Categoría: Exclusión Social

Informe de actividad 2020 • Grupo contra la exclusión

Es obligado empezar a hablar del año 2020 como de un año atípico, también para la actividad del Grupo contra la Exclusión de Acción en Red Madrid. La pandemia originada por el covid-19 ha atravesado nuestra realidad, tanto como a nuestros voluntarios y ha afectado especialmente a las personas sin hogar que pernoctan en las calles de Madrid.

Se puede afirmar que la realidad de las personas sin hogar fue una antes de la declaración del estado de alarma, cambió radicalmente durante el mismo, y es otra completamente distinta después. Al margen de los ajustes necesarios para garantizar la protección de estas personas (que se han dado con esfuerzos muy desiguales), tanto instituciones como fuerzas de seguridad han movido los engranajes de la realidad de este colectivo amparados por una situación urgente y paralizante como ha sido el confinamiento de la población y las medidas de seguridad implantadas para evitar la propagación del covid.

El grupo contra la exclusión social de Acción en Red Madrid no ha dejado de hacer su trabajo de manera regular, aunque contando con dificultades añadidas. Durante todo el año, meses de confinamiento incluidos, no hemos dejado de estar pendientes de las necesidades de las personas en situación de sin hogar, hemos estado en constante comunicación con las instituciones pertinentes en la ciudad de Madrid y colaborado con la red de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento.

Actividades de acompañamiento a población sin hogar

Durante el año, exceptuando los meses de marzo, abril y mayo (aparte de agosto, mes que habitualmente no tiene rutas programadas) se han realizado un total de 23 rutas contra la exclusión ordinarias, en las que han participado 7 coordinadores y 18 voluntarios en total. En estas rutas hemos realizado 477 atenciones (412 a hombres / 65 a mujeres) y estimamos que se han atendido a unas 111 personas distintas (95 hombres / 16 mujeres).

En el marco del proyecto de ocio inclusivo RE|CREA, que se desarrolla junto con otras dos asociaciones afines, involucradas en el trabajo con personas sin hogar: Solidarios para el Desarrollo y Realidades se han organizado 5 actividades (dos musicales, una visita cultural, una obra de teatro y la participación en un carnaval callejero). En ellas han participado un total de 31 personas (17 mujeres/14 hombres).

Durante los meses que transcurrieron en estado de alarma, se cancelaron las rutas por precaución ante la situación, pero en ningún momento dejamos de estar pendientes de las necesidades de las personas que viven en estricta situación de calle, algunas de ellas derivadas a centros como los pabellones Ifema y Samaranch, o alojadas de emergencia en recursos de la red. En colaboración con Samur Social dimos comienzo a un programa de llamadas a mujeres alojadas en recursos. Gracias a la gestión de Acción en Red Madrid, se canalizó una donación de 36 terminales de teléfonos móviles con saldo ilimitado durante esos meses, que permitieron comunicarse a las personas que se han encontrado más aisladas y en situación de mayor vulnerabilidad. Por parte de nuestra organización, un total de 9 voluntarias tuvieron contacto regular con 10 mujeres que solicitaron este acompañamiento telefónico a través de los recursos donde se encontraban alojadas.

Cómo afecta la pandemia y el estado de alarma en el día a día de las personas que viven en estricta situación de calle

Y es que la situación de las personas sin hogar durante el estado de alarma es algo sobre lo que queremos incidir de manera reflexiva y crítica para el conjunto de la sociedad. Si bien es cierto que el Ayuntamiento reaccionó con celeridad ante la situación de las personas que no podían de ninguna manera permanecer en sus casas, por carecer de ellas, y dispuso 830 plazas en un tiempo récord (parte de ellas fueron las plazas de Campaña de frío), a las que añadió 150 más en abril con la apertura del pabellón Samaranch, estas plazas no fueron suficientes. Y además, consideramos que no fueron adecuadas. Así lo advertimos en dos manifiestos que elaboramos durante el mes de marzo junto con otras entidades: Manifiesto por las personas sin hogar ante la crisis del coronavirus y Medidas para la protección de las personas sin hogar debido a la propagación del coronavirus.

No fueron suficientes porque no llegaron a todos. Las personas que no obtuvieron plaza por motivos diferentes (o la rechazaron por las condiciones de las plazas) se quedaron en calle, expuestos a la climatología, con las fuentes de agua potable cortadas, los aseos y baños públicos cerrados, sin reparto de mascarillas aunque luego se les requiriera su uso en los espacios públicos o abiertos, y los recursos específicos (comedores, centros de día) funcionando bajo mínimos (dando picnics en lugar de comida caliente, no permitiendo estancias en los interiores, restringiendo algunos de sus servicios, etc). Todo ello, además de no disponer de la ayuda de la restauración y otros pequeños comercios que les ayudan durante el año a subsistir de muy diversas maneras.

No fueron suficientes porque fueron inadecuados. Se alojó a personas con diferentes perfiles, situaciones y necesidades en pabellones de 150 plazas, sin un espacio personal propio, sin intimidad, compartiendo baños y espacios de inactividad (ya que el ocio se vio muy restringido por la falta de experiencia en encontrar espacios y actividades de ocio seguros), con severas limitaciones de movimiento y sin absolutamente nada que hacer durante 2 meses y medio en un pabellón de IFEMA y 4 meses en el pabellón de Samaranch. Ni las medidas de higiene ni la comida fueron adecuadas a ojos de los usuarios que ocuparon esas plazas. Desde nuestra labor de acompañamiento telefónico supimos que las usuarias del Centro Abierto Geranios comieron únicamente bocadillos a diario durante toda la duración del estado de alarma.

A mediados de abril las fuerzas de seguridad llevaron a cabo dos grandes desalojos en dos puntos clave la ciudad, sin activar el protocolo pertinente en estos casos y contactar a Samur Social, lo que supone una clara violación de sus derechos, y de los protocolos legalmente establecidos, amparados en la situación excepcional de confinamiento: Aeropuerto de Barajas, de donde se desalojaron 80 personas; y Plaza Mayor, lugar habitual de pernocta de muchas de las personas que duermen en la zona centro. A estas personas no se les ofrecen soluciones específicas, sino que se las remite a los recursos existentes, ya colapsados.

Cabe por tanto una reflexión al respecto de los órdenes de prioridades de las Administraciones involucradas, y los medios disponibles de manera realista precisamente en situaciones excepcionales, que sin embargo nadie parece considerar necesarios para dar cobertura a las más básicas condiciones de habitabilidad, dignidad o seguridad, o no se ha considerado sistémicamente que las personas sin hogar sean dignas, o merecedoras de este tipo de soluciones, incluso más allá de las decisiones de emergencia más perentorias, inerciales y urgentes.

Nuestra actividad tras el estado de alarma

Una vez se retomaron las rutas contra la exclusión (mes de junio), además de observar que había habido una gran movilidad de la población que duerme en calle, y un desplazamiento radial desde el centro de la ciudad debido a la presión policial mencionada; pudimos comprobar a través de los testimonios de las propias personas afectadas y de nuestra observación directa, que algunos miembros no identificados de las fuerzas de seguridad hostigaban a personas que viven en calle y les “invitaban” a moverse de los lugares donde se encontraban. Esta situación se dio de forma repetida desde el fin del estado de alarma. Con el fin de aclarar qué cuerpo estaba interviniendo y de donde procedían las órdenes solicitamos explicaciones a Policía Municipal de Madrid a través de la Unidad de Gestión de la Diversidad y a Policía Nacional a través de la Delegación de Participación Ciudadana de la comisaría de Distrito Centro. Ambos cuerpos negaron su intervención en estas prácticas.

Para comprobar si a pesar de los recursos adicionales puestos por el Ayuntamiento seguía habiendo gente durmiendo en calle, y también para poder valorar cual había sido el impacto del confinamiento (y la consiguiente merma de recursos en la zona centro), y de las actuaciones policiales en la población sin hogar, en el mes de junio y en colaboración con Solidarios para el Desarrollo organizamos por propia iniciativa un recuento de personas sin hogar. Movilizamos a 56 voluntarios y personas cercanas a ambas organizaciones y durante dos fines de semana consecutivos hicimos un recuento metódico (dentro de las limitaciones que suponen hacer un recuento tan ambicioso con muy pocos voluntarios) y geolocalizamos a un total de 427 personas dentro del anillo de la M40. Las principales conclusiones de este recuento, que se volcaron en un informe compartido con Samur Social y con la Dirección General de servicios sociales y emergencia social (geolocalizaciones incluidas) fueron dos: Seguía habiendo gente durmiendo en calle tras disponer de todas las plazas extra por parte del Ayuntamiento; y muchas de estas personas se habían movido del centro hacia los barrios más periféricos. Estas conclusiones se presentaron en una rueda de prensa gracias a la que obtuvimos una cobertura mediática razonablemente amplia (un total de 36 publicaciones de diversa profundidad en diferentes medios, incluidos cortes en televisión de rtve y Telemadrid).

Una vez retomada nuestra actividad habitual, decidimos hacer una ruta extraordinaria sólo en la zona centro, cubriendo una zona mayor de la habitual, para observar donde duermen las personas que fueron desalojadas de Plaza Mayor. En esta ruta establecimos la ubicación de 91 personas y nos sirvió para valorar dónde centrar nuestros esfuerzos en las rutas. A partir de las rutas de junio, además de nuestro ofrecimiento habitual (un café, unas galletas, ofrecidos como herramienta de acercamiento y no como fin en sí mismos) comenzamos a ofrecer mascarillas FFP2 e higiénicas (parte facilitadas por personal del hospital de Ifema tras su desmantelamiento; parte compradas con fondos propios).

Presencia institucional y formación a voluntariado

Además de la labor de calle, el colectivo contra la exclusión de Acción en Red Madrid tiene una fuerte presencia institucional en el Ayuntamiento y acciones formativas con el voluntariado.

Con respecto a la presencia institucional, además de la constante comunicación con responsables del Samur Social, recursos de alojamiento y otras entidades con el fin de gestionar todas las acciones mencionadas, asistimos a los plenarios convocados del Foro Técnico Local de personas sin hogar de Madrid en los que se trataron temas principalmente relacionados con la gestión de la crisis dentro de la Red. Dentro de nuestra participación, exponemos una crítica a la actuación del desalojo de las personas sin hogar en la Plaza Mayor y las situaciones de posible hostigamiento de las que tenemos conocimiento. Solicitamos que se pida una explicación a los responsables y manifestamos nuestra preocupación al respecto.

En cuanto a nuestras actividades formativas, obligadas dentro de nuestra estructura, y parte fundamental de nuestro abordaje de la preparación de las personas voluntarias, así como un habitual modo de acercamiento a la labor desde muy diversos ámbitos de distintos profesionales y académicos expertos en exclusión social y sinhogarismo, este año hemos realizado 9 formaciones ordinarias de voluntarios. Algunas de ellas con personas invitadas al cargo de la formación, y 3 charlas extraordinarias abiertas al resto de la organización: La presentación del documental Malandanza, con José Francisco Rodríguez; la sesión Emprendimiento social para la solución de problemáticas sociales: Experiencias de voluntariado con personas sin hogar que nos trajo la amplia experiencia en Latinoamérica de Jennyfer Quintero Beltrán, y por último, la formación específica Mujeres Invisibles: mirada y acción frente a las violencias y la exclusión, a cargo de Carmen Belchí y Ania Pérez de la asociación Aires, con una enriquecedora experiencia de intervención y trabajo social con mujeres en situación de calle y otras formas de exclusión.

Asimismo, hemos contado con el apoyo incondicional de nuestros voluntarios, un total de 17 personas además de los 7 miembros del grupo motor del colectivo, que han estado en todas las formaciones, han salido en las rutas y han participado tanto en las actividades de ocio como en las llamadas de acompañamiento telefónico.

Con todo esto, pese a las circunstancias globales y locales derivadas de la pandemia Covid19, que pobló y ocupó casi todo el 2020 y que nos invitó a empezar el 2021 con ánimos renovados y atención a diversos frentes, podemos decir que hemos mantenido un pulso creciente de nuestra actividad, seguimiento y posición crítica aunque colaborativa en relación a las problemáticas pasadas, presentes y tememos que futuras de las personas sin hogar. Intentamos con todos estos procesos, labores, aprendizajes y en definitiva vocación de acción para la transformación social, permanecer cerca del conocimiento de los problemas para identificar las posibles e imaginar las aún imposibles soluciones a muchos de ellos. En el camino, vamos desarrollando nuestro conocimiento compartido, las sinergias con otros colectivos, asociaciones, personas y modos de ver y tratar estos asuntos para el progreso continuo de la sociedad en su conjunto y en lo específico de las personas sin hogar en la ciudad de Madrid. Del mismo modo, 2021 se nos presentó ya lleno de escenarios, horizontes o campos de trabajo para defender y lograr mejoras visibles, reales y necesarias de las condiciones de estas personas y los sistemas de atención, así como, en definitiva, el objetivo último que deben tener todos ellos, y las asociaciones involucradas, que es el fin del sinhogarismo como fenómeno social endémico, y agravado si cabe por este tipo de crisis.

El futuro de las pensiones, el Pacto de Toledo y el modelo neoliberal

Fernando Cerezal.

1. Antecedentes y modelo neoliberal

La reforma de las pensiones se viene discutiendo desde hace décadas por parte de organismos internacionales y financieros (FMI, Banco Mundial, Deutsche Bank, BBVA…), por la UE en el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento de la UE (1997) y el Pacto de Lisboa (2007), en el que se plantea como objetivo “remover los obstáculos a la movilidad de los trabajadores que puedan derivar de los sistemas de pensiones”. La UE, incluso, aprobó el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas (PePP) en 2019. Todos ellos buscando el recorte del gasto social, así como la recapitalización de las entidades financieras a través del acceso a unos 140.000 millones de euros en España y unos 2,1 billones anuales en la UE de los sistemas de pensiones. Las reformas del Sistema Público de Pensiones (SPP) de 2011 (Zapatero) y 2013 (Rajoy) siguieron ese enfoque neoliberal. El Gobierno de Sánchez ya envió a Bruselas en 2019 una propuesta de “mochila austriaca” (posteriormente relegada). Los organismos internacionales y españoles han venido pronosticando la quiebra del SPP desde hace años. La OMC seguía afirmando en 2015, refiriéndose a nuestro país, que era necesario: “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”ⁱ.

Las reformas laborales y de pensiones del PSOE y PP (2010–2013) se han enmarcado en esos enfoques neoliberales de reducir el gasto social y la recapitalización financiera. Esta valoración de la reforma de 2011 señala claramente ese enfoque liberal; reforma que el Pacto de Toledo (PT) no propone derogar y del que incluso se recogen algunas de las medidas:

“En conclusión, es una reforma regresiva, injusta socialmente y no justificada económicamente, que recorta las pensiones futuras, respecto de los derechos actuales, en una media del 20%. La consecuencia es la reducción de la intensidad protectora y la segmentación de la protección social con una privatización parcial. No hay una rectificación de la política socio–económica, laboral y fiscal. Persiste el alto paro y nuevas brechas sociales, con incremento de la desprotección pública, y una perspectiva de empobrecimiento de las personas mayores. No disminuye significativamente el carácter regresivo de la reforma, y se avala el retroceso sustantivo decidido por el Gobierno (…) El resultado, con menor cohesión social, es una protección social menos intensa para la mayoría de la sociedad (…) junto con el desarrollo de fondos privados de pensiones como salida parcial para las capas acomodadas”.ⁱⁱ

Esos organismos internacionales y españoles temen una reacción popular, por lo que consideran que se debe “asegurar que estas reformas no se enfrenten a una resistencia política y social (…) es probable que sean necesarias otras medidas políticas de acompañamiento (…) Las reformas deben prepararse e implementarse cuidadosamente, esforzándose por lograr una amplia aceptación política y social”ⁱⁱⁱ. Por ello esbozan ideas de la inevitabilidad de los recortes e incluso generan ideas de enfrentamiento intergeneracional de que el movimiento pensionista (MP) sólo lucha por sus intereses, cuando la cuestión es la situación de las y los trabajadores, con menores aportaciones a la Seguridad Social (SS) y en definitiva peores pensiones futuras. Tal como ocurrió en 2011 y 2013, las reformas supusieron un alejamiento de las bases sindicales y de las y los pensionistas hacia el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Aspecto que deberían considerar actualmente la dirección de los sindicatos mayoritarios y el Gobierno de coalición ante la reforma que se avecina.

En ese contexto sociopolítico comenzó su andadura organizada el MP, alcanzando un enorme avance con las marchas de 2019, así como con las amplias manifestaciones de los “lunes al sol” en todo el país. El MP ha estado fundamentalmente organizado en torno a la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Luchas que pusieron en cuestión las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 y que, en la actualidad, han evidenciado la indefinición y las insuficiencias de las recomendaciones del PT que acaban de ser aprobadas en el Parlamento (19–11–2020), cuya mayoría las votó, después de haber rechazado enmiendas parciales, con la abstención de ERC, BILDU, BNG y la negativa de Vox y CUP por diversas razones.

2. Aspectos de las recomendaciones del Pacto de Toledo 2020

Hay que comenzar diciendo que el informe del PT tiene una cierta retórica y ampulosidad y se plantea una especie de sociedad corporativa y solidaria orgánica de clases: “el esfuerzo combinado que en cada jornada laboral desarrollan los trabajadores y los empresarios es lo que posibilita el funcionamiento de España… Nuestra Seguridad Social, cuya acción protectora sirve para dar cobertura a las coyunturas adversas que inevitablemente va a acompañar siempre el devenir de la humanidad…”.^iv O cuando afirma con tono moralista que “nos alejaremos de aquellos antiguos modelos de sociedad tacaños que como justo castigo a su avaricia padecían a la vez todas las mezquinas preocupaciones del rico y todas las miserias y penalidades del pobre”^v.

Veamos en concreto los avances, ambigüedades e insuficiencias en algunas de las 22 recomendaciones del PT aprobadas por el Congreso y que deberán ser convertidas en medidas legislativas. El PT es, por tanto, un marco de orientaciones para esa futura legislación, por lo que no son baladíes y se merecen una valoración crítica, que fortalezca las acciones del MP durante el proceso legislativo próximo. Si bien es cierto que las recomendaciones no afectan en general a los actuales pensionistas por el momento, sí afectan al conjunto de las y los trabajadores, a las pensiones futuras y, por extensión, acabarán afectando también a las actuales.

A. Se reconoce la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Es importante que el PT reconozca la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones (SPP), después de haberse puesto en cuestión en muchos foros, incluido el PSOE y por supuesto la derecha. Las movilizaciones del MP y los análisis de expertos han dejado clara la sostenibilidad del SPP, aunque el PT no plantea la necesaria devolución del capital detraído de la Caja de las Pensiones (un saqueo de la “hucha de las pensiones”) que durante decenios se ha dedicado a diversos gastos impropios: bonificaciones a empresas por contratación, pensiones no contributivas^vi, complementos a mínimos, préstamos no reembolsables a CC. Autónomas, al rescate bancario y actualmente al Ingreso Mínimo Vital. Por el contrario, el Gobierno de turno ha realizado préstamos a la Caja de Pensiones para cubrir el déficit^vii, préstamos que la SS podría devolver –sugiere el PT, recomendación 5– con el patrimonio en las CC. Autónomas, obviando que ese es un patrimonio de las y los trabajadores.

De hecho, el propio Tribunal de Cuentas acaba de reconocer la deuda del Estado a la Caja de Pensiones de 103.000 millones de euros, aunque algunos autores calculan la deuda histórica en torno a 500.000 millones de euros detraídos a la Caja en los últimos decenios. Es decir, se reconoce la sostenibilidad, pero se sigue sin recuperar la Caja de las Pensiones e, incluso, se juega con el patrimonio de la SS al proponer donarlo a cambio de unos préstamos irregulares.

Este reconocimiento de la sostenibilidad del SPP se ha debido en gran parte a la movilización del movimiento pensionista y a los análisis de expertos. Por ello COESPE está reivindicando una auditoría de las cuentas de la Caja de Pensiones^viii, la recuperación del fondo de la Caja de Pensiones y la negativa a ceder el patrimonio de la SS, propiedad histórica de las y los trabajadores, así como la aplicación de la Ley General de la SS y su artículo 109.2, que ha sido incumplida, al no haberse aplicado la obligación del Estado de hacer las aportaciones necesarias para cubrir las carencias de las cotizaciones en la financiación de las pensiones contributivas.

B. Acerca de los índices de revalorización (Recomendación 2). El Pacto recomienda la revalorización de las pensiones acorde al IPC. En la tercera versión de las recomendaciones, no obstante, introduce la posibilidad de posibles cambios con otros indicadores (de acuerdo con lo que ya se planteaba en la reforma de 2011): “resulta conveniente estudiar (…) la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización basados, entre otros, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la SS, siendo recomendable que se tengan en cuenta los efectos que dichos índices han tenido sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones en los países de nuestro entorno”.^ix El Gobierno, en consonancia, introduce un aumento a pensionistas y funcionarios de un 0,9% y las pensiones no contributivas en un mísero 1,8% en 2021^x.

Las Recomendaciones 13 y 17 sugieren el aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas, no contributivas, de orfandad y por discapacidad, todas con muy bajas pensiones^xi, así como atajar la brecha de género en las pensiones de viudedad. No hay, sin embargo, propuestas concretas para resolver esa grave situación. La AIREF y el Banco de España proponen, en lugar de una mayor revalorización, que las pensiones de viudedad salgan del SPP y pasen a la beneficencia, desconsiderando la relación de las y los viudos con el cónyuge trabajador (cuidados, hijos, maternidad…).

COESPE propone la revalorización automática por IPC y consolidada por ley, alcanzar el salario mínimo para todas las pensiones e ir hacia el 60% del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea (1.084 €)^xii.

C. Edad de jubilación y factor de sostenibilidad (Recomendación 5). El Pacto de Toledo mantiene la edad de jubilación y la base reguladora de las pensiones de la reforma de 2011, que ya se vienen aplicando progresivamente y que el PT no recomienda derogar:

–la jubilación ordinaria a los 67 años, con el período de cotización aumentado de 35 a 37 años;

–la base reguladora de la pensión eleva el cálculo de 15 a 25 años cotizados (con posibilidad de escoger los mejores meses); el ministro Escrivá está defendiendo la extensión a los 35 años;

–recortes a las jubilaciones anticipadas, aunque ya tengan los 37 años cotizados y promoción del alargamiento de la edad de jubilación

La ampliación de la edad de jubilación y la base reguladora entra en contradicción con la situación laboral de precariedad y subempleo que reducen las cotizaciones, ante lo que el PT no entra a valorar ni proponer mejoras en las cuestiones laborales. Si bien el Gobierno de coalición considera una línea roja el factor de sostenibilidad, no parece que se haya considerado su eliminación. “El Factor de Sostenibilidad pretende ajustar la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida, en la medida en que los pensionistas percibirán su prestación durante un período más prolongado”^xiii. En base a la longevidad (un éxito social), los trabajadores van perdiendo su poder adquisitivo desde el primer día de la jubilación.

COESPE rechaza las reformas de pensiones de 2011 y 2013 y defiende:

–la jubilación ordinaria a los 65 años con el 100% y 35 años cotizados;

–jubilación anticipada sin penalizar antes de los 65 años con 40 años cotizados;

–la abolición del factor de sostenibilidad.

COESPE, conocedores de las condiciones sociales y laborales, defiende los derechos de las y los trabajadores activos. En este sentido, no puede decirse que el movimiento sólo defienda sus intereses, sea victimista y no tenga carácter intergeneracional y solidario.

D. Recomendación 16 de planes privados de empresa o “mochila austriaca”

Esta cuestión es quizás la de mayor calado estratégico en las propuestas del PT, junto a la modificación de la ley de la SS, pues introduce cambios importantes orientados a debilitar la situación de los trabajadores respecto a las indemnizaciones por despido y a facilitar la privatización de las pensiones.^xiv

La “mochila austriaca” se basa en la experiencia desarrollada en Austria (a partir de 2003) en la que a cada trabajador se le detrae del salario una cantidad mensual (en torno al 1,5%) que se acumula en su “mochila” para que en caso de despido sirva como parte de la indemnización, se la lleva si cesa en la empresa, decide utilizarla como subsidio de desempleo o mantenerla para su jubilación.

El Gobierno Zapatero, en la reforma laboral de 2010 ya planteaba “un proyecto de Ley por el que, sin incremento de las cotizaciones empresariales [cursiva mía], se regule la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, mantenido a lo largo de su vida laboral, por una cantidad equivalente a un número de días de salario por año de servicio a determinar (…) Las indemnizaciones a abonar por el empresario en caso de despido se reducirán en un número de días por año de servicio equivalente al que se determine para la constitución del Fondo” (Real Decreto Ley 10/2010)^xv. Es decir, “mochila austriaca” con los objetivos de reducir las indemnizaciones por despido, favorecer la movilidad de los trabajadores, reducir las pensiones futuras y recapitalizar los sistemas financieros.

Este modelo, con el eufemístico nombre de Fondo de Capitalización, ha sido defendido ampliamente –como no podía ser menos– por la patronal y las financieras, que ya lanzan propuestas concretas de esa “mochila”. Entre estas, la reducción de las aportaciones de la empresa a la SS y, por supuesto, las indemnizaciones por despido.

Las consecuencias para el SPP serían claramente negativas pues significarían una reducción de las cuotas a la SS y la segmentación entre trabajadores activos y de estos con los pensionistas. Para las y los trabajadores supone la reducción de las indemnizaciones por despido, una mayor facilidad de despido y un dudoso complemento para la futura jubilación. El MP y especialmente COESPE se oponen a esta “mochila austriaca que afecta muy especialmente a las y los trabajadores actuales en activo.

Algunas conclusiones

COESPE critica las recomendaciones del PT por su ambigüedad e insuficiencia, por no recomendar la derogación de la reforma de pensiones de 2011, lo que posibilita el recorte de las pensiones futuras sin garantizar de forma nítida las actuales, y defiende un programa reivindicativo en el que incorpora la derogación de la reformas laborales de 2010 y 2012 y las leyes de pensiones de la SS de 2011 y 2013, la revalorización según IPC por ley, la eliminación del factor de sostenibilidad, la denuncia de la brecha de género, la subida de la pensión mínima, y critica especialmente los fondos privados de pensiones y de empresa o “mochila austriaca”. Por ello son incomprensibles algunas opiniones de insolidaridad intergeneracional del MP y especialmente de COESPE.

COESPE y el MP continuarán exigiendo esas demandas y denunciando las eventuales agresiones a trabajadores y pensionistas a lo largo del desarrollo legislativo que se avecina, con la esperanza de que los sindicatos y la izquierda las defiendan y se frenen los intentos neoliberales.

Fernando Cerezal, Miembro de la Plataforma

por la Defensa de las Pensiones Aluche–Latina, Madrid

11 enero 2021

Agradecimientos por sus aportaciones a Antonio Antón (UAM), Damián Rodríguez (representante de COORPEN–Madrid en COESPE) y Raúl Garay (coord. Plataforma de por la Defensa de Pensiones Aluche–Latina, Madrid)

i Cit. Luque Guerrero, E. y Franquesa Artés, R. 2020. “El Pacto de Toledo. El sistema público de pensiones en venta”. El Viejo Topo, 3 de diciembre. En https://www.elviejotopo.com/topoexpress/sistema-publico-de-pensiones-en-venta.

ii Antón, A. 2020. “Las reformas de las pensiones (2011 y 2013)”. Rebelión. https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/11/Las-reformas-de-las-pensiones-REB.pdf

iii Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

iv Ibid.

v Cit. Franquesa, R. 2020. “Pacto de Toledo. ¿Avance o más de lo mismo?”. COESPE, 30 octubre, en https://www.youtube.com/watch?v=eHVWSXeeeYo

vi Se viene recomendando la inclusión de las pensiones no contributivas en los Presupuestos Generales del Estado desde 1995, 2003 y 2011.

vii Préstamos que incumplen el Artº 109, p. 2 de la Ley de la Seguridad Social, por el que el Estado debe compensar el déficit del SPP (deuda ficticia)con cargo a los presupuestos generales.

viii Véase Fernández, J.M. 2000. “Los gastos impropios de la Seguridad Social: la necesidad de una auditoría”. Nueva Tribuna, 21 de diciembre.

ix Cit. Luque y Franquesa, op. cit.

x Las pensiones no contributivas reciben en 2020 5.538,40 € al año, más un complemento de vivienda de 525 €.

xi En 2020 las pensiones de viudedad van desde los 7.249 € a menores de 60 años a 11.060 € con cargas familiares. En 2018 había 2.377.952 personas con complementos a mínimos de sus pensiones para compensar los bajos ingresos.

xii Por sexos, la pensión media de los hombres en noviembre de 2020 fue de 1.236,01 euros; en el caso de las mujeres, ascendió a la cifra de 814,82 euros, lo que muestra una significativa brecha de género. https://www.epdata.es/datos/pensiones-graficos-datos/20/espana/106

xiii Cit. Luque y Franquesa.

xiv Véase para este aspecto Miren Etxezarreta y José Iglesias. 2020. La mochila austriaca. Qué supone el modelo de pensiones e indemnizaciones de la derecha europea. Madrid: Icaria.

xv Cit. Etxezarreta, pág. 17.