMA ACTUAL Y FUTURO
− Al margen de ser España el país de Europa o del mundo con menor porcentaje de nacimientos y más esperanza de vida, es una realidad que la sociedad española envejece.
− El 20% de los ancianos viven en infraviviendas.
− Cuatro o cinco ancianos al mes en la comunidad valenciana mueren solas y se las encuentra en estado avanzado de descomposición. Estas situaciones antes eran esporádicas.
− Una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años dentro de tres lustros.
− «La tercera causa de suicidio en Málaga es la soledad de los mayores», asegura Ruth Sarabia, directora general de derechos sociales del ayuntamiento. «cuando llegan a cierta edad consideran que ya nadie les quiere y en muchas ocasiones tratan de suicidarse»,
− Serán más de 12 millones de personas con esas edades frente a los alrededor de nueve que hay ahora. Dentro de 50 años la cifra se elevará a cerca de 15 millones.
− En 2068, casi siete millones (6,85) de personas habrán cumplido o superado los 80, una cifra que duplica los casi tres millones actuales.
− El número de personas que viven solas aumentará hasta alcanzar los 5,8 millones en 15 años. Será un país más viejo y con más soledad.
− Si ahora hay unos 11.000 ancianos que han superado los 100 años, en 2033 se habrán cuadruplicado, hasta más de 46.000. y según lo previsto, dentro de 50 años podrían ser más de 200.000. A mitad de siglo, se habrá multiplicado por diez la cifra de centenarios que hay en la actualidad.
− De los 20,3 millones de hogares que habrá en 2033, según estas proyecciones, el 28,9% del total serán unipersonales, es decir, dentro de 15 años cerca de uno de cada tres domicilios estará habitado por una sola persona.
− En el 2040 España será el país con más ancianos del mundo.
− El 60% de las personas mayores de 65 años viven solas.
− La soledad impuesta es un tipo de maltrato.
Las soluciones actuales no son alternativas
− Las residencias son como los hoteles: de 5 estrellas, 4 estrellas,…, hostales, hasta pensiones de mala muerte, a las que no puede acceder ni siquiera la mayoría de la población.
− 10 años en una residencia de 2.000 € al mes, con una estancia de 10 años supone 240.000 €. las más baratas de 1.000 €, 10 años 120.000 €.4
− Las residencias dan la impresión de ser aparcaderos de personas olvidadas. donde la enfermedad del Alzheimer puede llegar a ser una suerte de olvido para los olvidados.
− Ya está dicho, estamos en una situación en la que todas las necesidades (vivienda, trabajo, sanidad, educación, etc.) son negocio. Si en vez de ser públicas se privatizan ya no llega a todos y se generan diferencias sociales.
− Con las residencias actuales en manos la mayoría de empresas privadas, en las que el fin es el máximo beneficio, asistimos a una situación de dotaciones, de recursos y mantenimientos mínimos y al mínimo coste. El máximo beneficio impone sus reglas. El lema: largas estancias y tranquilas, sedación y duración. ingresos fijos por muchos años. Conozco más de un caso al que se le ha aplicado esta receta. La receta de las 15 pastillas al día es algo conocido por todos.
Alternativas de futuro
− Una persona cuando la jubilan tiene 65 años y con una esperanza de vida de 85 años, que será mayor en el futuro, tiene por delante toda una vida, y posiblemente la más interesante; una vida de 20 años o más. ¡Veinte años es toda una vida!
− Veinte años recluidos en una residencia es una ruina física, mental y económica.
− En una cultura como la nuestra donde entre otras cosas, la vejez y lo viejo no se valora, lo que no ocurre en otras culturas como la japonesa, donde a la gente mayor se la venera, propicia una cierta marginación de estas personas. Es un problema de nuestra cultura. Pero se puede cambiar o por lo menos se puede intentar.
− Esta necesidad con la solución actual no está económicamente al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Con las pensiones actuales de la mayoría no se puede acceder a una residencia, ni en las ciudades y menos en los pueblos. El objetivo tiene que ser soluciones asistenciales gratuitas.
− Las soluciones no son o no son sólo arquitectónicas por mucho interés que pongamos los arquitectos. Espacios entre otras cosas sin referencias que deslocalizan a las personas. Teníamos que tener una filosofía zen para asumir esta deslocalización y desposesión. No olvidemos que somos lo que recordamos.
− Creo que otras opciones son posibles, con o sin el apoyo de las instituciones. Con la gestión por los propios afectados que organizados en colectivos con los mismos problemas pueden llevar a cabo proyectos y soluciones viables económicamente y de gran calidad asistencial. Colectivos con los mismos problemas para autogestionar estos servicios y necesidades. Tenemos que confiar cada vez más en los colectivos unidos por los mismos problemas, sin duda capaces de resolver en el día a día, a medio y largo plazo. Se puede empezar por crear equipos de trabajo. Interés sociológico, arquitectónico y urbanístico, cultural, institucional y político, etc. Siendo un tema multidisciplinar se puede contar con la colaboración de profesionales, mancomunar los problemas y las soluciones así como las personas necesarias y por supuesto siempre con el apoyo de los ciudadanos de las pequeñas o grandes poblaciones donde se lleven a cabo los proyectos; colaboración imprescindible, sin límites de edad; unos por jóvenes, con su energía e ideas y otros por mayores con su experiencia, y todos juntos con problemas y soluciones comunes. Sería un compromiso ejemplar que cada uno dedicase una parte de su tiempo a colaborar en este tipo de experiencias. Casi como una obligación moral. Un trabajo social. Como “un impuesto” social. Como campos de trabajo en distintas épocas del año, donde el más beneficiado seguro que sería el propio colaborador al propiciar y experimentar otras experiencias, otros contactos, otros conocimientos, perfectamente posible al margen de su trabajo y ocupación profesional. Puede incluir todos los perfiles.
SITUACIÓN GENERAL DE LA GENTE MAYOR. PRESENTE Y FUTURO EN LOS PUEBLOS
− Expectativas de futuro a corto, medio y largo plazo.
− Alternativas a las residencias actuales.
La imagen y situación de nuestros pueblos ya conocemos cual es. Población cada vez más envejecida. Recursos y asistencias cada vez más escasos. Bajos recursos económicos de la mayoría. Abandono y ruina del patrimonio materia e inmaterial.
Ante esta situación se plantean nuevas soluciones que podían ser entre otras:
Asistencias compartidas para necesidades comunes. Puestos de trabajo nuevos con cabida para los emigrantes y refugiados. Hemos sido un pueblo de mezcla de culturas, un pueblo de mestizaje. Dar cabida a los refugiados y emigrantes es una obligación que nos beneficia a todos. El mestizaje, en contra de planteamientos xenófobos, es el futuro, se quiera o no se quiera. Ante este fenómeno demográfico no caben fronteras ni barreras, ni muros, es un fenómeno imparable e imposible de contener y no tenemos más que ver la historia. Ya lo dijo y pronosticó Eliseo Reclús, el geógrafo francés del siglo XIX. Pero es que además beneficia a todos. Y no cabe duda que en España en este momento resolvería muchos de los problemas que tenemos en el mundo rural y urbano.
Es una de las bases importantes de recuperación de nuestros pueblos y un apoyo casi imprescindible para resolver muchos de nuestros problemas.
Poner en valor las propias viviendas infrautilizadas o cerradas.
Este es un aspecto también de reflexión. Es casi ya generalizado el sentir y el problema de que los pueblos literalmente se hunden. Su arquitectura y su patrimonio vernáculo se abandonan y se arruinan. No se pueden mantener, pero sin embargo se da la contradicción de la necesidad de una vivienda para mucha gente que no lo tiene, a pesar de ser un derecho constitucional. Esto nos lleva a pensar en soluciones, que podían pasar por compartirlas, y esta solución podría estar relacionada con la asistencia a la tercera edad en estas localidades, gentes en su mayoría, sin poder adquisitivo para ir a una residencia, y si puede, que en todo caso no sea como las actuales.
Las viviendas usadas y compartidas pueden facilitar su conservación, pues ya sabemos lo que pasa cuando se cierran; puede ser menos costoso su mantenimiento y pueden suponer una ayuda económica a sus dueños, o una compensación a cambio de otros servicios o prestaciones necesarias.
Compartir personal especializado a nivel comarcal y provincial. No perder la referencia del lugar donde siempre se ha vivido, tanto a escala del entorno natural, como al urbano y de la vivienda, rodeado de sus objetos, amigos y espacios de recuerdos de la infancia y otras épocas de la vida. Un no claro a la descontextualización que supone encerrarse o que te recluyan en una residencia como las actuales.
Fomentar la convivencia intergeneracional e interracial. Este es un tema cultural y como tema cultural sabemos que se puede cambiar y evolucionar, y ejemplos tenemos a lo largo de la historia. Recuperar el interés por nuestros mayores y por las personas con otras culturas.
Coordinación con otra experiencia similar a nivel como mínimo comarcal.
Integración urbana. Sustituir el concepto de habitación por el de vivienda. En las residencias actuales las unidades de convivencia ya están dirigidas en este sentido.
Autonomía, dignidad y calidad de vida para las personas mayores y sus familias, mantenimiento el máximo de sus potencialidades y capacidades. Modelos de atención más acordes con las necesidades de las personas.
Autogestionar estos servicios por los propios colectivos interesados unidos por los mismos problemas.
Creación de redes de coordinación y generación de investigación con instituciones académicas u otras con fines similares de carácter multidisciplinar y transversal de ámbito local, nacional o internacional aprovechando las nuevas tecnologías.
Buscar en la comunidad europea apoyo económico dentro de los programas de crecimiento demográfico necesario en los pueblos que se están despoblando. Programas europeos de apoyo a los refugiados y los emigrantes.
El apoyo de fundaciones privadas que colaboren en cualquiera de las fases de desarrollo del programa.
Pueblo de Tierra de Campos. Melgar de Abajo
PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO PARA UN PUEBLO PEQUEÑO, BARRIO O DISTRITO COMO PRIMERA EXPERIENCIA
Lo primero conocer el medio y sus recursos. Su historia y evolución. Elaborar proyectos a corto, medio y largo plazo. Estudios previos y paralelos de investigación, con el apoyo económico de las instituciones y del personal de la universidad, alumnos y profesores a través de becas u otro tipo de colaboraciones temporales, campos de trabajo, etc.
Plan de trabajo y etapas
− Estudio demográfico de la localidad. Pasado, presente y futuro.
− Estudio de recursos económicos (agricultura, artesanía, recursos naturales (rio, pantano, etc.) patrimonio, recursos culturales, etc. Su explotación con nuevas técnicas y medios. La especialización. La gestión comunal de los recursos. La investigación.
− Las cooperativas como solución para la gestión de los recursos económicos, en todas sus fases. Por ejemplo en pueblos con recursos forestales o cultivos energéticos, gestionar todo el proceso desde el monte o cultivo a la fabricación del producto (peles, astillas, etc.) y su distribución y comercialización. Estos proyectos generarían recursos económicos y puestos de trabajo.
− Posibles ofertas de trabajo: Asistencial compartido. Construcción para la rehabilitación o adecuación de lo existente. Explotación de los recursos de la zona, agricultura, huerta, madera, caza, pesca, palomares, artesanía, gastronomía, fuentes energéticas (forestal, cultivos energéticos, sol, viento, etc.).
− Asentamiento de población joven, inmigrantes y refugiados. − Recuperar los trabajos artesanos. Documentarlos y ponerlos en práctica.
Posibles equipos de trabajo
− Ayuntamiento.
− Los vecinos del pueblo.
− Fundaciones sin ánimo de lucro
− Asociaciones de todo tipo en torno a temas diversos.
− Profesionales arquitectos, sociólogos, médicos, asistentes sociales, etc.
− Donaciones y colaboraciones de particulares.
No cabe duda de que estamos en un momento de cambios importantes. Uno de ellos será el redescubrir la calidad de vida en los pueblos pequeños que nos permitirá otro tipo de vida con un contacto más directo con la naturaleza.
El pueblo permitirá, frente a la ciudad, otro tipo de vida, otro ritmo, otros trabajos de todo tipo vinculados a la agricultura, a la artesanía, al ocio con recurso económico para el pueblo por quienes lo visitan con estancias de todo tipo de duraciones; trabajos de investigación; asentamiento para talleres de artistas (pintores, escultores, etc.). Todo tipo de trabajos que encuentran en la escala del pueblo el tamaño y el ambiente para un trabajo creativo, de investigación, de retiro, tranquilidad, silencio, etc. La gran ciudad siempre la tendremos para visitarla y disfrutar de sus ofertas culturales.
Sin profundizar mucho se puede ver que este tipo de asentamientos en pequeños pueblos es de gran interés como alternativa a las ciudades. Es, cuando menos, atractivo y una alternativa de vida, para gente joven y jubilados. Para cierto tipo de trabajos y perfil de edad es casi perfecto. La mejor calidad de vida está asegurada. Volver a la naturaleza o descubrirla es una gran aventura de vida. Este potencial que tienen y van a tener estos pueblos es lo que se tiene que aprovechar y poner en marcha. Cada vez se verá como la alternativa con más demanda y futuro.
Resumen
− Replantearse desde cero las residencias actuales. Es un modelo que no funciona sean públicas o privadas. No al aislamiento, a la reclusión, a la descontextualización, al olvido.
− Las residencias estarán pensadas para personas dependientes, y más cerca de una asistencia sanitaria, con personal cualificado para estos servicios. Mancomunar este servicio.
− Máximas exigencias para las residencias privadas, de recursos humanos, medios materiales, programas de actividades y funcionamiento. Control estatal.
− No a la privatización de las residencias públicas. Otras alternativas de gestión.
− Nuevas alternativas al problema de la gente mayor con pocos recursos económicos. Alternativas de funcionamiento comunal, para pueblos pequeños, barrios o distritos en los pueblos más grandes o ciudades. La residencia entendida en un marco espacial y arquitectónico más amplio. A toda la localidad, todo el barrio o distrito se puede extender el espacio residencial. Poner en valor los recursos de las casas y viviendas infrautilizadas. Explotar los recursos abandonados con investigación y nuevas tecnologías y la gestión por cooperativas integradas por personas unidas por los mismos problemas. Una puerta abierta al mestizaje.
EN ESTOS PROYECTOS NO OLVIDEMOS QUE EL RECORRIDO ES PARTE DEL OBJETIVO, Y LA SATISFACCIÓN.
Roberto Valle es arquitecto y forma parte de los colectivos
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